Europa discute cómo se jubilan sus ciudadanos | Economía

La demografía condiciona los grandes debates en Europa. La creciente esperanza de vida en la UE (77,6 años en 2001 y 80,1 en 2021) y la menguada natalidad (1,57 nacimientos de media por mujer en 2010, frente a los 1,5 de 2020) son factores claves al analizar la falta de mano de obra en algunos sectores o los cambios de consumo. Pero, quizá, el asunto más afectado por esta pinza demográfica —que sufre en mayor o menor medida todo el continente— sean las pensiones, el pilar más robusto del Estado de bienestar. Los mayores de 65 años representaban en 2019 el 20,4% de la población de la UE y la Comisión Europea estima que en 2050 serán el 29,6%. Ante estas cifras, la intensa conversación pública sobre las pensiones lleva varios años instalada en Europa, pero en los últimos meses han aumentado los decibelios.

El epicentro del debate se ha instalado en Francia, donde el Gobierno plantea un alza de la edad de retiro laboral, de 62 a 64 años. La propuesta está encontrando muchísima contestación política y popular, en el país que durante décadas ha sido el paradigma de jubilación temprana, el espejo en el que se querían mirar otras naciones. El sábado hubo una nueva manifestación multitudinaria. Con menor trifulca, también se discute sobre pensiones en España: el Gobierno negocia la última fase de los cambios comprometidos con la UE, con el alza del periodo de cómputo como principal escollo.

La reforma de las pensiones empezó hace años, coincidiendo en varios países europeos con la Gran Recesión. “En Europa, en la crisis anterior, incrementar la edad de jubilación fue un objetivo claro, y los países la aumentaron. Por eso la norma más extendida es ir hacia los 67 años. Que la subida de edad sigue encima de la mesa en el debate europeo es evidente”, explica Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Coincide en este análisis Carlos García de Cortázar y Nebreda, vicepresidente de la Asociación Española de Salud y Seguridad Social, especializado en la reforma de las pensiones en Europa: “Todos los países europeos incrementaron o están incrementando la edad de jubilación”. Tras la debacle de 2008, España aprobó el aumento hasta los 67 años (progresivamente hasta 2027) para los que no hayan cotizado suficiente —este año se exigen 37 años y 9 meses para jubilarse a los 66 años y 4 meses—. “Hay una convergencia silente, todos en línea para aumentar la edad. Es una carrera”, añade García de Cortázar, que incide en el reto presente y a futuro para el sistema por la jubilación de la generación del baby boom. La edad media de jubilación en España, en julio de 2022, era de 64,8 años, por debajo de la edad legal establecida.

Cada país corre por su cuenta, ya que la UE no tiene competencias sobre el sistema de pensiones de los países. Sí vigila que las cuentas cuadren, y por ello condiciona fondos a ciertas reformas, pero no hay una política común. Es más, el funcionamiento de partida difiere tanto por países que una integración, según los expertos consultados, podría ser contraproducente. “Los sistemas son distintos, ni mejores ni peores. Y la migración de un sistema a otro es muy compleja. Por ejemplo, estamos ahora con el conflicto en Francia, que realmente se centra en la mitad de la pensión, porque la otra mitad viene de un sistema mutual. El sistema holandés es el que más cobertura da de toda Europa, pero significa construir un sistema complementario generalizado. Eso, aparte de anticonstitucional en España, significaría unos costes de transición enormes”, explica Bravo. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social lanzan un mensaje parecido: “Como cada país tiene tradiciones muy diferentes, en las que la Seguridad Social de cada Estado alcanza a veces ámbitos muy diversos (en algunos países, incluye la sanidad o el desempleo), un intento de avanzar en una política común probablemente sería muy disruptivo y muy contestado. Lo importante es trabajar para que estos sistemas coexistan en el seno de un mercado de trabajo europeo, y asegurar que sean sólidos, sostenibles y equitativos”.

“No hay en realidad un modelo común europeo de pensiones, y aunque el de algunos países se parece al nuestro, hay otros muy alejados: por ejemplo, aquellos que plantean pensiones públicas muy básicas complementadas por pensiones privadas, o los que utilizan el modelo de cuentas virtuales individuales”, añaden fuentes de Seguridad Social. También hay diferencias en la edad efectiva de retiro, en el periodo de cómputo, en los años cotizados que exige cada país o en los ajustes automáticos de cada sistema, como señala Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research: “De los 27 países que integran la UE, 14 aplican mecanismos en los que la cuantía inicial de la pensión está vinculada a la esperanza de vida o al valor actual de una renta vitalicia, la edad de jubilación depende de esa esperanza de vida y la revalorización de la cuantía de variables demográficas, económicas o de la situación financiera del sistema. Algunos de estos países aplican simultáneamente dos o incluso tres de estos mecanismos de ajuste”. Saca estas conclusiones a partir de un estudio que desarrolló el año pasado, Los sistemas de pensiones de reparto en el contexto demográfico actual: España y la UE.

