Feijóo eleva a Bruselas el altavoz de la oposición | España

No dejar ni una sola batalla por dar. Esta declaración de intenciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la suscriben, sin necesidad de proclamarla, todos los partidos ante las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. El PSOE no contaba con que la gresca se desarrollara también en las instituciones europeas. Este miércoles el Partido Popular Europeo lleva al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo un debate con el título: “Proteger el Estado de derecho contra la impunidad de España”.

Por fin, el PP ha conseguido que el PPE, presidido por el alemán, Manfred Weber, dedique el tema monográfico del mes sobre asuntos de actualidad a las reformas penales del Gobierno español; tanto la ley del solo sí es sí, como la supresión del delito de sedición y a la reforma de la malversación. Una hora para que los populares se explayen contra el Gobierno ante todos los grupos europeos con la idea fuerza de que España camina hacia el autoritarismo porque Sánchez, muy personalizado, avanza hacia “la ocupación” de los tres poderes. Lo dicen en el Congreso y en el Senado; en las cámaras territoriales y, ahora, aunque ya hay precedentes, y, sobre todo, intentos, muchas veces frustrados, en el Parlamento Europeo. El Gobierno ha tratado de evitar el enfrentamiento nacional en Bruselas y Estrasburgo. Desde este miércoles los socialistas no podrán eludirlo.

No hay dudas en el Ejecutivo de las intenciones del PP después de cómo se desarrolló la comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, ante la comisión de Libertades de la eurocámara, que preside el socialista español, Juan Fernando López Aguilar. La no renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por la negativa del PP a hacerlo, cuatro años después de haber vencido su mandato, es obviado por los eurodiputados españoles del PP que ponen el foco en las reacciones del Gobierno al bloqueo; entre otras, legislar para no permitir a los vocales hacer nombramientos. El forcejeo del jueves causó desconcierto, cuando no enojo, de eurodiputados de otras nacionalidades de las familias socialdemócrata y liberal, al asistir a una pelea interna entre partidos de un país miembro. La ministra Llop trató de aclarar cuál es el sistema de elección actual de los miembros del Consejo y aseguró que si el PP ponía los nombres, ampliamente debatidos e incluso acordados, sobre la mesa, la renovación se produciría en minutos. Todo muy de casa para el gusto del resto de los miembros europeos.

Ese debate fue el entrante del menú que se expondrá este miércoles. Los socialistas son conscientes de que para muchos eurodiputados las acusaciones de supuestas intenciones del Gobierno de España de dañar el Estado de derecho evocan a Hungría y Polonia. Hace dos años, el Parlamento Europeo votó una resolución por la que se instaba a una vigilancia estricta de esos dos países ante el estruendo de las alarmas por falta de escrúpulo democrático de sus gobiernos con las instituciones. El PPE votó mayoritariamente a favor, pero no así el grupo popular español. El 57% de las leyes aprobadas en España el año pasado obedecen a directivas y decisiones europeas, según un estudio del Parlamento Europeo. Estos números permiten al Gobierno apuntar a la clara identificación e influencia de la política europea en España y, hasta ahora, desdeñar la estrategia doméstica del PP en las instituciones europeas.

Si los socialistas tienen prestigio e influencia acreditada en Europa —la española Iratxe García preside el grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas— los populares mueven sus hilos con destreza como miembros del otro gran grupo, el PPE, de las familias políticas europeas. “No hemos recibido ningún apoyo del PP en las negociaciones europeas que tanto bien han hecho al país y al interés común de todos los socios”, se quejan fuentes socialistas.

Reveses judiciales

Los parabienes que recibe el Gobierno de España y su presidente en distintos campos son compatibles con los reveses judiciales. Tanto por la aplicación de la ley del solo sí es sí, y el chorro de rebajas de condenas a agresores sexuales, como por la desactivación de las reformas de los delitos de sedición y malversación. El auto del juez Pablo Llarena puede conllevar que la intención del Gobierno de evitar las condenas de las decenas de imputados por el procés, con implicación mucho menor que los condenados e indultados, acabe en fiasco. El Ejecutivo no oculta que ese era su propósito para pasar página del procés y reconoce los riesgos de que una parte importante de potenciales electores les dé la espalda. Ese es el objetivo del PP en las elecciones generales pero antes en las locales y autonómicas de mayo. Sin llevar el asunto a Bruselas, el Gobierno con sus atribuciones impedirá al de Castilla y León que intercepte la ley de interrupción del embarazo. El secretario de organización del PSOE y responsable de la campaña, Santos Cerdán, anunció ayer la puesta en marcha de un comité de respuesta “contra bulos, mentiras y desinformación”.