La crisis climática es global, tanto si vivimos en un país rico como uno pobre. Sin embargo, la comunidad internacional ha sido incapaz de encontrar soluciones conjuntas para financiar, a la escala necesaria, las inversiones esenciales de mitigación y adaptación al cambio climático en los países más vulnerables y en los que se registra un incremento más rápido de las emisiones de carbono.
La solución habitual para responder a las crisis globales consiste en crear nuevas estructuras, y la climática no ha sido una excepción: los fondos han aumentado más en número que en tamaño. Solo el Banco Mundial cuenta con 12 fondos de intermediación financiera para el clima (FIF), y en la COP27 del año pasado, los gobiernos acordaron crear otro mecanismo en forma de fondo de “pérdidas y daños” para proporcionar ayuda financiera a los países vulnerables afectados por el cambio climático.
La proliferación de pequeños mecanismos de financiación ha generado un sistema fragmentado que en su conjunto aporta menos que la suma de sus partes. En un nuevo estudio, analizamos los tres mayores FIF que ofrecen financiación en condiciones favorables para la mitigación y la adaptación, entre los que se incluye el Fondo Verde del Clima (FVD), los Fondos de Inversión en el Clima (FIC) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Estos han recaudado más de 50.000 millones de dólares (algo más de 46.000, de euros) y destinan unos 4.000 millones (3.700, de euros) al año en este tipo de financiación y subvenciones, con un coste aproximado de 300 millones (276, de euros) en costes administrativos.
Si se comparan los diez principales países receptores de financiación para la adaptación, con los diez países más vulnerables al clima del mundo, las listas no se solapan
Pero ni los países prestatarios ni los donantes consideran que el sistema funcione. Los primeros se enfrentan a procesos complicados y lentos para acceder a los fondos, que son inconsistentes, difíciles de gestionar y conllevan altos costes de transacción. Los donantes no tienen forma de evaluar la rentabilidad de las medidas de mitigación o adaptación en los distintos FIF, ya que cada uno tiene su propio sistema de asignación de fondos y no existe un sistema estandarizado para la elaboración de informes de impacto.
Además, los datos sugieren que a los países donantes no les preocupa especialmente el rendimiento de los FIF a la hora de decidir dónde asignar sus fondos. Por ejemplo, las contribuciones al Fondo Verde del Clima (FVD) son las que han crecido más rápidamente en los últimos años, a pesar de haber sido el que ha registrado peores resultados según los criterios establecidos en este análisis.
Adicionalmente, también hay importantes ineficiencias de costes asociadas a la existencia de múltiples fondos. Los costes administrativos derivados de los compromisos y del número de proyectos varían mucho en los FIF. Algunas ratios de gastos administrativos acumulados en relación con los compromisos alcanzan el 20%, mientras que otras se sitúan en valores de un solo dígito. Este sistema tan fragmentado ha incurrido en un total acumulado de 2.000 millones de dólares (1.842, de euros) en gastos generales, parte de los cuales se podrían haber destinado a inversiones climáticas reales.
También hemos detectado una falta de coherencia estratégica en torno a la asignación de los fondos entre países, especialmente en la financiación de la adaptación al clima. Si se comparan los diez principales países receptores de financiación en condiciones favorables para la adaptación, con los diez países más vulnerables al clima del mundo, las listas no se solapan. Sin embargo, en cuanto a la mitigación, la financiación se destina a los países y sectores con mayores emisiones, pero los mayores emisores no reciben los mayores volúmenes de financiación. Esto contrasta con los llamamientos de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, entre otros, para mejorar las condiciones de inversión relacionada con el clima, incluidas las de los países de renta media, que tienen externalidades positivas para el mundo.
No hay duda de la necesidad de un mayor volumen de financiación, pero los gobiernos deben centrarse en la misma medida en lograr una asignación de fondos más eficiente y catalizadora, y en una mejor medición del impacto
Es el momento de consolidar el sistema para lograr una mayor eficiencia e impacto. Los fondos con mandatos complementarios deberían fusionarse en un único fondo de financiación concesional para el clima o unirse bajo un único paraguas. Se conseguiría así que se preste un mejor servicio a los países receptores y a los organismos de ejecución, se refuerce la asignación de fondos, se consoliden los gastos administrativos, se racionalice y simplifique la recaudación de fondos y se combinen y amplíen los proyectos complementarios.
Un fondo combinado de financiación para la lucha contra el cambio climático podría funcionar como una entidad independiente, con un sólido sistema de asignación de fondos y la capacidad de impulsar unos sistemas coherentes de medición y elaboración de informes de impacto por parte de los responsables de su implementación. Este fondo podría asociarse con los bancos multilaterales de desarrollo y otros agentes ejecutores para seleccionar los mejores proyectos y estrategias nacionales, y acelerar tanto el desarrollo de los mismos como el desembolso de la financiación.
También debería considerarse otra forma de consolidación: asignar esta financiación en condiciones favorables a nivel país o cartera, en lugar del complejo planteamiento de ir transacción por transacción. Podrían establecerse criterios de asignación coherentes y bien especificados que recompensen a los países que tengan estrategias nacionales sólidas para integrar los objetivos y acciones climáticas y de desarrollo. Teniendo en cuenta la urgencia y la magnitud del déficit de financiación para el clima, no es de extrañar que haya una creciente crispación ante los anuncios de ligeros aumentos de los fondos existentes o de la creación de unos nuevos y pequeños. No hay duda de la necesidad de un mayor volumen de financiación en condiciones favorables, pero los gobiernos deben centrarse en la misma medida en lograr una asignación de fondos más eficiente y catalizadora, y en una mejor medición del impacto.
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