La empresa española Eliminalia ha ingresado en la última década millones de euros por limpiar la reputación en Internet de centenares de condenados e investigados en 54 países por corrupción, blanqueo, abusos sexuales y narcotráfico. Así lo ha acreditado una investigación de la organización de periodistas Forbidden Stories, donde participa EL PAÍS con más de una veintena de medios como The Washington Post, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y Haaretz. Y que revela las tretas de desinformación de esta compañía para aniquilar contenido digital. El empleo de webs falsas o el uso fraudulento de leyes para proteger la propiedad intelectual son sus armas principales.
Un centenar de reporteros ha analizado una filtración de 50.000 documentos que incluye contratos, pasaportes, contenidos a borrar y tarifas abonadas por cerca de 1.500 usuarios. La iniciativa se enmarca en el proyecto Story killers (exterminadores de reportajes, en inglés), que desgrana la industria de la desinformación.
La relación de clientes de Eliminalia en Latinoamérica contempla a más de 400 ciudadanos y empresas. México (159 usuarios), Colombia (73), Argentina (51) y Perú (32) encabezan la lista. Una nómina que abarca desde exgobernadores atenazados por la corrupción, como el priista mexicano de Veracruz Javier Duarte, a médicos con un tenebroso pasado vinculado a la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), el brazo represor de la dictadura del general chileno Augusto Pinochet (1973-1990), como Hernán Horacio Taricco Lavin. Hay también familiares de dirigentes chavistas sobornados presuntamente por la constructora brasileña Odebrecht, como María Eugenia Baptista Zacarías, esposa del exministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela Haiman El Troudi, y empresarios señalados por blanquear para el cartel mexicano de Los Zetas. Es el caso de Miguel Ángel Colorado Cessa.
Bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, Eliminalia ha maniobrado para borrar las huellas digitales de una compañía italiana multada por vender sistemas de espionaje al régimen sirio (Area Spa) y un banco suizo que acogió las fortunas inconfesables de presuntos blanqueadores venezolanos (CBH Compagnie Bancaire Helvétique). Dos portales de periodismo de investigación, Maka Angola y The Elephant, se situaron también en la mirilla de esta empresa que esgrime el eslogan “borramos tu pasado”.
Las tarifas que desembolsan políticos, narcotraficantes, abusadores sexuales, delincuentes de cuello blanco y empresarios en apuros por evaporar su pasado digital oscilan entre los 500 dólares por una web ―según un contrato de 2018― a 427.584. La factura depende de los artículos a neutralizar y su complejidad.
Para conseguir su propósito, la firma recurre a distintas tácticas de desinformación. Una es el envío a buscadores y compañías de alojamiento web de peticiones que denuncian la falsa vulneración de derechos de autor. Entre 2015 y 2021, Eliminalia remitió miles de estos requerimientos fraudulentos con el argumento de que afectaban a información ya publicada. Y recurrió a sociedades pantalla para ocultar su rastro.
Otro plan para evaporar contenido no deseado consiste en engañar al algoritmo de buscadores como Google para que posicione mejor noticias creadas ad hoc por Eliminalia en webs falsas. Se trata de artículos que destacan supuestas bondades de los clientes y que entierran en internet la información a marginar.
Eliminalia recurre para este cometido a una telaraña de 600 webs que controla a través de su compañía de Florida (EE. UU.) Maidan Holding, según el analista técnico Tord Lundstrom. Decenas de portales fraudulentos con apariencia real como Le Monde France, London New Times, y CNNEWS Today han alojado noticias sobre clientes de la compañía.
Fundada en 2013 por Diego (Didac) Sánchez Jiménez, un treintañero que se presenta como emprendedor “hecho a sí mismo” y que es autor del libro “El secreto del éxito”, Eliminalia ha extendido su red por 12 países. Italia, Suiza, Turquía, EE. UU. conforman parte de un organigrama que tiene uno de sus cuarteles generales en Tbilisi (Georgia), donde la compañía trasladó su sede de Kiev en febrero de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.
