“La situación en Perú es muy compleja”, explica José Carlos Vera, sociólogo que trabajó como funcionario de gestión pública durante una década. En 2021, con 44 años, migró a España para hacer un máster en planificación y desarrollo territorial en la Universidad Autónoma de Madrid y se quedó para trabajar como consultor, pero con empresas y organizaciones vinculadas a su país. Desde hace un mes, con la caída de Pedro Castillo, Perú ha vivido un estallido de manifestaciones en las que han muerto más de 50 personas. “Al ver la situación y con dos hijos pequeños, hemos decidido alargar la estancia aquí”, confiesa mientras le da un trago a su café americano en la cafetería de Matadero, en Legazpi, al sur de la capital.
El pasado jueves, las protestas —que se habían dado en el sur del país— llegaron a Lima, la capital peruana. La policía entró en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la principal de Perú, para desalojar a los manifestantes el pasado sábado. “Este enfrentamiento se puede ver desde diferentes perspectivas: desde la más reciente destitución de Pedro Castillo hasta el problema más nuclear del Perú y su racismo estructural”, opina Vera.
En España, en 2022, había 119.728 peruanos residiendo en el país, según datos el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con una presencia importante en la capital, casi del 40%, el Colectivo Peruanxs en Madrid convocó el pasado jueves a decenas de compatriotas delante de su Embajada para pedir justicia para los fallecidos, la dimisión de la actual presidenta del país, Dina Boluarte, nuevas elecciones, la disolución del Congreso y una nueva Constitución. A través de varios rituales indígenas, los presentes le pidieron a sus dioses que los muertos encontrasen la paz, haciendo sonar unas caracolas cuatro veces, una por cada punto cardinal. “Nadie se preocupa porque se haga justicia y se arreglen las cosas”, se queja con lágrimas en los ojos Esther Suárez, una de las asistentes y vecina de Madrid desde hace 18 años.
“Pedimos al embajador que se desmarque de esta dictadura y que no sea su representante, que se posicione con el pueblo, porque si no será cómplice. Lo mismo le pedimos al Gobierno de España”, recitaba una de las portavoces durante la concentración.
A Filomeno Eustaquio Carvajal, las movilizaciones en Perú no le han sorprendido. Reside en España desde el 2012 y tiene 68 años. A pesar del tiempo que lleva fuera de su país, sigue muy conectado con su realidad política. “Esto ya se veía venir. Antes de que entrase Castillo, el pueblo ya estaba descontento. La situación precaria que se ha ido postergando en materia de educación, salud, carreteras, en apoyo social en los pueblos del sur, centro y algunas parte del norte ya era insostenible”, asegura en una entrevista telefónica.
Siempre nos olvidamos de las comunidades indígenas, así que en materia de servicios básicos ellos son los que más lo han notado
José Carlos Vera, sociólogo peruano residente en España
Con experiencia como empleado público en Perú, Vera coincide con Carvajal. Considera que el problema que enfrenta Perú es la fragmentación entre los gobiernos locales, regionales y el central. “Frente a las ganas de los funcionarios de trabajar, tienes un aparato público estatal, burocrático, extremadamente corrupto, lento y desconectado de la realidad. Está totalmente fragmentado. Hay 19 ministerios, 26 gobiernos regionales y 1.847 municipios. Cada uno de ellos con direcciones, programas y estrategia diferentes”, aclara. Y añade: “Mucha gente dirá que el problema es la ausencia del Estado, pero a veces sí está, pero no de forma eficaz”.
En este sentido, es el sur del país quien más ha sufrido los vacíos del Gobierno. “Siempre nos olvidamos de las comunidades indígenas, así que en materia de servicios básicos ellos son los que más lo han notado”, señala el sociólogo.
