El PP reabre la guerra del agua al pedir más trasvase desde Castilla-La Mancha a Murcia, Almería y Alicante | España

El PP ha reabierto la guerra del agua a menos de siete meses de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023 reclamando que se reviertan los recortes en el trasvase Tajo-Segura vigentes desde verano del año pasado cuando España todavía no se ha repuesto de la peor sequía en décadas tras un verano tórrido con más de 250.000 hectáreas quemadas y unas reservas hídricas que apenas superaban el 32% de esta semana (el 31 de mayo eran del 49,5%). A pocos días del inicio de la Cumbre del Clima de Egipto, el principal partido de la oposición ha registrado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que defiende dejar “sin vigencia” en 2023 los cambios introducidos en las reglas de explotación del trasvase a Alicante, Murcia y Almería, pese a que la petición de los populares contraviene varias sentencias del Tribunal Supremo y la normativa marco de la UE. Murcia, una de las cinco comunidades autónomas gobernadas por el PP, y la provincia de Almería, con un potentísimo electorado conservador, exigen que el flujo se mantenga con el argumento de no poner en riesgo al sector agrícola. El sur de la Comunidad Valenciana, gobernada por Ximo Puig (PSOE), tampoco escapa a las tensiones por las demandas de los regantes.

La batalla política no ha tardado en llegar: el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), ha instado a Alberto Núñez Feijóo a retirar una enmienda que a su juicio “retrotrae al negacionismo absoluto del cambio climático” y “rompe por completo el acuerdo planteado con todos los sectores de la región”. “Si sale adelante la enmienda del PP en Madrid [en alusión al Congreso], el problema es que nos dejarían otra vez un cauce medio seco por Talavera”, advirtió el barón socialista. El líder del PP optó una vez más por la indefinición y no quiso aclarar este jueves si la retiraría durante una visita a la provincia de Guadalajara. “Sabemos perfectamente que la cuenca cedente tiene que tener prioridades, que falta agua y que lo que tenemos que hacer es pactar. El agua necesita pactos y no guerras y me sumo al interés por hacer un pacto nacional por el agua donde estemos de acuerdo la inmensa mayoría, disminuyendo los consumos donde reciben agua de otras cuencas y haciendo políticas medioambientales muy serias para proteger medioambientalmente el territorio. Me apunto al pacto, no al conflicto”, afirmó abriéndose a un gran acuerdo nacional sin entrar en detalles y sin renunciar a una enmienda que la Junta de Castilla-La Mancha considera perniciosa para la sostenibilidad ecológica del Tajo. Tanto que García-Page no entiende que la apoye el PP de su comunidad: el presidente castellanomanchego reclamó al PP regional que “alce la voz” y que presione contra el texto de su partido presentado en el Parlamento.

La cuenca del río más largo de la península Ibérica está al 36,9%, mejor que el promedio nacional, pero aun así ocho puntos por debajo de su media en los últimos diez años (44,9%). El Tajo atraviesa un momento tan delicado que el Gobierno modificó el año pasado las reglas del trasvase a Alicante, Murcia y Almería “para garantizar la estabilidad del sistema”. Justo lo que ahora el PP pretende cambiar. El Consejo de Ministros aprobó el 27 de julio de 2021 un real decreto en el que se reducía el volumen mensual de agua trasvasada de 38 a 27 hectómetros cúbicos al mes cuando las existencias conjuntas de los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a los 1.300 hectómetros cúbicos y las aportaciones de los 12 meses previos no lleguen a los 1.400 hectómetros cúbicos. El máximo anual total del trasvase sería de 650 hectómetros cúbicos por año hidrológico.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez esgrime que los actuales umbrales para la cesión de caudales —el trasvase se cerraría si la cantidad de agua embalsada fuese inferior a 400 hectómetros cúbicos— atienden a “un principio fundamental de equilibrio” entre el agua disponible en los embalses de cabecera del Tajo y “la estabilidad de los suministros” hacia las cuencas beneficiarias del trasvase. El objetivo de la vicepresidenta tercera Teresa Ribera es minimizar el riesgo de que el trasvase entre en situación de excepcionalidad hídrica y, en consecuencia, tenga que interrumpirse el aporte de caudales aguas abajo, como cada vez sucede con más frecuencia conforme se agravan los efectos del cambio climático y disminuyen las lluvias. Las aportaciones medias del trasvase han ido cayendo de manera sostenida desde los años ochenta. En 2017 el grifo del trasvase se cortó durante 11 meses seguidos debido a la falta de caudal suficiente. “Si España quiere un sistema de trasvases, lo puede plantear; y lo arreglamos a base de fontanería, pero lo hacemos de todos los ríos, unos con otros”, defendió García-Page sin tapujos sus posiciones en septiembre en el pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios. “El trasvase ha estado roto, sin una gota de agua, y se ha bebido y regado aquí a base de las desaladoras que se criticaban”, apostilló.

El intento del PP para incrementar el trasvase se produce semanas antes de que el Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, apruebe antes de final de año el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que podría implicar un recorte de hasta el 40% del agua trasvasada anualmente del Tajo-Segura. Ribera apuesta por “anticiparse a escenarios obvios” frente al déficit hídrico, y “no reclamando lo que no hay, sino generando alternativas”. A la espera de los “últimos ajustes” para incorporar “las declaraciones de impacto ambiental” a los futuros planes hidrológicos de cuenca, antes de pasar por el Consejo Nacional del Agua, la vicepresidenta insistió en una entrevista a Efe en la importancia de “estar preparados para escenarios extremos”, como la sequía prolongada, y en “estar en condiciones de garantizar el abastecimiento de agua, pero esto nos obliga a pensar en ella como un recurso precioso con independencia de su procedencia”. Respecto a los trasvases, Ribera es tajante: “Es importante entender lo que hemos estado haciendo estos años, una gestión operativa más eficiente para evitar riesgos de grandes caídas del caudal disponible y del agua en las cuencas cedentes y ajustarlo mejor a las necesidades receptoras”. El Ministerio de Transición Ecológica autorizó un trasvase de 7,5 hectómetros cúbicos en septiembre solo para abastecimiento urbano, lo que provocó las protestas de Murcia y Andalucía, que piden una mayor transferencia de agua para las producciones agrícolas.

La sensación compartida en el PSOE es que la polémica por el trasvase puede beneficiar al PP en las zonas del Levante que se verían más afectadas, pero, en cambio, perjudicaría a Francisco Núñez, el candidato popular en Castilla-La Mancha, que tendría que sumar mayoría absoluta con Vox para desbancar a García-Page.

“Tumbar” el cambio de normas

La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía denunció hace un año cómo el PP, tras su congreso regional y con Pablo Casado al frente del partido, presentó una enmienda a los Presupuestos “para tumbar” el cambio de normas de explotación del trasvase. “Una vez más, las sonrisas y las buenas palabras por el día se convierten en puñaladas y traiciones por la noche. El juego de tronos del agua vuelve a retratar a Pablo Casado y a Francisco Núñez, que sigue sin alzar la voz frente a las artimañas del murciano Teodoro García Egea al frente de su partido. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados vuelve a plantear, esta vez mediante una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que se dejen sin efecto los cambios introducidos por el Real Decreto 638/2021″, reprochaban en un comunicado.