Cuando era niño y tenían hambre, José Bo y su familia acudían al río Cahabón en busca de cangrejos, jutes (caracoles) o lo que les brindase para comer. Si alguien enfermaba, se adentraban en la montaña en busca de plantas medicinales. A Bo le cuesta aceptar que ahora solo puede recurrir al mercado o la farmacia.
El cauce del río, sagrado para los aproximadamente 29.000 indígenas quekchí que habitan sus orillas, se ha visto invadido por varios complejos hidroeléctricos en la última década. Por eso, este maestro de escuela decidió abrazar la lucha pacífica y dedicar su vida a la defensa del río. “Pensamos solo en el tiempo presente. Hoy se trabaja, mañana recibo mis pagos y los gasto. No es así, debemos pensar en la educación y la salud de los hijos, y dónde podrán vivir el día de mañana”, resume Bo la motivación que le anima a batallar por el río Cahabón, pese al riesgo y las amenazas, y que le trajo a Europa en noviembre de 2022 para dar conocer su causa.
El departamento de Alta Verapaz, a unos 200 kilómetros al norte de la ciudad de Guatemala, escenifica la historia de un colonialismo atroz. Su superficie alberga minerales, petróleo y mucha agua. Mientras, los habitantes conviven con los índices más altos de miseria del país. El 53,6% vive en pobreza extrema, según los últimos datos del gobierno guatemalteco, que dejó de medir este problema en 2014.
La situación parece no haber mejorado, ya que uno de cada dos niños padece desnutrición crónica, según Unicef y el gobierno de Guatemala. Por si fuera poco, más del 70% de las familias carece de servicio eléctrico en sus viviendas, advierte la ONU. Este escenario allana el terreno a empresas transnacionales que han visto en el río Cahabón una oportunidad de negocio.
Querían acallarme o más que todo intimidarme y aunque a veces he pensado en dejar a mi familia e ir a otro país, hasta el momento me mantengo aquí
“En 2011, la empresa OXEC construyó un canal para generar energía y prometieron la construcción de iglesias, escuelas y canchas deportivas, pero hasta el momento no hay ninguna de estas instalaciones”, recuerda Bo, residente en la comunidad Aldea Sepoc. Las promesas no llegaban y lo único que percibió la población es que cada vez iban teniendo menos acceso al agua. Por eso, para defender lo más sagrado, se organizaron alrededor de la Resistencia Pacífica del Río Cahabón en la que Bo lleva a cabo labores administrativas y de coordinación.
“Nos organizamos entre líderes de la comunidad y religiosos, ancianos y los alcaldes de 195 comunidades para buscar una estrategia con la que enfrentar a los megaproyectos. Nuestras armas son la Constitución Política de la República, las leyes rurales y municipales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales y la Carta de Naciones Unidas”.
La batalla legal
La lucha judicial de la Resistencia dio sus primeros frutos tras el triunfo de una denuncia por la tala ilegal de 15 hectáreas en enero de 2018. La empresa OXEC tuvo que pagar una multa de cuatro millones de quetzales (443.000 euros). Valeria Prado, responsable de Sostenibilidad de la empresa, afirmó en una comparecencia ante la prensa poco después del proceso que ellos niegan haber talado los árboles, “pero que han preferido poner fin al proceso pagando la multa”. OXEC pertenece a Energy Resoruces Capital Corp, registrada en Panamá, y hasta el momento su actividad continua sin que se haya llegado a un acuerdo sobre una consulta pactada y con efectos.
En 2017 consiguieron parar la actividad de la empresa durante cuatro meses, ya que no se había realizado una consulta previa a las comunidades, como establece la ley. La sentencia dio la razón a las comunidades y dictó a que en el plazo de un año se llevara a cabo. Eso sí, resolvió que la empresa podía continuar con su actividad. Ese mismo año, las comunidades organizaron una consulta. “Participaron más de 25.000 personas que no querían a la empresa, y 11 que estaban a favor, pero la municipalidad aún no quiere ratificarla”, recuerda Bo. Por otro lado, la compañía efectuó una encuesta paralela en la que solo preguntó a 11 comunidades, las que consideraban que eran las únicas a las que afectaba su actividad.
Un grupo de relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se dirigió al gobierno de Guatemala en 2018 argumentando que OXEC ha presentado amparos contra todos los intentos de realizar la consulta por parte de la comunidad. La Resistencia Pacífica del río Cahabón se queja, además, de que la empresa firmó convenios con varias comunidades en los que pagaba a los vecinos a cambio de que se adhirieran al proyecto hidroeléctrico y rechazaran a quienes se opusieran. Bo cree que “con ese convenio se generaron divisiones porque otras personas vendieron sus voluntades”.
