Al Govern de la Generalitat se le han echado a perder los planes. Las previsiones de Pere Aragonès para la aprobación de los presupuestos han caído en saco roto y ha quedado en evidencia la debilidad de los mensajes de llamada a la calma que, desde hace un mes y medio, transmiten el president y sus colaboradores más cercanos. Enero ya ha gastado más de medio calendario y no hay luz verde para las cuentas. Ni tan siquiera se vislumbra el ámbar, apunta el PSC. La portavoz de la Generalitat, que en diciembre afirmaba que el acuerdo no estaba lejos, anunció a principios de año que la aprobación era “cuestión de días”. Este martes argumentó que la obra de la B40 en el Vallès, también conocida como Cuarto Cinturón, es “el único” punto de choque. El PSC lo niega y dice que la lista es más larga.
La intentona de Esquerra para sentar el pasado fin de semana a Aragonès y a Salvador Illa en una misma mesa buscaba poder tener la foto del acuerdo definitivo, pero la reunión de una hora y media se saldó sin apretón de manos. Los negociadores del Govern y los del PSC llevan a cabo continuas reuniones que dan resultados dispares, en función de quien las valore. El Govern repite desde primeros de diciembre que el pacto está muy cercano, pero el PSC enfría las expectativas.
Por primera vez, la portavoz de la Generalitat Patrícia Plaja concretó este martes donde se atrancan las negociaciones: la B40. Y añadió que el Govern ha hecho llegar al PSC una propuesta para lograr un consenso sobre este tema. “Ahora hace falta ver si hay voluntad o si estamos perdiendo el tiempo”, manifestó.
El Cuarto Cinturón es una infraestructura que levanta ampollas en Esquerra, y sobre todo encuentra a un ferviente opositor en Juli Fernàndez, consejero de Territorio y exalcalde de Sabadell. Se trata de una carretera de alta capacidad para oxigenar el tráfico en el Vallès, muy exigido en los entornos de Sabadell y Terrassa, pero que conlleva una herida medioambiental.
Aragonès y sus consellers ya han aceptado allanar el camino al mega complejo turístico y de casinos Hard Rock de Salou y modular su oposición frontal a la ampliación del aeropuerto de Barcelona El Prat. La Generalitat dice que su postura se apoya en “criterios técnicos” y señala que no cae “en ninguna contradicción” con lo que ha defendido hasta ahora.
El tapón resiste en el Cuarto Cinturón y el aparente optimismo del Govern contrasta con la postura del PSC, que insistió en que no ha habido ningún avance significativo para dar su apoyo al presupuesto. “No queremos seguir mareando la perdiz”, ilustró este martes la diputada Alícia Romero, que pidió al Ejecutivo concreción. “Estamos dónde estábamos; Cuanto antes, mejor; sino que busque otros apoyos”, dijo la portavoz que rechazó fijar plazos y negó que las negociaciones estén encalladas solo en la Ronda del Vallès como apunta el Govern, Aludió, por ejemplo, a la supresión de la oficina piloto de la renta básica universal, la congelación de las delegaciones en el exterior o los 100 millones para invertir en el plan de choque de listas de esperas.
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Marta Vilalta, portavoz de ERC, acusó el lunes a los socialistas de someterles a una “especie de chantaje” rechazado de plano por Romero. “No lo hacemos: ponemos nuestras condiciones para aprobar los presupuestos. Tienen 33 escaños por mucho que vean 65 cuando se ponen en el espejo ”, afirmó la socialista, apuntando la legitimidad de que cada fuerza, incluidos Junts y los comunes, fije sus condiciones para pactar las cuentas. “Con 33 escaños, el Govern tiene que ceder si quieren alcanzar un acuerdo. Lo que no puede ser es que no acepte las condiciones de nadie salvo las del grupo pequeño. Sino hay presupuestos es porque el Govern no ha cedido ante nadie. ERC tiene que darse un baño de realidad y decidir si los quiere aprobar y con quien. El trabajo de seducción le corresponde a él”, afirmó reivindicando la necesidad de ampliar la pista del aeropuerto para que, por ejemplo, el de Turín o Milán no pase por delante de Barcelona.
Si el acuerdo entre ERC y el PSC es difícil, con Junts ya parece el triple salto mortal. Junts comparte el diagnóstico del PSC al sostener que es una negociación al uso porque ERC ha perdido el apoyo de 41 de los diputados de la investidura y no está en una situación preeminente para pactar. El Govern ha priorizado la negociación con los socialistas -casi 20 reuniones- y desde el 22 de diciembre solo ha tenido dos con Junts. “Dicen que somos socios prioritarios pero lo primero que hacen es pactar con los comunes”, describió Jordi Turull, secretario general, que sostuvo que ERC no ha hecho una lectura a fondo de porque salieron del Govern. “Creen que fue una rabieta”, dijo. “Queremos saber si quieren dirigir al Govern para lo que fue votado (el procés) o dejarlo estar”.
La cuestión es que el paquete de medidas que reclama Junts son en parte incompatibles con el acuerdo que el Govern cerró con los comunes, que suelen recordar que ERC necesita 68 votos, es decir, dos partidos, para pactar. Las medidas son una rebaja fiscal para las clases medias y empezar a revisar el impuesto de sucesiones o que se fijen ayudas para la escuela concertada. Junts coincide con el PSC en los grandes proyectos y defiende el Hard Rock como una alternativa a la petroquímica. “Si queremos sustituir a esas industrias tenemos que hacer otra cosa. No se trata de hacer un país de ludópatas sino de una oferta que no sea estacional”, afirma el partido. Los comunes, mientras, están a la expectativa pero Jéssica Albiach sostiene que tiene el compromiso de Pere Aragonès de que no habrá ni un solo euro para los grandes proyectos. “Yo tengo un acuerdo de presupuestos, no de estabilidad”, advirtió.
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