La Guardia Civil posiblemente se ha metido en un jardín con la Operación Jardines. Porque el dueño del supuesto “mayor alijo de marihuana descubierto hasta el momento”, Francisco Gómez Carbo, sostiene que las plantas de cáñamo que se llevaron de sus empresas son idénticas morfológicamente a las de marihuana, pero no son de droga porque no colocan por mucho que se fumen: carecen de principios psicoactivos porque están destinadas a la fabricación legal de cannabidiol (CBD), un producto en boga por sus efectos balsámicos, cosméticos y antiinflamatorios que se extrae de la planta cannabis sativa L, regulada por la UE y subvencionada por la Política Agraria Común (PAC). De hecho, la empresa de la que Gómez es administrador único, E-Canna Farming SL, se exhibe física y virtualmente como líder en el procesado de plantas de cáñamo industrial, gracias a las cosechas que compra a 40 agricultores españoles registrados. Desde sus oficinas de Quatretonda (Valencia) vende a todo el mundo toneladas de cogollos, a 50.000 euros cada una. ¿Pero, entonces, si la planta es la misma, cómo se diferencian? Por el olor, los papeles y sus efectos. La confusión es precisamente el cogollo.
La operación supuestamente se saldó con la incautación de “32.370 kilogramos de cogollos de marihuana, la mayor aprehensión de esta sustancia, no solo en España, sino a nivel internacional”, aseguró la Guardia Civil el pasado día 5. Todo empezaba en una plantación en Villacañas (Toledo), propiedad de Jesús Fernández, que tiene una fundación homónima en la que admite y fomenta el cultivo del cáñamo industrial, para lo que asegura que cuenta con “todos los permisos y autorizaciones del Ministerio de Agricultura”. El problema está en la flor, en el cogollo: para la Guardia Civil, si la planta florece y tiene cogollo, es droga. De hecho, como admiten los detenidos, el aerosol del que dispone el instituto armado para comprobar si la planta es marihuana o hemps dio positivo, porque conservan un mínimo de Tetrahidrocannabinol (THC o delta-9-tetrahidrocannabinol), el principio activo que funciona como droga convencional.
El cultivo de esta planta para la extracción de CBD está regulado en el Real Decreto 1729/1999 de ayudas para cultivar cáñamo (conocido como el cerdo vegetal, porque se aprovecha todo), en el que se autorizan 25 variedades de cáñamo industrial y se establece un catálogo de obligaciones. Lo fundamental para obtener subvención es necesario que la planta esté por debajo del 0,2% de THC, pero realmente puede superar esta cantidad si cumple los protocolos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en concreto, el test St-Nar-40, que fija una fórmula de cálculo de psicoactividad: si el resultado es inferior a 1 es cáñamo y no marihuana). De aquí salen aceites medicinales, fibras para nidos, telas, papel… Son derivados que ya están en muchos supermercados y farmacias.
La empresa que era el eje de todo estaba este jueves de nuevo a pleno rendimiento, con Francisco Gómez al frente del negocio, tras haber sido puesto en libertad con cargos por la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Almagro (Ciudad Real). “No se han llevado nada de mis tres naves de procesado, solo las han precintado con todo dentro; pero ya tengo otras 30 toneladas de plantas”, reconoce. El empresario, que lleva dos años con esta actividad tras un trabajo de campo de cuatro años, está extrañado por la actuación de los agentes de Toledo en sus oficinas de Cuatretonda (Valencia), donde Soraya Calvo, administrativa, aún sigue indignada por el registro, por haber sido detenida. “Pero si los guardias de aquí saben todo lo que hacemos, porque se lo decimos nosotros”, asegura. “Las que estaban impresionadas son unas refugiadas de Ucrania que tenemos aquí trabajando”.
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El dueño de la firma asegura que tiene excelentes relaciones con el grupo Roca (contra el delito rural) de la Guardia Civil de Xàtiva, que conocen, dice, su actividad y lo visitan “día sí día no” en sus oficinas. “Cada vez que entra un envío o cada vez que sale se lo comunico”, asegura. “Estoy tranquilo porque todo es legal, todo lo comunico, y tengo autorización del Ministerio de Hacienda para vender flor de cáñamo de uso ornamental”, añade. Dispone también del llamado número TARIC, que también da Hacienda para poder exportar. “Es que vendemos mucho al extranjero, sobre todo a laboratorios”, asegura Gómez.
El empresario sospecha que los cultivadores y procesadores de cáñamo legal están suponiendo una amenaza para el negocio de la industria farmacéutica, que tenía hasta ahora el monopolio del cultivo de productos que pueden tener principios psicoactivos. El negocio no deja de crecer. Ya hay más de 200 agricultores inscritos en Registro General de Explotaciones Agrícolas (Regepa), según Darío Gutiérrez de Tena, consultor externo del despacho del abogado José Antonio Sánchez Conejo. Gómez asegura que ya hay en España 2.500 puntos de venta de CBD, un negocio que ya mueve 12,5 millones de euros anuales. Gómez calcula que 10.000 familias ya viven en España del cultivo, procesamiento y venta de CBD.
El empresario ha anunciado que se va a querellar por prevaricación contra los 14 guardias civiles que participaron en la operación, porque considera que actuaron a sabiendas de que allí no había droga, sino CBD. Fuentes del instituto armado han mostrado este mismo jueves su tranquilidad por el desarrollo de la operación y sus resultados. Gómez y Gutiérrez de Tena, además de sus sospechas sobre la empresa monopolística del mercado, creen que los guardias “se siguen guiando por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, que dice que si una planta de cáñamo tiene flor, cogollo, lo que se fuma, es inmediatamente marihuana y, por tanto, droga”, afirma Gutiérrez de Tena.
Gómez está seguro que una y otra planta se distinguen a la legua: “Si tiene THC huele a kilómetros de distancia a maría, pero lo que cultivo huele poco y a alfalfa”. Sus cogollos, dice, embriagan tanto como comerse como una patata, una alcachofa o el aloe vera.
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