El Tribunal Constitucional tiene previsto avalar en su pleno de este martes la ley del aborto de 2010, que consagra el derecho de la mujer a decidir interrumpir su embarazo en las primeras 14 semanas sin necesidad de cumplir ningún requisito. El sentido de la sentencia se conoce desde el pasado febrero, cuando la nueva mayoría progresista del tribunal rechazó el primer borrador, elaborado entonces por el magistrado del sector conservador Enrique Arnaldo. El nuevo texto —redactado por la vicepresidenta del tribunal, la progresista Inmaculada Montalbán— incidirá en la perspectiva de género, según fuentes de la institución.
La ponencia o borrador de resolución elaborada por Arnaldo fue rechazada hace tres meses con los siete votos del sector progresista, frente a los cuatro del bloque conservador. Dicho borrador consideraba constitucional el sistema de plazos, pero proponía anular el artículo 17 de la ley por considerar que no garantizaba una información completa y exhaustiva a la embarazada antes de que tomase su decisión. Arnaldo proponía que la mujer que comunicara su intención de abortar fuera informada no solo por escrito, sino también verbalmente, sobre la intervención a la que se iba a someter y también sobre las posibles alternativas, como la existencia de ayudas públicas a la maternidad.
La mayoría progresista del Constitucional rechazó anular dicho precepto y defendió que el aval a la ley del aborto debía ser completo, sin cuestionar ninguno de sus artículos. Por eso la ponencia decayó y la magistrada Montalbán asumió la redacción de una nueva sentencia, cuyo contenido se conocerá hoy.
Entre medias, ha entrado en vigor una reforma parcial de la ley del aborto, aprobada por el Parlamento en febrero pasado. Esa reforma suprime la necesidad de permiso paterno para las mujeres de 16 y 17 años que decidan abortar (que la ley de 2010 sí preveía) y elimina también la obligación de informar a la embarazada por escrito de las alternativas al aborto, dándole tres días de reflexión.
La sentencia sobre la ley del aborto es la que más se ha demorado en la historia del tribunal. La ley fue recurrida por el PP en 2010, pero el Constitucional aparcó la deliberación de este asunto durante más de una década al constatar que no existía consenso en su seno. La ponencia del magistrado Enrique Arnaldo fue redactada hace más de un año y la idea era debatirla después de la Semana Santa de 2022, pero el órgano de garantías decidió aplazar de nuevo la discusión para no generar nuevas tensiones en el tribunal, al que le faltaba apenas un mes para concluir su mandato con la composición que tenía entonces.
En ese momento el Constitucional tenía una mayoría conservadora, la que aprobó las sentencias que anularon el estado de alarma como instrumento jurídico para hacer frente a la pandemia. Ese debate ya supuso un gran desgaste para el tribunal, que no quiso repetir la experiencia en puertas de su teórica renovación, aunque finalmente el cambio no llegó hasta enero de 2023. Pedro González-Trevijano y Juan Antonio Xiol, respectivamente presidente y vicepresidente del Constitucional hasta esa fecha, acordaron el aplazamiento a la espera de ser renovados. Su sustitución en enero dio paso a una nueva fase del Constitucional, ya con mayoría progresista, en la que fue elegido presidente Cándido Conde-Pumpido y vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Una de sus primeras decisiones fue llevar a la mayor brevedad posible al pleno la deliberación sobre la ley del aborto, sobre la que ahora, cuatro meses más tarde y tras el mencionado rechazo del primer borrador de fallo, el tribunal va a dictar definitivamente sentencia.
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