Fèlix Millet Tusell, fallecido el pasado miércoles a los 87 años, siempre fue un ciudadano por encima de toda sospecha. Venía avalado por una trayectoria canónica como cachorro de esa burguesía catalana que huyó a Burgos durante la Guerra Civil, cuando le peligraba la vida y la cartera, y que bajo la dictadura franquista trató de avivar los rescoldos de la cultura catalana. Por eso cuando el 23 de julio de 2009 los Mossos irrumpieron en el Palau de la Música por orden de la Fiscalía Anticorrupción era como si de pronto las trompetas del apocalipsis anunciaran el fin de los tiempos. No en vano Millet ostentaba reconocimientos como caballero de la Orden de Isabel la Católica, contaba con la Clau de Barcelona, y tenía en su poder la Creu de Sant Jordi. Y todo ello a pesar de que avisados estábamos. En 1983 estuvo dos semanas en prisión preventiva por un delito de estafa en relación con la inmobiliaria Renta Catalana. Un año después todo se liquidaría con dos meses de cárcel y la imposición de una multa de 30.000 pesetas. Ni las advertencias de la Sindicatura de Cuentas ni sus antecedentes judiciales fueron capaces de arrojar sombra de duda sobre uno de los nuestros, quizás porque vino al mundo el día de la Inmaculada Concepción de 1935.
Aficionado a la música y singularmente al jazz, inició su singladura empresarial en la Compañía Agrícola Industrial de Fernando Poo (Caifer), una de las muchas que, como el Banco Popular, presidía su padre. El joven Millet, también sobrino nieto del fundador del Orfeó Català, además de perito agrícola tocaba la guitarra y el saxo. En Guinea, según cuentan las crónicas, amenizaba las noches coloniales como integrante del grupo Banana boys. Fernando Poo y Río Muni no eran territorios extraños al apellido Millet. Ya en la primera mitad del siglo XX, un tal Francesc Millet –alcalde de Santa Isabel y cuyo parentesco con el expoliador de Palau de la Música no está suficientemente contrastado– contrató al teniente de la Guardia Civil Francisco Ayala para obtener por métodos muy poco ortodoxos mano de obra barata en las plantaciones, tal como relata el libro El petit imperi. Catalans en la colonització de la Guinea Espanyola. Los negocios en ultramar han sido a menudo así. Todo acabó en 1968 con la independencia. Millet volvió al viejo continente y se introdujo –tras estudiar dirección de empresas en IESE– en el tejido especulativo catalán. Cuando se produjo su procesamiento por el caso Renta Catalana, él ya presidía el Orfeó Català, cargo que ostentó durante más de 30 años. Allí actuó como gran conseguidor de financiación para Convergència y, por supuesto, en beneficio propio. El saxofonista de los Banana Boys se convirtió en un gran conducto de liquidez para el partido de Jordi Pujol. Él solucionaba cualquier problema. Àngel Colom recibió –por parte de un alto dirigente de CDC– la indicación de acudir a Millet para pagar unos 150.000 euros, la deuda del Partit per la Independència (PI), en vías de extinción.
El presidente del Orfeó Català era una vía de financiación para el partido de Pujol. El caso Palau muestra como Convergència se abastecía de comisiones ilegales canalizadas por el melómano Millerty pagadas por los ahora “holandeses” de Ferrovial por obtención de obra pública. La sentencia afirma que CDC obtuvo 6,6 millones de euros. El expolio, sin embargo, podría ascender a 35 millones de euros, según el sumario. Millet tampoco reparaba en gastos: vacaciones en países exóticos, obras en el domicilio… En junio de 2002 cargó la fiesta de la boda de su hija Clara al Palau, aunque cobró a sus consuegros la mitad de los más de 80.000 euros que había costado la celebración. Argent de poche comparado con el montante global del expolio.
A pesar de definirse como nacionalista catalán, Millet era un pragmático y al obtener jugosas aportaciones del Gobierno central para el Palau, agradecido, no dudó en incorporarse en 2003 al patronato del instituto Cataluña Futuro, sección regional de la FAES aznarista.
Unos años después estalló todo. Los que lo sabían todo trataron de entorpecerlo todo. Jordi Pujol advirtió en 2010 –antes de confesar la existencia de su fortuna oculta en Andorra– de las similitudes entre el caso Banca Catalana y el caso Palau: “En estas cosas yo ya tengo experiencia; al final quedan en nada”. Su delfín, Artur Mas añadió: “Todo esto es una burbuja que quedará en nada; cortadme el cuello si la Generalitat es una Administración corrupta bajo un Gobierno de CiU”. El electorado les debió creer pues ganaron las elecciones de 2010 y Joan Llinares, director general del Palau, dejó su cargo tras un intenso año en el que su actuación a menudo a contracorriente fue crucial para conocer la verdad.
Trece años más tarde, tras diversas cirugías y cambios de nombre, CDC tiene 22 fincas embargadas y el Palau ha recuperado solo 12 millones de euros, la mitad del dinero expoliado por Fèlix Millet y Jordi Montull durante su etapa al frente de la institución. Después de la condena a 9 años y 8 meses que ahora cumplía, Millet ha dejado todavía dos causas pendientes con la justicia por ocultación y desaparición de bienes. No se le puede reprochar su coherencia: hasta el final se ha mantenido fiel a sus principios.
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