La Sala Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 23 meses de prisión impuesta al empresario y expresidente del club de fútbol CD Tenerife Miguel Concepción Cáceres, por un delito continuado de estafa agravada en las bonificaciones oficiales que otorga la Administración a los residentes en Canarias para vuelos. El tribunal condena a su vez a ocho meses a sus dos hijas como cómplices del delito.
La sentencia de la Audiencia de Tenerife, ratificada por el alto tribunal en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece, además, que los tres acusados deberán indemnizar a la Administración General del Estado con 3,98 millones de euros. Miguel Concepción tendrá que abonar un 50% y sus dos hijas —Eloísa Concepción Rodríguez y Verónica Concepción Rodríguez—, un 25% cada una.
Los residentes canarios y los baleares tienen derecho a un descuento del 75% en los vuelos entre las islas y la península, así como los trayectos interinsulares. Los hechos probados sostienen que entre noviembre de 2007 a abril de 2011 que la aerolínea Islas Airways liquidó 47,26 millones por vuelos interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Concepción Cáceres, presidente de la compañía, trató de recibir del entonces Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que le habría correspondido en virtud del mentado Real Decreto. Para ello, “ideó y adoptó” una estrategia consistente en remitir ficheros de vuelos y certificaciones “que aparentaban ser correctos y contar con respaldo documental”, según el auto. Esta práctica les permitió superar los controles rutinarios, “cuando en realidad carecían de sustento o no respondían a la realidad”. Este plan les permitió obtener bonificaciones superiores hasta 8,39 millones de euros.
El Tribunal Supremo considera correcta la calificación hecha por la Audiencia de Tenerife de delito de estafa, agravada por la cuantía, “cometida por quienes controlaban una agencia de viajes, simulando viajes interinsulares canarios, y obteniendo las bonificaciones oficiales que otorga la Administración a los residentes en las islas, para ayudarles en sus viajes aéreos, siendo todo ello falso y documentado aparente y formalmente para superar los controles rutinarios del Ministerio de Fomento, obteniendo una cuantiosa suma por el perjuicio producido a la Administración”.
Las prácticas ilegales se desarrollaron entre los años 2008 a 2011. Durante la vista, Concepción y sus dos hijas se declararon culpables de los hechos, lo que motivó que la Fiscalía rebajara la petición inicial de cuatro años de prisión a 23 meses. Por consiguiente, no se vio obligado a ingresar en la cárcel. A finales del año pasado, el empresario presentó su renuncia como máximo mandatario del club de fútbol y vendió un importante lote de su paquete accionarial al inversor madrileño José Miguel Garrido. Le sucedió en el cargo el expresidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero. Por aquel entonces, Concepción desmintió que se tratase de un movimiento para dejar la presidencia ante el evidente riesgo de que una decisión desfavorable del Supremo pudiera dejarle inhábil para el cargo.
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