El jubilado detenido por las cartas pirotécnicas manipuló un dron para que soltara artefactos | España

La Policía Nacional ha encontrado en la casa de Pompeyo González Pascual, el jubilado detenido este miércoles en Miranda de Ebro (Burgos) como presunto autor del envío de las seis cartas con material pirotécnico que recibieron entre noviembre y diciembre, entre otros, el presidente Pedro Sánchez y las embajadas en Madrid de Ucrania y EE UU, un vehículo aéreo no tripulado, popularmente conocido como dron, manipulado para que pudiera transportar cajas con artefactos similares a las que metió en aquellos sobres y soltarlas por control remoto, según detallan fuentes cercanas a la investigación.

La documentación recogida apunta a que este exfuncionario de 74 años estaba ideando artefactos con mayor potencia deflagrante (que provocan llama) que los que había remitido y que, solo en una ocasión, había llegado a activarse causando heridas leves a un trabajador de la legación diplomática de Kiev en España, añaden estas fuentes. El resto de envíos fueron neutralizados por las Fuerzas de Seguridad antes de que se funcionaran.

En el acta del registro de su vivienda en Miranda de Ebro se recoge como indicio “C-23″ un dron Dji Mavic 2, un modelo ya descatalogado de algo menos de un kilo de peso pensado para grabar imágenes desde el aire y con capacidad para volar durante media hora. Aficionado al aeromodelismo, el detenido tenía páginas en la red Youtube en las que mostraba algunos de los vídeos que supuestamente grababa en Miranda de Ebro con este dispositivo. De hecho, la policía encontró en el dron una tarjeta de memoria de 64 gigas utilizada supuestamente para registrar las imágenes.

Sin embargo, lo que más alarmó a los agentes fue el hallazgo, en la misma estancia del piso, de un “conjunto de dispositivos electrónicos de color gris” supuestamente ideado para “la suelta de carga de[sde] dron”, según recoge el documento judicial, donde aparece referencia como indicio “C-14″. Según las fuentes consultadas, este ingenio, supuestamente de fabricación casera, permitía transportar objetos de un tamaño similar a las cajas de madera que elaboró González Pascual para que contuvieran los artefactos que envió por correo postal, y que los soltara por control remoto.

Entre el material intervenido también se localizaron imanes, tubos metálicos de diferentes diámetros y longitudes, muelles, tornillería, trozos de madera, cables y virutas de acero, así como diferentes herramientas, como taladros, una sierra y un cortatubos. La intervención de este material era uno de los objetivos del registro, como reflejaba el autor del juez que autorizó la entrada en la vivienda y que expresamente pedía buscar “todos aquellos efectos, instrumentos y objetos de ferretería relacionados con el delito investigado, tales como armas, precursores, sustancias explosivas…” tras constatar los investigadores que los artefactos eran de fabricación casera.

Las pesquisas también revelaron que González Pascual ―al que se le considera un radical favorable a Rusia en la guerra de Ucrania― había adquirido, entre junio y julio pasados, a través de Amazon “un kilo de nitrato potásico puro, cable con mecha, interruptores, filamentos de cobre y bombillas incandescentes”, todo ellos elementos potencialmente utilizables para elaborar artefactos explosivos. El acta judicial no refleja que durante el registro de la vivienda, el trastero y el coche del detenido se localizara nada de ello, aunque sí algunas sustancias que los expertos policiales deben analizar para concretar su composición.

Lo que sí localizaron los agentes fue documentación en papel, una cámara de vídeo, un teléfono móvil, un ordenador portátil, seis tarjetas de memoria y otros tantos pendrive (pequeños dispositivos informáticos de memoria). Los agentes analizan ahora todo ello en busca de más indicios contra González Pascual, que, cuando fue arrestado el miércoles aún aseguraba a los agentes que se habían “equivocado” al detenerle, según destaca el documento judicial. Aún no sabía la larga lista de indicios que en los últimos meses habían recabado contra él los expertos antiterroristas de la Policía Nacional.