El 2 de enero el máximo tribunal de México estaba a punto de tomar una decisión histórica: elegir a Norma Piña como la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las expectativas hacia la sesión eran altísimas. Un poco antes de la votación, la ministra Yasmín Esquivel pidió el uso de la palabra, no para hablar de la elección, sino del tema que la perseguía desde hacía semanas: la revelación de que su tesis de licenciatura de 1987 era una copia de otra presentada un año antes. Allí, en presencia de los jueces más importantes del país, aseguró: “La tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría”. Este jueves, el pleno se volvió a reunir. Era el primero después de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) certificara, tras una extensa investigación, que el trabajo de Esquivel era un plagio. La ministra no pidió entonces la palabra.
El camino que ha emprendido Yasmín Esquivel desde mitad de diciembre se ha convertido en un laberinto al que ya le quedan muy pocas salidas. La ministra ha involucrado a docentes y ha terminado desvelando una cadena de plagios dentro de la UNAM, ha interpuesto una denuncia en la Fiscalía y ha enfangado al Ministerio Público con una conclusión que tuvo que ser desmentida, ha apelado a la resolución de la universidad y esta ha concluido sin dudas que la ministra copió su tesis de otro alumno. En medio del escándalo, después de semanas de tuits y comunicados, Esquivel se mantiene ahora en el cargo y en silencio.
La bomba estuvo desde el principio muy calculada. La SCJN se encontraba en un receso oficial con la mayoría de ministros en sus casas y cinco de ellos en campaña para tratar de ser elegidos como presidentes. La información del plagio causó conmoción dentro del máximo tribunal, que rechazó desde el principio tomar una posición ante lo que consideraban “un tema personal” de la ministra. Esquivel era la apuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para presidir la Corte y esa revelación —publicada en el medio LatinUs, de Carlos Loret de Mola, quien mantiene una guerra abierta con el presidente— la dejaba prácticamente sin posibilidades de ser elegida.
El 21 de diciembre, el académico Guillermo Sheridan ponía al descubierto que la tesis “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A” presentada por Esquivel en 1987 era idéntica a una publicada en 1986 por Edgar Ulises Báez. Eran tan iguales que nadie puso en duda que se trataba del mismo trabajo. Ni siquiera la ministra. La primera reacción de Esquivel fue un tuit en el que decía: “Totalmente falso el reportaje de LatinUs. Ahora ¿qué más van a inventar?”, e incluía una carta firmada por la asesora de tesis de ambos trabajos, Martha Rodríguez Ortiz, en la que la maestra aseguraba que el trabajo de la ministra era original. La profesora concedió al día siguiente su única entrevista, en W Radio, donde aseguraba que todo era “un ataque hacia las mujeres por querer ser algo mejor”.
Este intento de protegerse con Rodríguez Ortiz terminó siendo contraproducente para la jueza y también para la docente. La exposición pública de la profesora puso al descubierto que había desarrollado un modus operandi de plagio de tesis durante más de tres décadas. EL PAÍS pudo comprobar al menos siete trabajos copiados y cuatro originales, desde 1985 hasta 2010. Ahora, la propia Rodríguez Ortiz está también siendo investigada por malas prácticas dentro de la universidad.
Cinco días después de la acusación, y tras haber compartido cartas firmadas por otros tres docentes que habían evaluado su trabajo de doctorado, Esquivel emite su primer comunicado. Ahí la ministra se reafirma como autora de la tesis, anuncia que ha interpuesto una denuncia contra Ulises Báez por plagio y se pone a disposición de la investigación de la UNAM: “Yo soy la primera interesada en que se esclarezca esta situación en su totalidad y se compruebe la verdad”, dice. La ministra, que consideraba la acusación “una mentira” y un intento de intervenir en la elección de la SCJN, abre dos líneas de defensa: la Fiscalía y la UNAM. Las dos le fallan.
La ‘autoinculpación’ de Báez
La teoría que desarrolló Esquivel, y que presentó ante el Ministerio Público, se basaba en la siguiente extraña sucesión de actos: la ministra empieza su tesis en 1985 —para comprobarlo, aporta a las autoridades una supuesta copia de la portada del trabajo sellada en ese año— y se la entrega a su tutora, Martha Rodríguez Ortiz, pero como le faltaban dos años para concluir su licenciatura en Derecho, no la presenta. En ese lapso de tiempo, Edgar Ulises Báez, quien tiene la misma asesora de tesis, accede al trabajo ya escrito de Esquivel, incorpora el trabajo de campo y logra presentarlo un año antes que ella.
