La Duma estatal, la Cámara baja del Parlamento ruso, prepara un proyecto de ley para confiscar las propiedades de “una serie de ciudadanos que han abandonado el país” ante la guerra o por la represión contra quienes la denuncian. El portavoz de Vladímir Putin, Dmitri Peskov, había desmentido apenas cinco días antes que las autoridades fueran a tomar esta medida. “Es imposible [aprobar esta ley] aquí, sería abrir algunas cajas de Pandora”, aseguró entonces el representante del presidente ruso, que ha negado en el pasado otras iniciativas impopulares antes de ser adoptadas, como la movilización de jóvenes para enviarles a luchar a Ucrania.
No se ha filtrado de momento ningún detalle concreto del borrador de la ley. Según contó una fuente familiarizada con esta iniciativa a la agencia de noticias estatal Ria Novosti, se verán afectados “los rusos que se fueron y dañan al país con sus acciones”. “Hasta donde yo sé, no se han recibido instrucciones oficiales de ninguna Comisión sobre este tema. El trabajo lo están desarrollando los diputados por iniciativa propia”, explicó la misma fuente.
El proyecto de ley cuenta con el respaldo de la élite del Kremlin, aunque el líder ruso se haya mantenido al margen por el daño que pueda ocasionar a su popularidad. El presidente de la Duma estatal, Viacheslav Volodin, abrió la puerta a la confiscación de bienes la pasada semana. El alto cargo afirmó que “algunos [ciudadanos] están arrojando barro públicamente sobre Rusia al creerse impunes y pensar que las agencias (de seguridad) no podrán atraparles”. Volodin apuntó concretamente a los compatriotas que critican desde el exterior al ejército por sus acciones en Ucrania, y abogó por expropiarles sus negocios e inmuebles dentro del país.
Sus palabras también recibieron el apoyo de un comité importante de la Cámara alta del Parlamento. El jefe del órgano responsable de la legislación constitucional y de construcción del Estado, Andréi Klishas, sugirió que la iniciativa podría salir adelante a través de la introducción de varias enmiendas en el Código Penal.
Sin embargo, el portavoz de Putin intentó aplacar el debate la semana pasada: “Todos son ciudadanos nuestros, todos por igual, y todos pueden tener diferentes razones para irse. Debemos luchar por quienes no han tomado el camino de una actitud verdaderamente hostil contra nuestro país”.
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Rusia ha vivido dos grandes emigraciones masivas al exterior desde que Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. La primera, al comenzar la guerra, y la segunda, al decretar el Kremlin una movilización parcial de su población en edad militar el 21 de septiembre pasado.
La cifra total de personas que se han marchado y no han regresado no ha sido publicada por el Gobierno, y el dato es muy difícil de calcular con los registros fronterizos disponibles porque muchos rusos pueden haber salido solo temporalmente, como es el caso de los turistas. Según una estimación conservadora del diario independiente The Bell, más de medio millón de ciudadanos abandonaron el país definitivamente el pasado año.
Uno de los sectores más afectados por la huida de miles de trabajadores es el tecnológico. El Parlamento comenzó a tramitar a finales de diciembre otro proyecto de ley con el objetivo de prohibir el teletrabajo a los empleados que residan en el extranjero. Sin embargo, las autoridades se han visto obligadas a hacer excepciones en algunas empresas para no golpear aún más la economía. El Ministerio de Desarrollo Digital advirtió de que esta restricción podría conducir a una “perdida de competitividad” con otros países debido a “una desaceleración en el desarrollo de plataformas y soluciones digitales”.
Putin recomienda recordar los juicios de Núremberg
Cientos de miles de rusos han huido de un país que el Kremlin controla con puño de hierro, y el propio Putin ha vaticinado en el pasado que esta guerra traerá “una autodesintoxicación natural y necesaria de la sociedad [rusa]”. El mandatario estuvo este miércoles en San Petersburgo con motivo del 80º aniversario del fin del bloqueo de Leningrado. Allí depositó flores en el cementerio-memorial Piskaryovskoye, visitó la fábrica de armamento de Obújov y vio junto con varios veteranos de la II Guerra Mundial un avance de una película rusa sobre los juicios de Núremberg, el tribunal que sentenció a la cúpula superviviente del nazismo por crímenes de guerra.
“Habrá que ver esta película. Es un hecho muy importante. Estas obras protegen la memoria histórica”, dijo el mandatario ruso sobre un tribunal que ha servido de referencia a numerosas voces, desde el Gobierno ucranio de Volodímir Zelenski al del ex primer ministro británico Gordon Brown, para exigir un juicio similar para el círculo de poder del Kremlin.
“La victoria de Rusia en la operación especial es inevitable. Se basa en la unidad y cohesión del pueblo ruso; en la valentía y el heroísmo de nuestros combatientes; y en el trabajo del complejo militar-industrial”, advirtió Putin durante la inspección del polígono de Obújov. El líder ruso reveló, además, que los trabajadores de las fábricas militares podrían ser eximidos de servir en el frente próximamente, pues el ejército necesita más armas.
Ucrania teme una gran ofensiva rusa en los próximos meses, si no semanas, y Moscú se prepara para ello y para una guerra larga. El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, reunió este miércoles al nuevo Consejo del Gobierno que debe abastecer a las fuerzas armadas, y lanzó un aviso a su equipo de que el tiempo apremia: “Todos los medios materiales y técnicos que aún faltan por suministrar de los planes del año pasado deberán ser enviados a las tropas a más tardar en febrero”.
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