Junto a Sánchez, el estratega del negocio es José María Hill Prados, de 62 años. Fundador de la organización de acogida de niños rusos Padres para Siempre, este empresario pasa por ser el cerebro de la expansión internacional. Los servicios de inteligencia españoles enmarcan la elección de Ucrania como epicentro de operaciones de Eliminalia hasta el pasado año en una finalidad económica. “Ucrania es un país donde los controles de lavado de dinero son casi inexistentes”, señalan.
A través de madejas societarias, el fundador de Eliminalia controla varias compañías con su socio Hill Prados, que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a ocho años de prisión por abusar de un menor en 2005.
Sánchez y Hill Prados han declinado atender a los periodistas del consorcio. El despacho de abogados de París Montmartre, representado por los letrados David y Pascal Winter, señala que “la mayoría de las preguntas remitidas a Eliminalia afectan al secreto profesional o a una solicitud de información sobre clientes de la que no pueden responder”.
Con unos ingresos declarados en 2021 de 791.110 euros, frente a los 1,7 millones del año anterior, la sociedad con la que opera la compañía en España (Eliminalia 2013 S. L.) cambió el pasado 20 de enero su denominación. Justo cuando encaraba la recta final esta investigación periodística. Idata Protection S. L. es su nuevo nombre, según el registro mercantil.
En la silenciosa planta de un edificio de negocios de la vía comercial barcelonesa de la Avenida Portal de l’Àngel, un rótulo daba cuenta de esta modificación. “La empresa se llama Idata Protection, pero pertenecemos a Eliminalia”, explica a EL PAÍS una de las tres empleadas de la pequeña oficina. Otra trabajadora confirma por teléfono que la empresa se dedica ahora a la protección de datos y que Sánchez no se encuentra en Barcelona.
Estos son algunos de los clientes más relevantes de Eliminalia en Latinoamérica. Sus fichas incluyen las tarifas que abonaron y el contenido que quisieron aniquilar del ciberespacio.
Javier Duarte
El que fuera entre 2010 y 2016 gobernador de Veracruz -tercer Estado más poblado de México- cumple hoy una pena de nueve años de cárcel por lavado de dinero y asociación delictiva. Este priista, que fue arrestado en 2017 en Guatemala cuando planeaba fugarse, se declaró culpable de corrupción y alcanzó un pacto con la Procuraduría General de la República (PGR), que le atribuía el saqueo de 13 millones de dólares.
Eliminalia recibió el encargo de borrar decenas de informaciones en la red y vídeos de YouTube de Duarte, la mayoría publicados en 2020, en medios y portales como sinembargo.mx, publimetro.com o vanguardia.com.mx. La compañía española cobró por este trabajo 32.000 dólares de la firma Operación y Conservación de carreteras a través del empresario Jaime Antonio Porres Fernández Cavadas, quien ―según el diario El Universal― es amigo de Duarte e hizo negocios durante su mandato en Veracruz. Titulares como “Exhiben hotel y edificios de departamentos de Duarte en España” o “Duarte vendió casa en Estados Unidos a su tío por 10 dólares, según documentos”, figuraron en el radar de Eliminalia.
Pedro Miguel Haces Barba
Antiguo dirigente del PRI y amante de la tauromaquia, el secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) tocó a la puerta de la controvertida empresa española. Haces Barba contrató a Eliminalia por 110.000 ( su ficha no especifica la divisa) para que desaparecieran de la red 300 enlaces de noticias publicadas entre 2019 y 2020. Sus objetivos fueron artículos como “Senador Pedro Haces: fichado por robo y portación de armas” e informaciones que le acusaban de misógino tras asegurar presuntamente que las mujeres “debían de ser menos provocativas con su vestimenta”. El expriista también encargó a la firma española la desindexación de informaciones que le conectaban con el exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
Hernán Horacio Taricco Lavin
Médico vinculado a la DINA, la temida policía política de la dictadura chilena de Augusto Pinochet. En 2020, fue procesado como encubridor por el homicidio en 1977 del cabo del Ejército y exfuncionario de la DINA Manuel Lyton, que fue envenenado con gas sarín. En 2013, la abogada Carmen Hertz, actual diputada, le nombró en una lista de médicos vinculados a la represión, informa Rocío Montes.
