ERC y Bildu ofrecen a Podemos una alternativa para modificar la ‘ley del solo sí es sí’ | España

Los grupos parlamentarios de ERC (13 diputados) y Bildu (seis) han registrado este jueves en el Congreso 21 enmiendas para la reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, después de que la norma haya provocado en cinco meses casi 800 rebajas de penas y más de 70 excarcelaciones de agresores sexuales. Ambos partidos asumen que ese es un efecto indeseado de la ley y plantean por ello reformarla elevando las penas en ciertos casos, pero con una propuesta alternativa a la que ya registró el PSOE hace semanas y que dio lugar a una bronca monumental entre los partidos del Gobierno de coalición. La diputada de Unidas Podemos Lucía Muñoz criticó la propuesta socialista en estos términos: “Se alían con PP y Vox para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas”. Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, acusó a Podemos de “mentir descaradamente”.

La propuesta de los socialistas inició su tramitación en el Congreso el pasado 7 de marzo con el apoyo del PP, Ciudadanos, PDeCAT, PNV, UPN, Coalición Canaria, PRC y Foro Asturias y el rechazo de Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, la CUP y BNG. Fuentes de Esquerra aseguran que el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero, de Podemos, está “al corriente” de sus enmiendas, y fuentes del PSOE afirman que las estudiarán. En Igualdad se limitan a responder: “Con ERC y Bildu nunca hemos dejado de trabajar. Conocen también las propuestas que le hemos hecho al PSOE todos estos meses”.

Para dar cabida en el delito de agresión sexual a las conductas más leves —antes tipificadas como abusos—, con la nueva ley se rebajaron algunas penas. Tanto el PSOE como ERC y Bildu proponen ahora elevarlas en el caso de agresiones sexuales cometidas con violencia o intimidación, pero lo hacen con fórmulas diferentes. Los socialistas plantean crear un subtipo penal agravado; ERC y Bildu, modificar las circunstancias agravantes del delito recogidas en el artículo 180 del Código Penal.

El artículo 178 del Código Penal dice: “El órgano sentenciador, siempre que no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de 18 a 24 meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias penales del culpable”. La nueva redacción, según la reforma del PSOE, quedaría así: “Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión. El órgano sentenciador, razonándolo en la sentencia, y siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180, podrá imponer la pena de prisión en su mitad inferior o multa de dieciocho a veinticuatro meses, en atención a la menor entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable”.

El punto 1 del vigente artículo 178, que la propuesta del PSOE no modifica, recoge la definición del consentimiento: “Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. ERC y Bildu quieren añadir a esa descripción del consentimiento esta frase: “No se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa”.

Además, ERC y Bildu plantean modificar el artículo 180 del Código Penal, que prevé ahora un agravamiento de las penas cuando concurra “violencia extrema” —ellos proponen eliminar el calificativo de “extrema” y añadir ahí la “intimidación”—. También reclaman que cuando se refiere a la condición del agresor se incorpore como agravante la circunstancia de “allegado a la víctima” (el Código Penal actual recoge situaciones de “convivencia o parentesco”, especificando “ascendientes o hermanos”, lo que dejaba fuera a otros familiares). El texto del PSOE también señala la intimidación o la anulación de la voluntad “por cualquier causa” y propone modificar la redacción del Código Penal que dejaba fuera a otros parientes, sustituyendo el término “autor” por el de “persona responsable” para evitar “una indeseada falta de aplicación de esa circunstancia” agravante. La Macroencuesta de Violencia sobre la mujer del año 2019 reveleó que el 21,6 % de los agresores era un familiar y el 44,2% de las mujeres que habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja afirmó que la agresión había tenido lugar en una casa.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, rechazó hace semanas reformar la ley sin vincular el aumento de penas a la violencia, como pretendía Podemos. “Técnicamente no es viable. Porque es necesario decir por qué de una pena de cuatro subimos a cinco. Pues porque hay algo más grave. La propuesta que hacía el Ministerio de Igualdad era incluirlo [la violencia] como una agravante dentro del artículo 180. Si se incluye como una agravante del artículo 180, la pena se iría de dos a ocho años de prisión en lugar de uno a cinco. Es decir, es muy desproporcionado”, argumentó.

Un magistrado consultado por EL PAÍS asegura que ambas propuestas, la del PSOE y la de ERC y Bildu, “son defendibles jurídicamente”. “La de ERC y Bildu elimina el ‘extrema’ incorporado a la violencia y amplía la definición del consentimiento porque no se fía de los jueces, que en ocasiones han preguntado a las víctimas lo que no tenían que preguntar, pero a la vez les deja un margen de interpretación mayor a la hora de imponer las penas que la reforma que plantea el PSOE, más compartimentada y cerrada”. El jurista también destaca que ERC introduce otras circunstancias agravantes en su propuesta de reforma del artículo 180 del Código Penal, como el hecho de que para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera “prevalido de su condición de funcionario público, personal público o agente de cualquier organismo institución pública” o que hubiera registrado la agresión “mediante dispositivos tecnológicos”.

La reforma que finalmente vea la luz, en todo caso, no afectará a las rebajas y excarcelaciones ya acordadas, sino a los delitos que se cometan una vez que entre en vigor la modificación que se acuerde finalmente en el Congreso.