La historia de la migración en México escribió este miércoles otra de sus páginas negras. El Instituto Nacional de Migración (INM) localizó a 195 personas, procedentes en su mayoría de Centroamérica, en condiciones de hacinamiento, sin agua ni comida, en un hotel de Apodaca, en el Estado de Nuevo León, según difundió el organismo en un comunicado. Entre ellos, se contaban 13 niños menores de edad que viajaban solos. Todos ellos están ya bajo custodia del Estado, que todavía no ha precisado dónde ni cómo se encuentran en estos momentos, ni si ha sido necesaria la hospitalización de alguno de los afectados.
Una denuncia a la Agencia Estatal de Investigaciones levantó la liebre. El INM, en un operativo conjunto con miembros de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Nuevo León, accedió al lugar y realizó una verificación de identidades. El resultado: 80 personas originarias de Honduras; 38 de El Salvador; 36 de Guatemala; 36 de Nicaragua; una de Cuba; una de Perú, y tres de República Dominicana. Honduras, Guatemala y El Salvador conforman una región conocida como el Triángulo Norte, de donde proceden un alto porcentaje de migrantes, debido a la violencia y la extrema pobreza del lugar. Los perfiles eran variados, había casos de familias que viajaban juntas, así como de hombres y mujeres adultos que lo hacían por su cuenta, además de los 13 niños no acompañados.
La realidad de los migrantes a su paso por México está plagada de violencia y dificultades. Se enfrentan a ser desaparecidos, asaltados, asesinados, reclutados por el crimen organizado en contra de su voluntad o detenidos y apaleados por agentes migratorios, que tratan de contenerlos o deportarlos. Como el 8 de octubre, cuando 652 personas fueron también localizadas en el Estado de Tamaulipas, cruzando el país hacinadas a bordo de tres tráileres sin ventilación, de acuerdo con el INM. 349 eran menores de edad.
O a finales del mismo mes, el día que la Guardia Nacional abrió fuego contra una furgoneta en la que viajaban 13 personas procedentes de Cuba, Haití, Brasil y Ghana. Las balas mataron a dos cubanos e hirieron a otros cuatro pasajeros. “A Cristóbal [uno de los fallecidos] le metieron nueve balazos, lo acribillaron en medio de una lluvia de balas”, relató a este diario uno de los viajeros del vehículo, que también ha denunciado que después del tiroteo, los agentes colocaron un arma en el coche para justificar su manera de proceder. La Guardia Nacional ha reconocido los disparos, pero asegura que los agentes solo actuaron por “el riesgo inminente a su integridad”.
O cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador justificó las cargas policiales —cuyas imágenes se hicieron virales por la violencia mostrada por la Guardia Nacional y el personal del INM— contra una caravana de migrantes que salió de Tapachula (Chiapas) a finales de agosto, con el argumento de que solo trataban de protegerlos: “Tenemos que cuidar a los migrantes aunque resulte paradójico. Si nosotros permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos”.
Récord migratorio y deportaciones
En 2021, México ha recibido 108.195 peticiones de asilo, el mayor número de su historia. En su mayoría, personas procedentes de Haití y Honduras, aunque la lista la integran también cubanos, salvadoreños, chilenos, venezolanos, guatemaltecos, nicaragüenses, brasileños o colombianos. En los últimos años, México se ha convertido en uno de los puntos calientes de la migración mundial, atravesado por personas de todo el continente en su periplo hasta Estados Unidos. Y, según llevan tiempo documentando ONG y organismos tanto locales como internacionales, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes han sido constantes a su paso por el país.
En un informe de Amnistía Internacional y Haitian Bridge Alliance, publicado a finales de octubre y en el que se criticaba que los migrantes haitianos no se encontraban a salvo en su tránsito por el continente, ambas organizaciones civiles hacían especial hincapié en el caso de México. En concreto, el informe denunciaba la situación en Tapachula, una ciudad de 300.000 habitantes en la frontera con Guatemala donde más de 35.000 migrantes se encuentran retenidos por las fuerzas de seguridad. Cansados de esperar una solución que nunca llega —la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se encuentra desbordada en el lugar—, hacinados y en condiciones documentadas por diversas ONG como infrahumanas, cada poco tiempo salen del lugar caravanas que tratan de romper el cerco del Gobierno.
A finales de septiembre, en Ciudad Acuña (Cohauila), ciudad limítrofe con el Estado estadounidense de Texas, se formó un campamento informal de miles de migrantes, que escapando de la persecución del otro lado de la frontera, volvieron sobre sus pasos buscando refugio en territorio mexicano. Allí se encontraron también con detenciones “voluntarias” de las fuerzas de seguridad mexicanas, que buscaban devolver a los extranjeros a Tapachula.
Muchos de ellos han sido deportados de vuelta a Haití, de acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Gobierno habla de devoluciones voluntarias, aunque se siguen documentando casos que agrietan el relato oficial, como el de un haitiano que trató de saltar de la escalerilla del avión cuando iba a ser deportado. Organizaciones que trabajan en la frontera sur, como Amnistía Internacional, han documentado también devoluciones en caliente sin garantías legales. La principal pregunta ahora es en qué condiciones se encuentran las 195 personas “rescatadas” este miércoles, y si bajo custodia del INM se acelerarán los trámites para conseguir un estatus legal o, por el contrario, serán devueltos a Tapachula o deportados a sus países de origen.
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