Taricco Lavin pagó en agosto de 2019 un total de 5.900 dólares a Eliminalia por desindexar entradas en blogs con titulares como “Médicos, pinochetistas y torturadores”, artículos en memoriaviva.com, que le calificaban de criminal, e informaciones que denunciaban la censura de un programa en la televisión chilena Canal 13 donde se abordaba su presunta conexión con la dictadura. “Héctor Taricco Lavin, parte de un largo historial de médicos torturadores” de Radio Villa Francia, fue una de las informaciones a evaporar.
Miguel Ángel Colorado Cessa
El que fuera candidato del Partido Acción Nacional (PAN) de México en las elecciones federales de 2009 fue señalado como presunto blanqueador de los Zetas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). Y pagó 9.000 dólares a Eliminalia en 2018 por borrar o desindexar de la red 32 enlaces de noticias que le conectaban con el crimen organizado en medios como aristeguinoticias.com, sinembargo.mx o proceso.com.mx.
Seguritech
La empresa mexicana de cámaras de seguridad quiso aniquilar su mala reputación en la red. Una investigación de la revista Proceso reveló en 2018 presuntos fallos en sus dispositivos de vigilancia. La administración de Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de Ciudad de México entre 2012 y 2018, adjudicó a Seguritech un contrato de 125 millones de dólares para proveer 501.000 alarmas vecinales. Los dispositivos se adquirieron por encima del precio de mercado, según el semanario. La firma contrató a Eliminalia por 9.900 dólares para tratar de borrar decenas de artículos como “Seguritech: Servicios deficientes, ganancias millonarias”.
Majed Khalil Majzoub
Empresario próximo al chavismo con intereses en Venezuela, Estados Unidos y Panamá. De origen libanés, el Gobierno de Nicolás Maduro le adjudicó en 2020 la empresa Lácteos los Andes. La compañía había sido expropiada en 2008 por la administración de Hugo Chávez y llegó a formar parte del conglomerado estatal de PDVSA, según Armando.info. En 2004, EE. UU. retiró a este empresario la visa por sus presuntas actividades de blanqueo y conexiones con el radicalismo islámico, según el citado medio. Majed Khalil Majzoub contrató en abril de 2018 a Eliminalia para desindexar noticias en portales como cuentasclarasdigital.org.
Isaac Sultán
Empresario venezolano del comercio marítimo conectado al chavismo que administró los almacenes de Puerto Cabello. A través de un alambicado entramado societario, donde figura la firma luxemburguesa Fimis Holding, adquirió un céntrico edificio de súper lujo en Madrid en 2014 por 28,3 millones y un apartamento en Florida en 2016, según Armando.info. Contrató a Eliminalia en 2019 por 100.000 dólares para tratar de ocultar información.
María Eugenia Baptista Zacarías
Esposa de Haiman El Troudi, ministro de Transporte y Obras Públicas de Venezuela entre 2013 y 2015 y diputado por el Estado de Miranda hasta 2020. El Troudi cobró presuntamente 90 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht mediante una sofisticada pantalla de blanqueo ideada por el Grupo Espíritu Santo y donde figuró su mujer, según Los Papeles de Pandora. En 2013, después de que El Troudi asumiera la cartera ministerial, Baptista Zacarías adquirió por 1,5 millones un apartamento dúplex en el histórico barrio de Chiado de Lisboa, según Armando.info. Eliminalia cobró 30.000 (la factura no especifica la divisa) por tratar de desindexar decenas de informaciones críticas sobre la esposa del exministro que le conectaban con sobornos de Odebrecht en elpais.com, armando.info, reuters.com y aporrea.org.
Joaquín Leal
A sus 30 años, este emprendedor mexicano está considerado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un cómplice en la red de intercambio de petróleo con Venezuela ideada por Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. El empresario fundó con otros dos socios Suministros Sustentables de Energía en México (Sumex), primera empresa privada autorizada para revender electricidad en México. Leal pagó en marzo de 2020 un total de 380 dólares a Eliminalia.