Ese crisol organizativo desemboca en niveles de cobertura dispares y, además, impactos diferentes en las cuentas públicas. España gastó en 2019 un 12,7% de su PIB en pensiones, en línea con la media de la UE ponderada por PIB y dos puntos por encima de la media simple, del 10,4%, según el reciente informe del Banco de España El gasto en pensiones en España en comparativa europea. Hay países que comparativamente gastan mucho más, como Grecia (16,1%), Italia (15,9%) o Francia (14,7%), mientras que a la cola se encuentra Irlanda (5%). “Utilizando las proyecciones realizadas por la Comisión Europea, se observa que, en los países con algún mecanismo de ajuste, el aumento de gasto en pensiones entre 2019 y 2050 es de 0,1 puntos porcentuales del PIB. Por el contrario, en los países sin mecanismos de ajuste este incremento previsto es de 3,3 puntos porcentuales”, añade Doménech. España está entre los países sin esas herramientas automáticas.

“En lo que se refiere al número de beneficiarios del sistema de pensiones, España presenta niveles sustancialmente más bajos que el resto de los países de la UE, con las excepciones de Grecia y Malta, lo que produce una presión a la baja considerable sobre el gasto en pensiones”, indica el estudio del Banco de España. Esto se debe, según los expertos, a que España exige más años cotizados que otros países europeos para acceder a una jubilación completa. Por ello, aunque sea el tercer país de la UE con menor diferencia entre el salario y la pensión media (solo por detrás de Italia y Grecia), la presión del sistema sobre las cuentas públicas es menor que en otros Estados. “Las pensiones en España son inferiores a las de otros países porque nuestra productividad también lo es”, complementa el responsable de Análisis Económico de BBVA Research. Otro problema estructural de España, además del alto nivel de desempleo con el consecuente efecto en las cotizaciones, es la expulsión endémica de trabajadores del mercado laboral a partir de los 55 años, lo que mengua sus prestaciones.

En estos momentos el Gobierno se encuentra en la fase final de la negociación sobre la nueva reforma del sistema de pensiones. El periodo de cómputo (los últimos años de vida laboral sobre los que se calcula la cuantía de la pensión) es el elefante en la habitación: el Ejecutivo propone pasar de los 25 años actuales a 30, pudiendo descartar los dos de menor cotización. Esa es la propuesta del ministerio competente, el de Seguridad Social, pero es rechazada por Unidas Podemos. “Si no tienes una posición cerrada dentro del Gobierno, y no la tienen, por mucho que el ministro Escrivá se empeñe en que sí, y tampoco en sede parlamentaria, ¿por qué te empeñas en traer a la mesa de negociación algo que no tiene recorrido?”, comenta Bravo, negociador por parte de CC OO en esta materia. Indica que no hay reuniones formales desde “hace algo más de dos meses”.

Fuentes de Seguridad Social justifican su propuesta: “La idea es que en el cálculo de la pensión se refleje de forma fidedigna y equitativa la evolución de las carreras de las personas, para asegurar que se cumpla el principio de contributividad y que el sistema no trate de manera diferente a los que no han podido contribuir en diferentes fases de su vida laboral. La mayoría de los países europeos han considerado que esto se hace bien haciendo coincidir el periodo de cómputo con toda la carrera profesional. Nosotros creemos que lo razonable es que la regla de periodo de cómputo se modernice para adecuarse a una realidad laboral diferente a la del pasado, con carreras menos lineales, y en las que por tanto los trabajadores pueden estar expuestos a brechas de cotización. Por eso, la filosofía de la norma es extender ligeramente los años de cotización considerados y permitir eliminar de la regla de cálculo los peores años de cotización”.

Los esfuerzos del Ejecutivo en los últimos meses se centran en conseguir más ingresos para garantizar la sostenibilidad del sistema, después de haber aumentado un 8,5% las pensiones este año para compensar la inflación. Ese es el objetivo de fondo tras la reforma de las cuotas de autónomos (para que coticen por sus ingresos reales) o el aumento de las bases máximas que se está negociando, entre otras medidas. Bravo incide, además, en la importancia de que crezcan los salarios para contribuir a esa sostenibilidad: “La subida del SMI [salario mínimo interprofesional] va a ayudar”. “Uno de los grandes problemas de las pensiones en España es que los salarios son muy bajos”, finaliza García de Cortázar. A continuación se detalla brevemente cómo funciona el sistema de pensiones en otros países europeos.