Las empresas y su deber de preguntar
La movilización social no solo no ha podido frenar a OXEC, sino que las centrales se han multiplicado sobre el río con la expansión del megaproyecto RENACE, que pertenece a Corporación Multi Inversiones (CMI), una empresa familiar de origen guatemalteco con presencia en más de 15 países. Para la construcción de tres de las cuatro centrales del proyecto, CMI subcontrató a la empresa española Grupo Cobra. Este diario no obtuvo respuesta tras contactar con la empresa. La Resistencia Pacífica denuncia que este proyecto también condiciona el acceso al río. “Estamos viendo las consecuencias, porque al principio lo ofrecieron como desarrollo y no hay desarrollo en las comunidades, nos cerraron el río y nos quedamos sin agua”, explica angustiado Bo. CMI afirma que “no desvía el río ni restringe su acceso”.
El caso llegó al Punto Nacional de Contacto (PNC) español, cuya función es favorecer la eficacia de las Líneas Directrices para Empresas Multinacionales de la OCDE, ante una denuncia de la ONG Alianza por la Solidaridad. Tras recabar información de las partes, el ente dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, emitió un informe en 2019 en el que concluyó que, respecto al impacto medioambiental de RENACE, “hay una valoración positiva y otra negativa”. La primera es que “para mantener un ecosistema alrededor del rio Cahabón, crearon la primera reserva natural privada que es nombrada dentro de un proyecto hidroeléctrico para mantener la fauna y la flora en el área”, anota. “Por otra parte, se aprecian cambios significativos en algunos tramos del río Cahabón, que ponen de manifiesto la alteración causada en algunas zonas del proyecto con efectos potenciales negativos sobre las comunidades locales”.
El documento recuerda al Grupo Cobra que “la posición de contratista no la exime del cumplimiento de los más altos estándares internacionales” y “tiene el deber de requerir al socio local a que los cumpla”. Y recomienda a la empresa española que “de cara a futuros proyectos, debe velar por que antes de la realización de un proyecto se lleve acabo una consulta previa, libre e informada a las poblaciones indígenas”.
En el caso de RENACE tampoco se realizó una consulta previa. Ante la denuncia de las comunidades, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala dictó una sentencia en 2019, obligando a efectuarla, pero sin paralizar la actividad de las hidroeléctricas. “La consulta no se ha hecho porque la sentencia fue recurrida y está a la espera de resolución. Lo que realmente quiere la empresa es informar sobre el proyecto, en vez de realizar una consulta sobre si este se debe llevar a cabo o no”, matiza Almudena Moreno, coordinadora de Desarrollo de la ONG Alianza por la Solidaridad. Al consultar a CMI acerca de por qué no se consultó, se limita a explicar por correo electrónico que “cuenta con una buena relación con las comunidades en su zona de impacto y participa en asambleas comunitarias”.
Amenazados por protestar
Desde la llegada de las hidroeléctricas al río Cahabón, y sobre todo desde que la población comenzó a movilizarse, la criminalización y el hostigamiento contra los defensores del río ha ido en aumento. Así lo han documentado Alianza por la Solidaridad o Amnistía Internacional. Uno de los casos más mediáticos fue el de Bernardo Caal xol, representante desde 2015 de las comunidades q’eqchí’ en el municipio de Santa María Cahabón en sus acciones legales contra el proyecto hidroeléctrico de OXEC. Fue condenado a más de siete años de cárcel, acusado de robo de material y la retención de trabajadores en un proceso que la ONU considera como “un intento aparente de silenciar y desacreditar el ejercicio legítimo de los derechos de la comunidad indígena”.
Bo también ha recibido amenazas para que abandone la lucha por el río Cahabón y su vida ha llegado a estar en serio peligro. “Intentaron asesinarme en mi casa, pero no lo lograron. Querían acallarme o más que todo intimidarme, y aunque a veces he pensado en dejar a mi familia e ir a otro país, hasta el momento me mantengo aquí,” asegura convencido.
Alta Verapaz escenifica la historia del colonialismo más atroz. Su superficie alberga minerales, petróleo y mucha agua, mientras los habitantes conviven con los índices más altos de pobreza del país
Para proteger a Bo y sus compañeros, las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una organización que realiza acompañamientos a personas amenazas por defender los derechos humanos, llegó a Alta Verapaz a mediados del 2017. “PBI nos visita en la comunidad, en mi casa y nos hace seguimiento telefónico. Esto nos hace sentir más seguros y nos da una especie de apoyo moral en nuestras luchas”.
Sin miedo a las represalias, Bo ha decidido alzar la voz y denunciar la violencia que viven en Alta Verapaz en una gira europea, promovida por las Brigadas Internacionales de Paz e Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo(ICID), en la que se ha reunido con partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y prensa. “Invito a la Unión Europea y a las organizaciones a que defendamos el agua. No hay tanta en la tierra y la necesitamos para vivir. Antes me muero por defender el agua, a morir por causa de la sequía”, manifiesta el maestro sin miramientos.
Según la organización internacional Global Witness, durante el 2021, un promedio de casi cuatro defensores del medio ambiente fueron asesinados por semana en el mundo. Guatemala se sitúa como el quinto país de Latinoamérica con más asesinatos, 80 entre los años 2012 y 2021.
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