Germán Larrea, el segundo hombre más rico del país, no se quedará con los brazos cruzados ante el reciente decreto de expropiación que el Gobierno de López Obrador ha lanzado sobre una de sus concesiones férreas y que ha provocado la toma de sus instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas, en Veracruz, desde el pasado viernes. En un paso inusitado para el empresario que siempre ha preferido el bajo perfil, su empresa, Grupo México Transportes, ha declarado este domingo por escrito que ya analiza las acciones ante el decreto de ocupación y la intervención de la Marina en sus instalaciones.
“Grupo México Transportes continúa analizando los alcances y efectos del decreto de ocupación, a fin de determinar las acciones que deba emprender. Al mismo tiempo, y a pesar de la ocupación de sus instalaciones, la empresa seguirá acudiendo de buena fe a la negociación en busca de un buen acuerdo para ambas partes y mantendrá el servicio de calidad a sus clientes mientras el Gobierno federal le permita operar sus trenes y mantener la vía y toda la infraestructura ferroviaria en condiciones óptimas de seguridad y tráfico. De no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá, en definitiva, en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes, y del libre mercado”, zanja la compañía por escrito.
Un trecho de 120 kilómetros férreos en el sureste del país ha abierto una fisura grave entre el magnate mexicano y el Gobierno federal. El presidente López Obrador ordenó mediante un decreto la expropiación de este tramo ferroviario en Coatzacoalcos, Veracruz. Bajo el argumento de que la vía es “de utilidad pública” el Ejecutivo dicto que este tramo, hasta ese día bajo la concesión de Grupo México, pasara a manos de la paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, operada por la Secretaría de Marina. El polémico decreto se emitió el pasado viernes, un día después de liberar otra orden que designa algunas de sus emblemáticas obras, entre ellas el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec como de “seguridad nacional” e “interés público”, un proyecto que requiere precisamente de vía libre en ese tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas.
En su defensa, Grupo México aprovechó la carta para evidencias que la publicación del decreto de expropiación por parte del Gobierno federal les tomó por sorpresa debido a que se encontraban en plena negociación. “Incluso, en la mañana del día 19 de mayo, cuando se sorprendió a la empresa con la publicación del decreto de ocupación en el Diario Oficial y con la entrada de personal armado a los patios ferroviarios, estaban agendadas reuniones de trabajo entre las partes para avanzar en la negociación”, relató la empresa por escrito
La firma no disimula que en estos momentos la negociación se encuentra en una “circunstancia difícil” e incluso, reprocha que a pesar de que en 2022 firmó un acuerdo con las secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, el cual contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa, que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y ellos desembolsaron cientos de millones de pesos en el proyecto, el Gobierno desechó la obra meses después. “La insistencia del Gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía y de los patios, así como que garantice en todo momento las condiciones indispensables de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, entre otros productos” específica.
La controversial orden de expropiación contra Grupo México ha ocurrido en vísperas de que se dé a conocer al nuevo dueño de Banamex, el cuarto banco en el país puesto a la venta por Citi y en cuya puja el nombre de Larrea resuena con más fuerza.
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