Hellín Moro: El abogado Gonzalo Boye justifica la contratación de un asesino de ultraderecha para la defensa de Laura Borràs | Cataluña

Nuevo foco de polémica en la causa contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, por supuestamente trocear contratos públicos para beneficiar a un amigo cuando dirigió la Institució de les Lletres Catalanes. Esta vez a cuenta de las decisiones de su defensa, liderada por el abogado Gonzalo Boye. La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aparte al perito informático propuesto por el letrado, Luis Enrique Hellín Moro. El experto fue integrante de Fuerza Nueva y condenado por el asesinato de una estudiante en 1980, aunque después huyó de la justicia. Boye, vía Twitter, ha recordado que Hellín colabora en el caso de Borràs desde hace dos años y asegura que es ahora, cuando se han conocido sus conclusiones, que surgen las críticas.

Según ha avanzado Eldiario.es, la decisión de la Fiscalía de impugnar al perito se deriva de su pasado turbio. Además de pertenecer a la formación liderada por Blas Piñar, Hellín Moro fue condenado por el secuestro, tortura y asesinato de la estudiante Yolanda González. Eventualmente, fue detenido y, tras salir de prisión, cambió su identidad. El ministerio fiscal ha justificado la impugnación de la prueba pericial porque considera que su “fiabilidad y credibilidad” está condicionada por los graves crímenes cometidos en el pasado por su autor, que ya pagó condena.

El abogado de Borràs ha defendido en la red social que la elección de los peritos fue una mera “decisión técnica” y que “son los mejores” en su campo de experiencia. “A la fiscal, que conoce la identidad desde hace dos años, no le molesta el pasado de uno de los peritos sino las conclusiones a las que llegan”, ha denunciado el letrado.

Los peritos tenían como encargo analizar a validez del material informático intervenido en la causa. Se trata de una de las pruebas clave, pues allí estaría el correo en el que supuestamente Borràs le había explicado a un amigo suyo, Isaías Herrero, cómo hacer todo el proceso para burlar las reglas de la contratación pública. La Fiscalía pide seis años de prisión y 21 de inhabilitación para la líder de Junts por delitos prevaricación y falsedad documental. Inicialmente, también se le imputaban los de malversación y fraude. Debido a que se le abrió juicio oral, ha sido suspendida de su cargo en la Cámara.

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