El agua es el principal recurso natural de México, un derecho humano que la activista y académica Elena Burns hizo su causa de vida hace cuatro décadas y que siguió defendiendo cuando asumió el cargo como subdirectora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en septiembre de 2020. “Su nombramiento fue una petición directa del presidente, quien le encargó que las aguas fueran del pueblo y que acabara con la corrupción”, expresa Pedro Moctezuma, profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y miembro de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, fundada en 2012 y en la que Burns participó activamente. “El presidente sabía que ella era la persona idónea al frente de la institución. Por eso no nos explicamos los hechos lamentables vividos la semana pasada”, manifiesta el catedrático todavía sorprendido por la inminente destitución de su compañera y pareja. La inesperada destitución de Burns ha despertado una ola de indignación entre los defensores del agua.
El pasado 31 de octubre, tras ser notificada de su cese de forma no oficial, Burns acudió a la dependencia federal acompañada de su equipo, a los que guardias de seguridad les impidieron el acceso a las instalaciones por órdenes del director general, Germán Martínez Santoyo. “Quien no tiene las funciones para hacerlo. Esta decisión depende del Consejo Técnico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)”, explica Étienne von Bertrab, profesor de ecología política en la University College London (UCL) y también parte del colectivo por la defensa del agua.
El organismo público, al que EL PAÍS contactó, solo se pronunció al respecto a través de un comunicado oficial donde justifica la salida de la académica como “una necesidad de acelerar la entrega de concesiones”, cuya gestión tenía bajo su cargo Burns, que será sustituida por José Antonio Zamora Gayosso.
Los críticos de la decisión apuntan a directamente al director de Conagua, a quien acusan de una gestión favorable al sector privado. Su disposición “está muy alejada de defender los derechos de quienes aprovechan el agua de manera incluyente y democrática”, argumenta Moctezuma. Durante su mandato, la subdirectora Burns redujo a casi la mitad las licencias de los recursos hídricos para grandes corporaciones otorgados por la Conagua, además de denunciar en repetidas ocasiones la entrega de más concesiones al sector agrícola o inmobiliario que el agua disponible en el territorio. “Muchos de los permisos eran ilegales y ella siempre priorizó el derecho equitativo al agua y la sustentabilidad hídrica en el país”, añade Moctezuma.
Entre las iniciativas que respaldan la línea de trabajo de Burns destaca su papel en la creación de la primera concesión colectiva e indígena de agua y el que desempeñó en la resolución del conflicto de la presa de El Zapotillo, que amenazaba con borrar del mapa el pueblo jalisciense de Temacapulín. También fungió un rol clave en la cancelación de la concesión de agua privada para el proyecto del acueducto Monterrey VI, que suponía un polémico trasvase del agua de San Luis Potosí para llevarla a la gran ciudad. Burns impulsó además la propuesta de procedimientos de consulta pública sobre proyectos como la cervecera Constellation Brands, una infraestructura que se pretendía levantar sobre Mexicali, “una zona desértica sin agua y que gracias a Burns ahora se construirá en Tabasco”, explica el académico de la UCL.
Récord mexicano en litigios por el agua
México es el país con más casos llevados ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, que en 2012 lo condenó por la violación a los tratados internacionales y al ordenamiento jurídico interno, advirtiendo de un posible colapso hídrico en el territorio.
Burns fue también una de las impulsoras de la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, una propuesta para abordar de forma integral programas sostenibles en la gestión de las cuencas y la prestación democrática de los servicios de agua. “Su objetivo era acabar con la ley mercantilista y liberal actual, que favorece un paradigma extractivista al servicio de las grandes corporaciones, no respeta el ciclo del agua y afecta gravemente su acceso a decenas de millones de mexicanos”, la describe von Bertrab, quien llevó a cabo su tesis de maestría sobre esta ley salinista formulada en el 92, todavía vigente. Gracias a un acuerdo entre múltiples actores, la revolucionaria iniciativa de la que formó parte Burns, “un proceso de participación ciudadana sin precedentes a nivel mundial para la construcción de una ley democrática del agua, se llevó al Congreso en el 2021. Pero encontró demasiadas resistencias y nunca se hizo realidad”, lamenta von Bertrab.
“Sabíamos que en México se prioriza la mercantilización por encima de garantizar el derecho humano al agua, pero no nos imaginábamos que hubiera tanta impunidad y corrupción dentro de la propia Conagua”, menciona Moctezuma, para quien el cometido de Burns amenaza directamente el negocio de “los millonarios del agua”, como el académico se refiere a un grupo de empresarios y caciques locales que concentran el 70% de los permisos de explotación hídrica en el país, según se ha denunciado desde la Coordinadora del Agua y otras asociaciones. “Elena asumió el cargo para hacer un cambio en la Conagua, pero esta institución es un monstruo del pasado que se mantiene. Su despido evidencia el fracaso de la transformación que el propio presidente pretendía”, agrega von Bertrab.
El pasado lunes, centenares de manifestantes se plantaron frente a las oficinas centrales de la Conagua en la Ciudad de México para exigir la reincorporación de la activista a su puesto como subdirectora, al igual que lo hicieron colectivos y organizaciones locales en las oficinas regionales de la Comisión del Agua en los Estados de Hidalgo, Coahuila, Baja California, Yucatán, Tabasco, Tamaulipas y Zacatecas.
“Es increíble el apoyo que Elena está recibiendo, logrando entre organizaciones y personalidades más de 600 firmas en la carta dirigida a AMLO para mostrar el descontento de una acción ilegal que hostiga a las comunidades defensoras del agua”, confiesa Moctezuma, que está ejerciendo como portavoz de la Coordinadora. “Ella todavía está en funciones y quiere ser prudente”, reconoce el académico, justificando por qué su pareja no quiere hacer de momento declaraciones sobre la situación. Tras diversas conversaciones sostenidas con el presidente, todavía está pendiente que Burns llegue a acuerdo sobre sus posibles funciones en la Administración de López Obrador, quien la puso en el cargo que ahora se le niega.
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