El Kremlin complica la huida del país a los rusos llamados a filas | Internacional

La Duma Estatal, la Cámara baja rusa, ha aprobado por sorpresa este martes una serie de enmiendas que impiden que los ciudadanos convocados por el Ejército para trasladarse al frente en Ucrania esquiven la llamada a filas. La modificación impide que los convocados puedan abandonar el país una vez les llegue la notificación a su perfil en la administración electrónica rusa, la abran o no. “Todavía no. Y no”, ha respondido el portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, cuando se le ha preguntado si las autoridades se han planteado recientemente una nueva llamada a las armas en su guerra contra Ucrania.

La reforma aprobada de manera apresurada para aplicar esas restricciones eleva el temor a que el Kremlin esté preparando una segunda movilización de ciudadanos para trasladarlos al frente. “Esto (la reforma legal) no tiene nada que ver con la movilización”, ha rechazado este martes Peskov. Ocho días antes de la anterior movilización, el 13 de septiembre del año pasado, el portavoz negó tajantemente que el Kremlin fuera a dar aquel paso. “En este momento, no. No se habla de ello”, recalcó algo más de una semana antes de que Putin firmase el decreto de movilización con un aspecto que se mantuvo en secreto: las cifras de los llamados a filas. Según el Ministerio de Defensa, fueron llamados a los puntos de reclutamiento hasta 300.000 ciudadanos, aunque varios medios independientes rusos aseguraron que fuentes de presidencia elevaban el personal movilizable a alrededor de un millón de personas.

La Duma ha aprobado ahora a toda velocidad esta nueva reforma legal. El proyecto de ley fue presentado antes del mediodía y no eran ni las cuatro de la tarde cuando ya habían sido aprobadas sus tres lecturas por unanimidad aplastante: 394 votos a favor y una abstención. La diputada del Partido Comunista Nina Ostanina denunció que muchos de los diputados no tuvieron tiempo para familiarizarse con el texto legal. “Aprobar una ley completa después de escuchar unas entrevistas por televisión y mirar el texto durante dos horas sentados en esta sala… Ni yo ni mis compañeros recordamos algo así antes”, lamentó la legisladora desde el atril parlamentario.

Uno de los pocos partidos opositores que quedan en pie en Rusia, Yábloko, ha denunciado la aprobación de esta ley. “Ninguno de los diputados de la Duma se opuso (¡cinco partidos de Putin disfrazados!), y solo uno se abstuvo”, escribió uno de sus políticos más conocidos, Borís Vishnevski, en su canal personal de Telegram. Aludía a la fidelidad ciega al presidente de su partido y de sus formaciones satélites, las únicas con representación en la Cámara.

“Pisotean de nuevo los derechos constitucionales en aras de llenar el ejército con nuevos reclutas”, lamentó antes de advertir de que se producirá una fuga masiva de talento y jóvenes. “Los autores de esta ley saben exactamente lo que están haciendo: privar deliberadamente al país de un futuro”, alertó Vishnevski.

Los rumores sobre una nueva movilización no se han apagado desde que supuestamente concluyó la primera a finales de octubre. La falta de avances en el frente y la perspectiva de una guerra larga han alimentado este miedo. Además, el Kremlin nunca promulgó un decreto que cerrase la primera movilización y aseguró que para ello bastaría con la palabra de Putin.

Una notificación electrónica

El presidente del comité de Defensa de la Duma Estatal, el excomandante Andréi Kartapolov, precisó que la reforma afecta no solo a los nuevos reclutas que deben cumplir el servicio militar obligatorio, sino también los reservistas y todo aquel relacionado con el Ejército. En el caso de los civiles movilizados, ha descartado esta opción ahora porque aseguró que no considera otro llamamiento a filas.

La nueva legislación aborda las citaciones en los puntos de reclutamiento, cuyo antiguo vacío legal permitió que muchos rusos esquivasen su llamamiento a combatir en Ucrania y huyesen del país. Por ello, una de las enmiendas equiparará a partir de ahora los correos certificados con los avisos enviados al ciudadano a través de la administración electrónica, el popular portal Gosuslugi. A diferencia de las cartas físicas, cuya entrega solo es validada si el destinatario deja constancia con su firma, en el caso de las notificaciones electrónicas se considerarán recibidas desde el mismo momento en que sean depositadas en su buzón electrónico, sean leídas o no.

Asimismo, el ciudadano no podrá evitar su movilización, incluso si borra su perfil de Gosuslugi y no abre la puerta a ningún cartero. La nueva legislación prevé que los convocados serán incluidos obligatoriamente en un registro especial de citaciones en cuanto pasen siete días del envío de su notificación.

Uno de los puntos clave de la ley es la prohibición para abandonar el país. Este veto entrará en vigor nada más llegar la citación al portal electrónico. Si el afectado no se presenta en el punto de reclutamiento pasados 20 días, será castigado con otras restricciones que incluyen la prohibición para conducir vehículos, recibir préstamos, registrar empresas y administrar bienes inmuebles en el registro catastral.

Otro aspecto importante de la reforma es la creación de un registro militar único en el que figurarán todo tipo de datos personales de los ciudadanos que han pasado o deben pasar por las fuerzas armadas, incluida la información sobre su lugar de trabajo, su educación y su estado de salud. Los ministerios de Salud y Educación serán algunos de los organismos que cederán los datos.

Quema de centros de reclutamiento

La movilización decretada por Putin el 21 de septiembre del año pasado provocó la segunda huida masiva de rusos desde que comenzó la guerra. Cientos de miles de personas abandonaron entonces el país en las dos primeras semanas tras conocerse el llamamiento a combatir. En concreto, según Forbes, unos 700.000 rusos dejaron el país entre aquel día y principios de octubre, aunque esta cifra fue negada por el Kremlin.

En paralelo, el llamamiento a filas degeneró en un caos. La vaguedad del decreto y la promesa de Putin de que solo serían reclutados civiles con experiencia militar previa chocaron con el alistamiento forzoso de miles de rusos que no cumplían los requisitos, especialmente en las regiones con minorías étnicas. El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, reconoció meses después que pudo haberse hecho mucho mejor.

Por otro lado, las protestas contra la movilización fueron rápidamente reprimidas por las autoridades, aunque una ola de incendios se ha propagado desde entonces por los puntos de alistamiento de Rusia. Este mismo martes se conoció la sentencia más dura por estos sabotajes. Un tribunal militar de Ekaterimburgo, en la zona central del país, junto a los Urales, ha condenado a un empleado del Ministerio de Emergencias, Alexéi Nuréyev, y a un conductor de la Guardia Nacional, Roman Nasriyev, a 19 años de prisión en régimen estricto por prender fuego a un centro de reclutamiento.

Ambos rompieron una ventana del local y lanzaron dentro un cóctel molotov, lo que quemó un puesto de información. El caso fue reclasificado como un acto terrorista tras haber sido abierto inicialmente como un delito menor. “Sabía que se estaban haciendo acciones así en todo el país. Sabía que nadie resultó herido. Con esto solo quería mostrar que en nuestra ciudad existe disconformidad con la movilización y la operación militar especial. Quería que se escuchara mi voz”, dijo durante el juicio Nasriyev, según publica la plataforma defensora de derechos humanos Zona Solidárnosti.

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