Alemania

Alemania está en pleno proceso de elevar la edad oficial de jubilación de los 65 años hasta los 67, que deberán cumplir los nacidos después de 1964. Actualmente los trabajadores empiezan a cobrar la pensión a los 65 años y 10 meses, aunque hay distintas excepciones y es posible jubilarse antes asumiendo deducciones en la pensión, a partir de los 63 años y si se han cotizado un mínimo de 35 (pierde un 3,6% anual: alguien que debería jubilarse a los 67 pero lo hace a los 64 pierde el 14,4%). También es posible jubilarse después. Por cada año extra, las prestaciones se incrementan un 6%. La cuantía de la pensión se calcula mediante un sistema de puntos en función de los años trabajados (a partir de un mínimo de cinco), la edad y los ingresos medios. La pensión media en 2022 fue de 1.467 euros mensuales.

En el sistema alemán, la población en edad de trabajar paga las pensiones actuales, pero el envejecimiento reduce la proporción a marchas forzadas: en 1991 había cuatro trabajadores por pensionista; en 2020 menos de tres y en 2030 se calcula que habrá menos de dos. Se habla constantemente de la necesidad de una reforma, pero todos los partidos son muy reacios tanto a recortar las pensiones como a aumentar las cotizaciones. El mes pasado, el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, propuso crear un gran fondo soberano para invertir en renta variable, renta fija y materias primas y contribuir al sostenimiento de las pensiones con los rendimientos obtenidos. El aporte sería de 10.000 millones al año. Por ahora es solo una propuesta que no tiene el visto bueno de los socios de coalición, socialdemócratas y verdes.

Italia

La reforma de la ley de pensiones ha estado encima de la mesa de todos los últimos gobiernos, que han jugado electoralmente con la edad de jubilación. La que pretendía llevar a cabo el Gobierno de Meloni no se ha podido ejecutar de forma completa. En la última ley de presupuestos se introdujo la llamada cuota 103, una cifra que se obtiene de sumar los dos números que permiten la jubilación más temprana: 41 años de cotización y 62 años de edad. Sin embargo, el Ejecutivo pretende eliminar el año que viene la edad mínima para recibir la pensión de jubilación y fijar solo el baremo de los años cotizados. El nuevo modelo, bautizado como 41 y previsto para 2024, estaría dedicado a los trabajadores precoces que comenzaron su historia laboral antes de los 18 años. Las pensiones más bajas se sitúan actualmente en 571,63 euros, mientras que el máximo está cifrado en 2.815.

Reino Unido

El sistema público de pensiones británico arrastra desde hace años la fama de ser el peor y el menos generoso de toda Europa. La explicación reside en la prevalencia otorgada en las últimas décadas a los fondos privados de pensiones, y en el hecho de que el llamado State Pension System (Sistema de Pensiones del Estado) aporta a todos los ciudadanos por igual la misma cantidad respecto a los años cotizados (al margen del nivel salarial).

La cantidad máxima que cualquier ciudadano puede obtener sería de unos 940 euros mensuales, y para ello deberá haber cotizado durante 35 años. No podrá empezar a cobrar hasta cumplir los 66 años. El mínimo que se puede comenzar a cobrar es de casi 230 euros, y requiere haber trabajado al menos 10 años. La mayoría de los trabajadores británicos complementan con un fondo privado de pensiones, bien a través de las empresas que los contratan, o ellos mismo si son autónomos, los planes para su futura jubilación.

El Gobierno británico aprobó en 2010 el llamado “triple cerrojo”, una disposición legal que garantizaba la subida de las pensiones públicas de acuerdo a la cifra más alta de tres posibles: el IPC, la subida salarial media del país o un 2,5%. El año pasado se suspendió su aplicación, después de que 2021 registrara un aumento de las nóminas del 8,3%. El Partido Conservador, que se había comprometido a respetar el triple cerrojo en su programa electoral de 2019, ha decidido recuperar la norma por puro interés electoral.

Portugal

La edad de jubilación en Portugal cambia cada año. Esta modificación se adoptó en 2014. A partir de ese año, se vinculó a la evolución de la esperanza media de vida a los 65 años, lo que significó un retraso en la edad de jubilación en paralelo a la mejora de los indicadores de longevidad. Esta tendencia, sin embargo, se ha frenado con la alta tasa de mortalidad asociada a la pandemia, de forma que por primera vez en una década la edad de jubilación se ha rebajado en dos meses respecto a 2022 y se ha fijado en 66 años y cuatro meses para 2023 y 2024. La norma cuenta con numerosas excepciones, como los trabajadores con 46 años de cotización o los parados de larga duración que pueden anticipar el retiro. La última de ellas, aprobada recientemente, es la que permite anticipar a los 60 años la jubilación a las personas con discapacidad sin sufrir penalizaciones en el importe.

