Por tercera vez en menos de un año, la justicia ha aplazado el inicio de la etapa intermedia del proceso judicial contra Emilio Lozoya, por la compra inflada de la planta de fertilizantes Agronitrogenados. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya, exdirector de Pemex, recibió un soborno de 3,4 millones de dólares a cambio de que Pemex comprara la planta con sobreprecio. El caso Agronitrogenados es uno de los dos que enfrenta Lozoya. La FGR le acusa también de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el marco del caso Odebrecht.
En la etapa intermedia del proceso, ahora diferida hasta febrero, acusación y defensa presentan las pruebas de cargo y descargo. Esta fase permite además que unos y otros lleguen a un acuerdo y evitar así el juicio. Es la esperanza de Lozoya y su defensa, que ofrecen en torno a 10 millones de dólares en concepto de reparación del daño, a cambio de que la FGR se desista de ambas acusaciones, la de Agronitrogenados y la de Odebrecht. La agencia investigadora pide para el exfuncionario un total de 61 años de prisión.
Detenido en España en febrero de 2020, Lozoya dirigió Pemex durante buena parte del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018). El fin del mandato de Peña y la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador aceleraron las pesquisas en su contra. Lozoya ilustra los esfuerzos del Gobierno actual contra la corrupción, para lo bueno y para lo malo. El Ejecutivo ve en Lozoya un resumen de las malas prácticas de sus antecesores. Consciente, la FGR ha focalizado sus esfuerzos en los procesos en contra del exfuncionario, sin obtener de momento resultado alguno.
España extraditó a Lozoya a México en julio de 2020. La Fiscalía pensó que el antiguo responsable de Pemex encarnaba la piedra Rosetta de corrupciones pasadas. Si lograban su colaboración, los investigadores asumían que entenderían los esquemas de malversación del Ejecutivo anterior y quizá, también, del Gobierno de Felipe Calderón, némesis del obradorismo. Lozoya recibió un trato preferente y, pese a las acusaciones en su contra, vivió el proceso desde casa durante 16 meses.
En ese tiempo, Lozoya declaró en varias ocasiones ante la FGR y acusó a la cúpula del Gobierno de Peña Nieto de estar involucrada en el caso Odebrecht, la gran trama de corrupción a nivel continental, orquestada por la constructora brasileña Odebrecht, dedicada al pago de sobornos para conseguir contratos de obra pública y facilidades legales. Lozoya señaló también a Calderón y así hasta 16 políticos de Gobiernos pasados. Ocurre, sin embargo, que los dichos de Lozoya son de momento eso, dichos, que no ha sustentado con pruebas.
La falta de evidencias provocó el enfado de la FGR y de su titular, Alejandro Gertz, que negoció durante meses la entrega de Lozoya, en conversaciones que EL PAÍS reveló hace unos meses. Lozoya perdió su régimen de privilegios e ingresó en prisión a finales de 2021. Las negociaciones por el caso Odebrecht y por Agronitrogenados han seguido durante este año y pocos meses sin que de momento hayan llegado a buen puerto.
Este martes, antes de la audiencia, el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros, ha insistido en que las partes llegarán a un acuerdo y el proceso no llegará a juicio. “Coincidimos plenamente con que el señor Lozoya Austin debe reparar totalmente el daño, así lo ha manifestado ante el juez, ante la FGR y también ante Pemex”, ha dicho. El letrado ha añadido: “Finalmente, decirle también al señor presidente que esta defensa y el señor Lozoya Austin van a continuar colaborando con la FGR en el marco de los hechos denunciados vinculados a los hechos de corrupción sucedidos en el pasado”.
El mensaje de Ontiveros a López Obrador respondía a las dinámicas que han movido el proceso estos años. Si la FGR y el mismo Lozoya no han llegado a un acuerdo, todavía es en buena parte por la negativa de Palacio Nacional. El Gobierno esperaba que el caso Lozoya fuese el inicio de su gran cruzada contra la corrupción, pero de momento solo hay un exfuncionario de peso en prisión: el exdirector de Pemex.
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