Mohamed Said Badaoui, el líder islámico residente en Reus (Tarragona) a quien la Policía Nacional acusa de ser un peligro para la seguridad nacional por participar en actividades “proyihadistas”, como captar a menores vulnerables de origen marroquí, ha sido expulsado de España, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales. Estas indican que Mohamed Said, destacado líder de la comunidad islámica en Cataluña, se encuentra ya en Marruecos después de pasar semanas en un centro para extranjeros. Fue arrestado el 19 de octubre y, durante este tiempo de estancia en un CIE, ha recibido la visita de representantes de ONG y asociaciones de derechos humanos. Tras su arresto, el Parlamento de Cataluña aprobó, con los votos de los partidos independentistas y de En Comú Podem, una resolución de apoyo a Badaoui en la que negaban su vinculación con el yihadismo y atribuían la operación a la “represión política e islamofobia por parte del Estado”.
Fuentes de la defensa del líder islámico daban este sábado por hecha su expulsión a pesar de no tener la confirmación oficial y no haber podido contactar con él. También sospechaban que ha sido igualmente deportado Amarouch Azbir, líder islámico en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
ERC, CUP, Junts y Unidas Podemos-En Comú Podem denunciaron el 19 de octubre que Mohamed Said es víctima de “represión política mediante la Ley de Extranjería”. El PSC de Reus también mostró su apoyo al líder islámico. Todos esos partidos instaron a la Generalitat de Cataluña a “activar todas las herramientas administrativas, jurídicas y diplomáticas para velar por sus derechos”. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el 20 de octubre suspender la expulsión. La Policía perfila a Badaoui como “uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo”, responsable del “aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso”.
La decisión de la Audiencia Nacional afectó también a Amarouch Azbir, arrestado bajo la misma acusación de ser un peligro para la seguridad nacional. Los jueces desestimaron las medidas cautelarísimas solicitadas por ambos contra la resolución dictada el pasado 14 de septiembre por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior, que acordaba su expulsión del territorio nacional y les prohibía volver en diez años.
En el caso de Badaoui, la Sala recordaba que la decisión de Interior se basa en una denuncia de la Comisaría General de Información donde se avisa de “su radicalismo ideológico”, mencionando específicamente el “adoctrinamiento” en su comunidad mediante la difusión de “postulados proyihadistas” y alertando de sus “vinculaciones con individuos radicales relacionados con el terrorismo”.
Detalla que Said se ha dedicado “durante años” a las actividades de “proselitismo y reclutamiento, especialmente con los colectivos más vulnerables y manipulables, prestando especial atención a los menores, en concreto a los menores no acompañados, principalmente de origen marroquí, adoctrinándoles en el salafismo más radical”. También se habría dedicado a fomentar” el victimismo y la occidentalofobia”.
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Con todo, la Sala considera que en este caso concreto deben prevalecer los intereses de “carácter general” frente a los de tipo personal, por cuanto se le achaca “una infracción muy grave prevista en el artículo54.1.a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que tipifica como tal participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países”.
Los magistrados recalcan que el rechazo de las medidas cautelarísimas no impide que los recursos formulados sigan su curso en la Audiencia Nacional. Para la Sala, su eventual expulsión no causará un daño irreparable,aunque sí de “difícil reparación”, ya que si finalmente la Justicia da la razón a Said y Azbir “ningún obstáculo se advierte en el retorno a nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados”.
Cabe recordar que Said fue detenido el martes por parte de la Policía Nacional junto a otro líder de la comunidad islámica de Cataluña tras abrirles un expediente de expulsión, después del informe de los servicios de información que decretó su expulsión del país por “suponer una amenaza para la seguridad nacional” por presunta radicalidad ideológica.
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