El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto este martes mantener en vigor el Título 42, una norma instaurada por Donald Trump cuando era presidente, y que permite la expulsión en caliente de migrantes rumbo a México. Trump desempolvó la medida, usada por primera vez en 1929 para contener la inmigración asiática, arguyendo motivos sanitarios, al inicio de la pandemia. La idea era evitar la expansión del coronavirus en un momento en el que las fronteras por todo el mundo se cerraron. Casi tres años después, con el virus razonablemente controlado (y las fronteras hace tiempo abiertas), la Administración de Joe Biden recibe un nuevo varapalo en sus reiterados intentos de derogar la norma. Se trata del último revés judicial que esta recibe en su autonomía en materia de gestión migratoria. El Supremo, de mayoría conservadora, ha votado 5-4 a favor de mantener el Título 42. La decisión deja a miles de inmigrantes en el limbo.
La noticia es una victoria para la coalición de 19 Estados republicanos que el pasado lunes 19 de diciembre presentaron una moción para que el Supremo aplazara la decisión, que estaba prevista para ese miércoles, de derogar la polémica norma sanitaria usada para controlar el flujo en la frontera Sur de Estados Unidos. Según los gobernadores de esos territorios, lo contrario habría provocado un flujo inmanejable de migrantes, así como “una crisis sin precedentes en la frontera”.
Los jueces del Supremo han anunciado, en una decisión breve y sin firmar, que estudiarán a fondo el caso el año que viene. La vista oral está prevista para el mes de febrero. Hasta ese momento, las expulsiones continuarán. Los magistrados han dejado claro que no piensan entrar en el fondo del asunto (cómo tiene que gestionar el Gobierno de Estados Unidos la política migratoria), sino si los 19 Estados republicanos tienen derecho a impugnar la medida. En contra han votado las tres juezas progresistas: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y la recientemente incorporada Ketanji Brown Jackson. A ese bloque se ha sumado uno de los conservadores nombrados por Trump, Neil Gorsuch.
El Título 42 entró en vigor en marzo de 2020 y ha permitido 2,4 millones de devoluciones a México (en esa cifra hay que tener en cuenta que una persona puede haber sido expulsada más de una vez). La anteúltima parada en su travesía por los tribunales llegó cuando el juez federal Emmet Sullivan calificó en noviembre la iniciativa de inhumana, al considerar que permitía la devolución de miles de personas a lugares donde les aguardaba una alta probabilidad de ser “perseguidas, torturadas, golpeadas o violadas”. El 16 de diciembre, un tribunal de apelaciones confirmó la opinión de Sullivan y allanó el camino para que la Administración de Biden la levantara, como lleva intentando hacer desde el pasado mes de mayo.
La perspectiva de que la medida perdiera su efecto pocos días antes de Navidad provocó una avalancha de migrantes en la zona de El Paso, en Texas, que llegaron en previsión del fin del Título 42. La medida cautelar decretada la semana pasada por el presidente del alto tribunal, John Roberts, truncó esas esperanzas. La decisión conocida este martes supone un nuevo revés para sus aspiraciones de cruzar al otro lado.
La Casa Blanca ha dejado claro que cumplirá con la decisión del tribunal, aunque ha avanzado que la Administración demócrata se prepara para “administrar la frontera de manera segura, ordenada y humana cuando el Título 42 finalmente se elimine”. En palabras de la portavoz Karine Jean-Pierre, esta normativa “es una medida de salud pública, no una medida de control migratorio y no debe extenderse indefinidamente”. El propósito del presidente, ha subrayado, es que el Congreso legisle y apruebe las “medidas integrales” que él mismo propuso cuando tomó posesión. Mientras tanto, ha considerado la secretaria de prensa, la orden del Supremo es una oportunidad para que los republicanos dejen de señalar al Gobierno y “se unan a sus colegas demócratas para resolver el desafío fronterizo al aprobar una reforma integral”.
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