Diego Marynberg
Apodado Maradona, este empresario argentino israelí ha mantenido estrechos vínculos con polémicos magnates venezolanos. Su nombre salió a la luz pública en 2020 en los FinCEN Files, filtración de 2.100 reportes de actividades sospechosas de bancos enviada a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN, por sus siglas en inglés). Según armando.info, la revelación mostró que bancos y autoridades americanas seguían la pista a Marynberg por los movimientos de, al menos, dos empresas: el fondo Adar Latam y la financiera Mercantil Valores. Eliminalia cobró 17.200 (no especifica divisa) para desindexar una treintena de informaciones sobre Marynberg de portales como lanacion.com.ar, elfaro-israel.com o poderypolitica.com.ar.
Wissam Mohamad Nassar
Bajo el alias de William da Pioneer, este empresario libanés fue arrestado en 2021 en Foz de Yguazú (Brasil) por su presunta pertenencia a una red de corrupción infantil. Según el diario paraguayo ABC, pagaba por mantener relaciones sexuales con menores, influencers y youtubers. Mohamad Nassar abonó -al menos- 800 dólares a Eliminalia en octubre de 2020 para que se esfumaran de internet informaciones como “La industria de la explotación sexual infantil tiene un nuevo capítulo” publicada en portalcis.com.br.
James Shasha
Empresario del juego y hoteles residente en Argentina. Pilota la sociedad HCI SA y maneja en este país los casinos Panoramic, Café Central y los hoteles Iguazú Grand y Panoramic Grand, entre otros, según el diario Clarín. A través de L. J. Shasha, el empresario dio poderes en noviembre de 2018 a Eliminalia y pagó 1.500 dólares para tratar de eliminar o desindexar de la red una decena de noticias como “Allanaron casinos y hoteles en la Triple Frontera que estarían vinculados a la organización terroristas Hezbollah” publicada en diariodepocito.com.ar o “James Shasha, a distinguised philanthrope or a terrorist financier?” [James Shasha, ¿un distinguido filántropo o un terrorista financiero?”] en gfatf.org.
Ronald Oswaldo Caballero Cantero
Conocido como Careconi, fue un presunto narco que operó en Paraguay y que trabajó como secretario del capo Pedro Pablo Quevedo Medina, Peter Medina, considerado autor intelectual del atentado que sufrió en 2010 el entonces presidente del Congreso de Paraguay Robert Acevedo. Murió en 2017 con 39 años después de que su camioneta BMWX6 blanca se estrellara contra la pala de un tractor, según el diario paraguayo ABC. Careconi firmó en febrero de 2016 un apoderamiento a favor de Eliminalia para intentar que se evaporaran de la red informaciones como “Caen tres peligrosas personas” del paraguayo ABC.
Germán Trujillo Manrique
Empresario condenado por desviar fondos públicos colombianos del denominado Plan de Alimentación Escolar (PAE), un programa para nutrir en las escuelas a estudiantes. Una sentencia de un juzgado de Bucaramanga (Colombia) acreditó que con el dinero saqueado Trujillo Manrique se compró un apartamento, según El Tiempo. Trujillo Manrique contrató en marzo de 2017 a Eliminalia por 2.549 dólares para desindexar informaciones de eltiempo.com y diariodelhuila.com sobre “el cártel de los alimentos”.
Morris Harf
Fue ministro de Comercio de Colombia bajo la presidencia de Ernesto Samper (1994-1998). Contrató a la firma española en agosto de 2017 para “eliminar contenidos en Google” y 26 enlaces. No hay información sobre el contenido de sus artículos a borrar.
Silvana Relats
Exgerente de un hotel propiedad de los expresidentes de Argentina Kirchner. Falleció de un cáncer en 2018. Pagó en junio de 2017 un total de 2.100 dólares a Eliminalia para que desindexara cuatro artículos como “Caso Relats: la maldición de la administración de los Kirchner”, publicado en www.noticias.perfil.com.
EL PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de todos los clientes de la compañía mencionados en este artículo.
investigacion@elpais.es
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