Un tramo ferroviario de 67 kilómetros a través de la selva del sureste mexicano ha abierto una nueva afrenta entre el llamado rey del cobre, Germán Larrea, y el presidente Andrés Manuel López Obrador. El segundo hombre más rico del país ha llevado ante los tribunales dos demandas para exigir una indemnización de parte de la Administración federal tras la decisión de terminar anticipadamente su participación en la construcción del tramo 5 del Tren Maya, la obra emblema del Ejecutivo. Aunque los magistrados tendrán la última palabra sobre el caso, tanto el mandatario como el conglomerado minero y de infraestructura han comenzado a lanzarse dardos cruzados. El presidente López Obrador aseguró el pasado lunes que la recesión prematura de los contratos está justificada, ya que la empresa “no estaba cumpliendo”, a lo que Grupo México ha contestado, a través de un comunicado, que no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato.
El consorcio formado por Grupo México y Acciona, con el nombre de Desarrollo del Sureste Playa del Carmen-Tulum, ganó en febrero de 2021 un contrato de 17.815 millones de pesos [unos 914 millones de dólares] para construir el tramo de 67 kilómetros del Tren Maya, ahora en pugna. Diecisiete meses más tarde, en julio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió el control de la obra. Los cambios de los tiempos de entrega y el trazado del tendido ferroviario están en el centro de las demandas que ha presentado Larrea contra el Gobierno federal y que dio a conocer esta semana el diario Reforma. Al Ejecutivo le apremia concluir esta magna obra antes de diciembre de 2023, sin embargo, las continuas peleas con ejidatarios y grupos medioambientales han truncado los planes gubernamentales. El propio López Obrador reconoció este lunes que les “urgía” terminar la construcción de este tramo y por ello decidieron dar por zanjado el convenio previo con Larrea.
En la defensa de esta decisión, López Obrador no ha escatimado en las críticas contra el dueño de Grupo México, el segundo hombre más rico de México: “¿Quiénes son los de Grupo México? Los que recibieron los Ferrocarriles Nacionales en la época de Zedillo. ¿Quién es Grupo México? Pues una empresa a la que Salinas le entregó la minera Cananea”, acusó esta semana en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional. El mandatario además deslizó, que al conglomerado —que detenta minas de cobre, proyectos de infraestructura y ferrocarriles—se le otorgaron de manera opaca concesiones de agua.
Ante estos dardos, la empresa ha asegurado por escrito que ante “la premura impuesta” para concluir el tramo de poco más de 60 kilómetros del Tren Maya en 11 meses y entregarlo en julio de 2023, decidieron concluir el contrato y así evitaron incurrir en un incumplimiento derivado de nuevas fechas de entrega solicitadas. Grupo México hizo hincapié en que no cometió ningún incumplimiento durante la vigencia del contrato. “El consorcio ha aceptado la propuesta del Gobierno de que el finiquito derive del análisis y la conciliación que tengan lugar con los ingenieros militares. Grupo México sostiene su absoluta convicción de que el finiquito debe ser transparente, apegado a los hechos y a la legalidad”, mencionó.
Las diferencias entre el llamado rey del cobre y López Obrador son añejas. En 2018, el magnate mexicano fue uno de los empresarios que pidió veladamente a sus empleados que no votaran por el entonces candidato de Morena. Aunque no lo mencionó por nombre y apellido, Larrea exhortó a trabajadores, colaboradores y accionistas votar con inteligencia. Por su parte, ya una vez en el poder, López Obrador ha emprendido acciones que pegan de lleno a una de los pilares de la compañía: la minería. López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que durante su mandato no se otorgarán nuevas concesiones mineras. Ahora, el actual desencuentro por el Tren Maya se enmarca en medio de la puja por Banamex, una transacción en la que Larrea figura como uno de los favoritos. La venta de cuarto banco más importante en activos de México por un valor estimado de más de 10.000 millones de dólares no solo tiene en vilo a financieros y analistas, López Obrador también es uno de los más atentos y expectantes de esta transacción millonaria, la más importante del país en más de una década.
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