Magalí Rebollán es quechua parlante, una de las lenguas indígenas de los Andes, y fue maestra en la zona del sur. “He visto de primera mano la situación ahí”, se lamenta. También acudió el jueves a la calle Zurbano número 70 y además fue de las que estuvo en primera fila durante el ritual indígena que se llevó a cabo, seguido de la lectura de los nombres de los muertos. “Quisiera mandar un saludo y mis condolencias a todas las familias que han perdido a alguien”, dice con la voz entrecortada mientras de fondo se escucha a los demás gritar: “¡Dina asesina, Madrid te repudia!”.
Viviana Osores, de 34 años, lleva casi un año en Madrid y tiene una visión bastante diferente de las protestas. Desde su perspectiva, “la izquierda radical perdió el poder el 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo se dio el autogolpe de Estado. Y ahora están intentando desesperadamente recuperarlo”. Y asegura que los manifestantes cuentan con “la asesoría, respaldo y financiamiento de las izquierdas radicales internacionales, grupos terroristas como el MRTA [Movimiento Revolucionario Túpac Amaru] y Sendero Luminoso, grupos aliados a estos, bandas pertenecientes y afiliadas al narcotráfico y gente vinculada a ellos”.
Para ella las protestas no tienen un propósito claro. “Todos estos grupos han manipulado a un sector olvidado de la población del país para lograr que se unan a sus actos de vandalismo. Sus demandas son tan difíciles de cumplir como inaceptables”, asevera. Sin embargo, a pesar de la disparidad de opiniones con varios de los entrevistados, está preocupada y su familia, que permanece en Perú, tiene “mucho miedo”.
Se pide una reforma constitucional y mientras no se haga un cambio estructural la gente va a seguir eligiendo lo mismo
Alberto Huerta, manifestante peruano
Vera no niega la presencia de vándalos en las manifestaciones, pero es muy cuidadoso a la hora de hacer la distinción: “Si bien es cierto que mayoritariamente hay una protesta de reivindicación de las comunidades del sur andino, también lo es que hay una serie de movimientos económicos capitalistas informales”. Según el funcionario peruano, el país “tiene un alto porcentaje de economía informal que busca generar enfrentamientos para sacar algún tipo de beneficio”. Entre ellos, algunos políticos: como “en Perú Libre, el partido de Pedro Castillo, que generaron incentivos en su Gobierno y que ahora los van a perder, por lo que se suben al carro”. Pero además, “también hay economías ilegales, minería ilegal, narcotráfico, informalidad que se apuntan a las protestas. Y sobre eso, además hay una capa de delincuencia común, de vandalismo, que también aprovecha estos momentos. Eso hace más complicado distinguir y por eso hay quienes simplifican y dicen que todos son vándalos o terroristas”, puntualiza. Y agrega: “Idealizar el mundo andino también sería un error, porque entonces se habla de ‘buenos’ y ‘malos”.
Alberto Huerta, natural del sur del país y asistente a la congregación el pasado jueves, revela que sus familiares más jóvenes sí están a favor de las protestas, mientras que los más mayores “se han creído el discurso de la derecha y están muertos de miedo”.
La mayoría de los entrevistados, tanto aquellos que confían en el Gobierno de Dina Boluarte como los que no, admiten que se informan desde la distancia de todo lo que ocurre en Perú a través de medios no convencionales como puede ser TikTok, YouTube, Instagram o Facebook. Luis Alberto Peralta, periodista y peruano, reconoce leer periódicos e intenta leer tanto más conversadores como más progresistas, aunque también acude a periodistas independientes que comunican a través de plataformas no convencionales.
“Nadie nos está obligando a protestar, lo hacemos porque en la práctica estamos descontentos con el país, más que nada con el Gobierno”, sentencia Filomeno Carvajal, que acudió a la manifestación del pasado jueves sin mucha esperanza de que las movilizaciones vayan a cambiar la situación. “No hay manera de deshilachar esto. Se pide una reforma constitucional y mientras no se haga un cambio estructural, la gente va a seguir eligiendo lo mismo”, resume Huerta abatido.
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