Los franceses protestan este jueves contra la reforma de las pensiones por última vez antes de que el Consejo Constitucional, el equivalente del Tribunal Constitucional, emita el viernes su veredicto. Los sindicatos esperan una afluencia menor en la duodécima jornada de manifestaciones y huelgas contra la ley que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, adoptada ya por el Parlamento tras un agitado proceso legislativo y una movilización en las calles.
El número de manifestantes no ha dejado de bajar desde la convocatoria de hace tres semanas, que llegó justo después de que el Gobierno impusiese por decreto la reforma y más tarde superase por solo nueve votos una moción de censura. La semana pasada, salieron a las calles de ciudades y pueblos de Francia 570.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior, y casi dos millones según el sindicato CGT. Las huelgas también han perdido fuerza. Este jueves afectan parcialmente a sectores como los transportes y la educación, y el sector de la limpieza en París retomará los paros después de haber vuelto al trabajo durante unos días.
Un grupo de huelguistas con pancartas y bengalas de humo rojo ocupó durante unos minutos por la mañana la sede de la marca de lujo LVMH en París. Al inicio de la marcha, la nueva secretaria general del sindicato CGT, Sophie Binet, dijo: “Contrariamente a lo que espera el Gobierno, el movimiento no ha terminado”. La próxima cita podría ser el Primero de Mayo, con motivo de las manifestaciones del Día de los Trabajadores.
Lo que ocurra a partir de ahora dependerá de la decisión del Constitucional, compuesto por nueve sabios –así se conoce a sus miembros– y presidido por el ex primer ministro socialista Laurent Fabius. Entre sus miembros, el tribunal cuenta con otro antiguo jefe de Gobierno, el conservador moderado Alain Juppé.
Si el Constitucional aprueba la ley, o al menos su parte esencial, el presidente, Emmanuel Macron, ya ha anunciado que la promulgará. Su objetivo es pasar página de uno de los periodos más convulsos desde que llegó al poder en 2017. Macron ha propuesto a los sindicatos abrir un diálogo sobre cuestiones como las condiciones laborales o el trabajo de las personas de más edad. Los sindicatos, unidos hasta ahora, deberán decidir qué hacer. Pueden asumir que, pese a las movilizaciones masivas y el apoyo de una mayoría de franceses a su posición, han salido derrotados, y poner fin a las protestas con la reforma.
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El tribunal, sin embargo, puede dejar abierta una vía para mantener viva la movilización, si acepta la iniciativa para convocar un referéndum que fije en 62 años la edad máxima de jubilación. En este caso, las protestas podrían centrarse en pedirle a Macron que deje en suspenso la ley a la espera de que se celebre el referéndum al final de un incierto proceso de más de un año.
Un 62% de franceses apoya el movimiento contra la reforma, según un sondeo del instituto Ifop. Lo significativo es que el nivel de rechazo prácticamente no se ha erosionado desde que el Gobierno presentó la reforma en enero.
La otra opción, este viernes, es que los sabios censuren la ley en su integridad. En este caso, la victoria de los sindicatos y de la oposición de izquierdas y extrema derecha sería rotunda. Y el presidente de la República, un año después de ser reelegido, habría sufrido el mayor revés de su carrera política al ver desautorizada la reforma estrella de su segundo y último mandato.
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