El Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ha resuelto este martes que Juan Vera Carrizal, principal acusado de agredir con ácido a la safoxonista Elena Ríos, debe continuar con su proceso judicial desde la cárcel. Esta decisión revierte la medida que había otorgado el juez Teódulo Pacheco, quien había concedido al imputado el arraigo domiciliario en enero. El Tribunal Superior del Estado, además, ha retirado a Pacheco del caso después de que Elena Ríos solicitara la recusación del juez por vínculos con el sospechoso. La joven, quien ha anunciado la decisión en su cuenta de Twitter, ha celebrado ambas decisiones: “Son batallas ganadas, de las muchas que quedan”.
El 9 de septiembre de 2019, un hombre le arrojó una cubeta con ácido al rostro, al pecho, a los brazos y las piernas de María Elena Ríos. Tenía 26 años. Estuvo cinco meses postrada en la cama de un hospital, tuvo que reaprender a caminar, a mirarse al espejo. Han pasado tres años y medio y la música continúa en la batalla. Ahora gran parte de su energía se va en enfrentar un larguísimo proceso legal. “La Corte Interamericana recomienda que los casos de feminicidio en grado de tentativa no deben durar más de 4 años el proceso. Yo casi los cumplo. ¿Quién tiene la culpa?”, dice a EL PAÍS, y señala a Teódulo Pacheco y además al juez de distrito Ponciano Velasco, por estar admitiendo constantes amparos que están alargando sin cesar el proceso.
Por el caso de Ríos hay tres detenidos, los dos presuntos autores materiales —el que tiró el ácido y el padre de este, acusados de recibir 30.000 pesos (unos 1.500 dólares) por el ataque— y el que la saxofonista identifica como autor intelectual e instigador del crimen: Juan Vera Carrizal. Este político, exdiputado del PRI y un poderoso empresario gasolinero, fue pareja de Elena Ríos, a quien le sacaba 17 años de edad. Cuando ella decidió cortar con la relación, primero fue amenazada y más tarde llegó el ataque con ácido. La joven no tiene dudas de la intención real de este ataque: “Quería matarme”. Vera Carrizal fue detenido en abril de 2020 y puesto a disposición judicial.
La pandemia y los amparos interpuestos fueron posponiendo el inicio del juicio. Sin embargo, en enero el juez de control Teódulo Pacheco inició una audiencia virtual para revisar si se concedía a Vera Carrizal el arraigo domiciliario. La audiencia se dilató durante seis días. En ese proceso, Ríos y su abogado denunciaron múltiples arbitrariedades: negarle la palabra durante la sesión, la amenaza de retirarle a la víctima a su asesora jurídica o la admisión de pruebas que no habían sido contempladas por ellas. “El tribunal de Oaxaca se atrevió a proporcionar datos confidenciales de mi representada, de su familia y míos propios a la defensa del acusado, violando la ley”, contó la abogada a EL PAÍS. “Nunca había visto algo así en este país en mis años como representante legal”, puntualiza.
Finalmente, el 22 de enero, Pacheco concedió a Vera Carrizal el permiso de seguir el proceso en casa de su hija. La decisión generó una ola de indignación, que hasta el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se posicionó en contra y aseguró que pese a la decisión judicial no iba a salir de la cárcel. Elena Ríos explica que la casa en la que el acusado quería mantener el arraigo era muy proclive para darse a la fuga.
Después de esa medida, la saxofonista solicitó tres veces la recusación del juez, a quien acusa de corrupción. El pasado jueves, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca le dio la razón a la víctima y retiró a Pacheco del caso. Es el mismo tribunal que este martes ha revertido la decisión tomada por el juzgador. “Los magistrados consideraron que efectivamente el juez cayó en la ilegalidad, resolvió en contra de mis derechos fundamentales”, señala.
Pero la lucha todavía continúa. “Yo tengo más de 15 amparos, parece un círculo de nunca acabar”, apunta, en referencia a las ocasiones donde se ha intentado reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa a delito de lesiones. “Yo creo que todos los amparos también son para confundir. Ahora confío en que el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca no me mandé a otro juez que tenga la capacidad de corromperse y respete mis derechos”, señala, “uno de los derechos fundamentales: es una justicia pronta y expedita, que yo no tengo todavía”.
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