“A la vista de lo avanzada de la investigación, los indicios de criminalidad resultan cada vez menos sólidos”, dice el último auto del juez instructor de la causa por la que se juzga si el actor Luis Lorenzo y a su esposa, Arancha Palomino, por el presunto asesinato de la tía de esta última. Según la investigación de la Guardia Civil, con el fin de beneficiarse de su herencia, el matrimonio habría envenenado a la anciana de 85 años con metales pesados, aunque no pudo especificar como habrían llegado a la sangre. Sin embargo, los informes forenses posteriores y las declaraciones de expertos forenses y científicos se inclinaron por que las altas dosis de cadmio y manganeso que fueron halladas en el cuerpo de Isabel Suárez Arias, fallecida el pasado 28 de junio de 2021 en casa de la pareja, tuvieran su origen en un proceso químico y natural asociado a algunas muertes.
En su auto, el juez justifica que la carga criminal es cada vez más endeble “a la vista sobre todo de las deposiciones de los testigos-peritos que constan en autos, lo que indefectiblemente habrá de trasladarse al informe forense pendiente que determinará si efectivamente se produjo una muerte violenta o no”. La primera autopsia establecía una muerte de etiología “homicida” por “intoxicación aguda con metales pesados”. Pero nuevos análisis forenses explicaron que en algunos cuerpos, cuando se produce un deceso, y de manera natural, ocurre una redistribución de los metales pesados que pasan a la sangre desde el hígado. El hecho de que no se produzca siempre ni en todos los cuerpos se debe a múltiples factores, desde ambientales hasta de hábitos de vida, según señaló una de las forenses que analizó el caso ante el juez. Esa misma tesis —la de que la alta concentración de cadmio puede deberse a una reacción natural del cuerpo y no a un envenenamiento― la expuso también semanas antes, en una entrevista en EL PAÍS, el director del Instituto Nacional de Toxicología, basándose en estudios realizados en Estados Unidos y China. La nueva autopsia permitirá salir de dudas sobre la naturaleza de la muerte.
Entretanto y de momento, las únicas medidas cautelares que mantiene el juez contra los dos investigados son la de la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de territorio nacional, así como mantener intervenido su patrimonio. El juez considera que no existe riesgo de fuga: “Parece evidente que, de haber tenido esa intención, ya lo habrían hecho, pues a nadie se le escapa que en pleno año 2023 en cuestión de dos días cualquiera se puede desplazar al otro extremo del mundo, siempre y cuando se tengan los contactos y los recursos suficientes, lo que no parece el caso, pues de la exhaustiva investigación patrimonial que se ha realizado a los investigados resulta que estos carecen de ingresos regulares, además de que lo que parece ser su patrimonio en metálico está intervenido por este juzgado”, expone y justifica el instructor. Y apostilla: “Por otra parte, cabe destacar que en todo el tiempo transcurrido desde que se adoptó la medida esta se ha venido cumpliendo de forma puntual por ambos investigados”.
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