Para calcular la pensión se tienen en cuenta los años y las cuantías cotizadas y, para quienes deseen adelantarla, se aplica un factor de sostenibilidad, una fórmula que resulta de dividir la esperanza media de vida a los 65 años en 2000 entre la existente en el año anterior a la jubilación de la persona interesada. Se exige haber cotizado un mínimo de 15 años para jubilarse, que pueden ser discontinuos. En 2023 las pensiones se han revalorizado en un 4,83%, muy por debajo de la inflación del año anterior en Portugal, que se situó en el 7,8%. Además, hay una gran desigualdad entre lo que cobran los jubilados del sector privado y los del público. Mientras que la pensión media fue de 510,63 euros para los primeros, alcanzó los 1.341,94 para los segundos en 2020. En junio de 2022 el Gobierno portugués creó una comisión para estudiar la sostenibilidad de la Seguridad Social, que deberá entregar sus conclusiones antes del verano.

Bélgica

El próximo pago del plan de recuperación depende de la reforma de las pensiones. La Comisión Europea tiene que examinar lo que el Gobierno le ha dejado ver hasta ahora. Y el Ejecutivo de coalición, en desacuerdo, tiene que renegociar internamente. No, no es España. Se trata de Bélgica, que todavía no ha visto un euro de su plan de recuperación y ni siquiera ha hecho la petición formal del primer pago, entre 850 millones y 900 millones de euros. La reforma de su sistema de pensiones juega un papel clave en este punto y las similitudes con España siguen: la edad de jubilación se está retrasando, llegará a 67 años en 2030; el retiro antes de la edad legal se ha endurecido hace poco; y la previsión es que la presión demográfica crezca y ponga en aprietos las cuentas públicas —el gasto alcanzará el 15,2% del PIB en 2059, en un país con una elevada deuda pública—.

Para solucionar el problema, el Gobierno del liberal Alexander de Croo, compuesto por siete partidos, acordó con la Comisión una reforma del primer pilar de su sistema de pensiones, es decir, la correspondiente a las prestaciones públicas. El objetivo explícito es asegurar la sostenibilidad financiera y social del sistema. Esto último quiere decir que todas las pensiones sean dignas. De ahí que se plantee aumentar la solidaridad. Aquí encaja, por ejemplo, una medida que se plantea el Ejecutivo de coalición que es eliminar un complemento que tienen todas las pensiones, excepto las más bajas. También se prevé incentivar la permanencia en el puesto de trabajo o la convergencia de los diferentes sistemas de cotización (asalariados del sector privado, funcionarios, autónomos…). En 2024 la pensión mínima en Bélgica será de 1.500 euros para aquellos que tengan una carrera completa de cotización, un total de 45 años.

Países Bajos

En Países Bajos hay más de 3,5 millones de pensionistas, casi seis millones de trabajadores que ahorran para su jubilación y 1.500 millones de euros en activos de pensiones, según el Gobierno. El sistema está sustentado en tres pilares: la pensión básica del Estado, los fondos colectivos ligados a las empresas y los acuerdos privados con bancos o aseguradoras. En 2023, la edad de la jubilación empezará a contar a partir de los 66 años y 10 meses. Desde 2024, y de forma gradual hasta 2025, aumentará hasta llegar a los 67 años. Remitida por el Banco de Seguros Sociales (SVB, en sus siglas neerlandesas), la pensión básica estatal equivale al 70% del salario mínimo bruto, que está cifrado en 1.934 euros a partir del 1 de enero de 2023 (antes eran 1.756 euros, desde los 21 años).

La nueva ley de pensiones, cuya entrada en vigor está prevista para julio, modifica la gestión de los fondos colectivos de pensiones. Hay más de 200 de estas organizaciones, que almacenan todos sus activos en una sola caja, con poco margen de maniobra para compensar por la inflación. Con la nueva norma, cada persona tendrá su propia hucha, cuyo monto dependerá de dos factores: sus contribuciones y las fluctuaciones del mercado de valores, aunque la pensión está garantizada porque la prima no varía. Como el cambio afectará de forma distinta a los futuros pensionistas —habrá un periodo de transición hasta 2027—, el Banco Nacional supervisará una distribución equitativa del dinero. El tercer pilar de las pensiones se centra en los acuerdos con fondos de carácter privado, contratados por autónomos y por los trabajadores de compañías que carecen de fondos colectivos.