El propio Ulises Báez reconoce esto, según la narrativa de Esquivel, en una carta que deja el 27 de diciembre en el buzón de Martha Rodríguez. Ahí, supuestamente, Báez dice: “En aquel momento recuerdo que como asunto relevante estaba el tema de los sindicatos, por lo que acudí con mi asesora de tesis, quien me mostró un trabajo que estaba realizando otra alumna sobre el mismo tema y tomé varias referencias y texto porque necesitaba acabar la carrera rápido”. Para terminar de certificar esto, Rodríguez y un notario se desplazan hasta la vivienda de Báez, en Xochimilco, para hacerle firmar esta declaración. Todo, presuntamente, lo entregan al Ministerio Público. Báez en la única entrevista que ha concedido a un medio, Eje Central, reveló estar convaleciente de una neumonía y no haber declarado nada de lo que Esquivel señalaba: “La lógica lo disipa todo: el que se titula primero evidentemente tiene el título original”.
Unas horas antes del día de la votación de la nueva presidencia de la SCJN, el 2 de enero, el periódico El Universal publica la resolución de la Fiscalía de Ciudad de México sobre la denuncia de Esquivel. Tratada en un plazo récord de solo cinco días y sin haber ni siquiera contactado con el acusado, el Ministerio Público decide no emprender acción legal contra Edgar Ulises Báez por la demanda de plagio porque la causa había sobrescrito. Pero en el documento, que cuenta con las firmas del fiscal de investigación central, Carlos Guillermo Cruz Guzmán, se puede leer: “En consecuencia, del análisis integral a los datos de prueba obtenidos durante la investigación, es evidente que la denunciante Yasmín Esquivel Mossa no copió, ni en partes, ni en su totalidad la tesis de Edgar Ulises Báez”.
Esa afirmación, que levanta ampollas en toda el gremio jurídico, es la que utiliza la ministra cuando pide la palabra en la votación de la nueva presidencia de la SCJN: “Como persona apegada al derecho, me presenté ante las autoridades competentes por las vías institucionales, la universitaria, mi alma máter, en la que confío y confiaré siempre, ante la fiscalía, en la que aporté elementos contundentes que pedía la sociedad y los medios de comunicación. Hoy, con plena tranquilidad y no sólo con dichos, sino con base en la resolución de una autoridad, se ratifica que la tesis profesional que presenté para obtener mi grado de licenciatura es de mi autoría y el tema lo concebí mientras estudiaba y era trabajadora de confianza en el servicio público”.
Sin embargo, ese día, Esquivel queda descartada en la segunda ronda de votación y la Corte elige a Norma Piña. Justo después de eso, la Fiscalía emite un comunicado en el que se desmarca del caso. La institución interpreta su propia frase y asevera en un comunicado: “Esta Fiscalía no se ha pronunciado en ningún momento sobre el tema ni ha hecho pública alguna conclusión en el sentido de que la denunciante fuera víctima de plagio”. La dependencia señaló a este periódico que esa frase “en ningún caso se trata de una conclusión, sino de una hipótesis”.
Un plagio sin consecuencias universitarias
A Esquivel solo le quedaba confiar en la UNAM. Una última esperanza que se disipaba para la juez esta semana, cuando el comité de ética afirmaba, sin rodeos, que el trabajo de 1987 era una “copia sustancial” del de 1986. Sin embargo, en un movimiento decepcionante para muchos críticos, la universidad afirmaba no tener herramientas para sancionar a Esquivel. “La normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la Universidad Nacional, aún y cuando el plagio de una tesis esté documentado”, decía el rector Enrique Graue, que se amparaba en una “interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General”. La UNAM llamaba a la Secretaría de Educación (SEP) a decidir sobre la invalidación del título.
Este paso a un lado, que fue criticado también por López Obrador, ha sido visto con decepción por algunos académicos de la UNAM. “Decidieron darle vuelta a la página. El antecedente se vuelve peligroso”, reflexiona el investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Tito Garza Onofre: “Yo sinceramente creo que después de esos comunicados fue un mal día para la universidad porque da la sensación de que si tú plagiaste la tesis entonces vas a poder seguir ostentando tu título universitario. La reflexión toca a las autoridades correspondientes, me parece totalmente absurdo que se diga que no se puede retirar títulos, cuando ellos sí los otorgan, me parecen argumentos falaces”.
La decisión oscila ahora entre la SEP y la propia ministra. Los rumores de una dimisión se hacen cada vez más fuertes, en la que empieza a parecer la única salida. “La salida ética y políticamente más viable es que ella misma dé un paso para atrás, esto les conviene a todos: a ella en lo individual, por el mensaje contundente, a la SCJN, porque no le resta legitimidad, y también al presidente, porque él va a tener la posibilidad de nombrar a alguien en su asiento”, valora Garza Onofre. La polémica puede llevar a una situación paradójica como que sea la propia Suprema Corte quien decida qué ocurre con el título de la ministra, en el caso de que la SEP decida invalidar el título, Esquivel ampararse y el tema escale entre tribunales. De momento, continúa el silencio.
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