Es un pedazo de papel de apenas 21,5 por 15 centímetros. “Palaçios Rubios dad a maestre Francisco doce pesos de oro de lo que coree que son para çierta açucar rosado para la botica que lleva y tomad carta de pago para vuestro descargo, fiso en 27 de abril de 1527″, se lee en la parte delantera. Son las palabras que entregó Hernán Cortés a su mayordomo Nicolás de Palacios Rubios hace casi 500 años, una orden de pago para comprar un producto similar al azúcar mascabado que se consume actualmente. Palabras que fueron robadas a México hace, por lo menos, unos 30 años y acabaron en sitios impensables, como un museo en Wichita o el cajón de un coleccionista en Florida. Un manuscrito que fue recuperado horas antes de ser subastado por miles de dólares y decomisado por el FBI gracias a una pista aportada de último momento por el Archivo General de la Nación.
“Ressebi yo maestre Francisco de vos Palaçios Rubios los doce pesos de oro en esta otra parte contenidas y son por el açucar rosado oy por bos dado, lo firme de mi nombre, oy 13 de mayo 1527 años”, está escrito en el reverso. El documento data de cuando Cortés realizaba una expedición por Centroamérica, probablemente en el actual territorio de Honduras. La orden de pago y otros archivos permanecieron guardados durante cuatro siglos en el Hospital de Jesús, el más antiguo de América y fundado por el propio conquistador en la avenida 20 de noviembre de Ciudad de México, en el mismo sitio donde la leyenda dice que en 1519 el militar español se reunió por primera vez con el tlatoani Moctezuma Xocoyotzin. El Gobierno mexicano declaró el 24 de diciembre de 1929 que todos los expedientes hallados en el Hospital de Jesús eran patrimonio de la nación y, después de emitir un decreto oficial, los integró al catálogo del Archivo General de la Nación.
Las vueltas que da la vida y el tráfico de bienes culturales hicieron que el documento apareciera en otro catálogo. “Orden de pago increíblemente rara para comprar azúcar rosado firmada por el conquistador Cortés”, reseñaba la subastadora RR Auction de Boston, Massachussets en mayo pasado. El manuscrito, de tinta ferrogálica sobre papel de algodón, fue puesto en el lote de subastas 168 con un precio de salida de 18.626 dólares.
Eso fue lo que vio un investigador que acudió a un evento donde participó el director del Archivo General, Carlos Ruiz Abreu. Más que una denuncia fue un comentario y ese comentario se convirtió en una instrucción: recuperar el documento a como diera lugar. Ruiz Abreu dio aviso al equipo legal de la institución el pasado 25 de mayo. “Es un documento con misticismo, con relevancia histórica por el hecho de tener la firma de Hernán Cortés”, explica Marco Palafox, el director de Asuntos Jurídicos y Archivísticos. “Pero el principal detonante de todo esto fue que nos lo robaron y no podemos permitir que cosas robadas del Archivo General de la Nación sigan fuera. Esa fue la instrucción que recibimos”, comenta.
“Fue una misión contrarreloj”, cuenta Palafox. “Había muchos nervios”, confiesa. Si el manuscrito se vendía antes de que llegaran las autoridades, podrían haberlo perdido de vista para siempre. Quedaban 20 días para que terminara la subasta.
La batalla contra el expolio
México ha iniciado una batalla contra el expolio y el tráfico de su historia. Es una orden que viene de arriba, la protección de bienes culturales se ha elevado a la parte más alta de la lista de prioridades del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En tres años, por ejemplo, se han recuperado más de 9.000 piezas arqueológicas. El problema es que pelear normalmente toma tiempo. Las vías diplomáticas y legales de denuncia, al menos las tradicionales, están pavimentadas de burocracia. Palafox explica que el momento ameritaba una salida poco ortodoxa y entonces se decidió que Marlene López, la subdirectora para la Protección y Restitución del Patrimonio Documental, llamara por teléfono a una línea de denuncia del FBI, parecida pero no exactamente igual al 911.
“Antes de concluir la llamada me comentaron que no era seguro que me fueran a dar una respuesta, que había posibilidad de que no atendieran mi denuncia, pero que, en dado caso, en breve me contactaría una persona del Buró Federal de Investigaciones”, cuenta López. La llamada fue el pasado 6 de junio, de acuerdo con documentos legales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Menos de una hora y media después, el FBI empezó a investigar.
Mientras comenzaban las diligencias, los funcionarios mexicanos empezaron a armar la estrategia legal para demostrar que el documento era de México. Contactaron a Carmen Martínez, una investigadora de la Universidad de Valladolid experta en manuscritos de Cortés, para acreditar que el papel pertenecía al fondo del Hospital de Jesús, e hicieron un análisis sistemático para rastrear todas las órdenes de pago emitidas por Cortés y dónde estaban guardadas. Martínez ya había sido clave para recuperar 16 documentos cortesianos que iban a ser subastados en Nueva York el año pasado y que al final fueron repatriados en abril. El siguiente paso era probar que el manuscrito había sido robado.
Entre 1985 y 1986, el Archivo General ordenó en folios el fondo del Hospital Niño Jesús. Lo que se hizo fue poner a cada manuscrito una escartivana, una tira de papel o tela que se pone a las hojas sueltas para facilitar la encuadernación o que quien las consulte pueda dar vuelta a la página. Los funcionarios mexicanos se dieron cuenta de que el expediente conservaba las escartivanas y los folios, pero no el documento original. En el manuscrito se observa, además, que se arrancó intencionalmente la parte donde estaba anotado el número de folio con crayón rojo. Las investigaciones arrojaron que en 1993 se hizo un respaldo del expediente en microfilm, pero a esas alturas el papel de Cortés ya no estaba en poder del Archivo. Así pudieron determinar la fecha del robo: 1993 o antes.
¿Quién tomó el papel entonces? El Archivo lleva un registro de los expedientes que cada usuario consulta en bitácoras. El problema es que normalmente no se presta un documento individual, solo un manuscrito, sino todo un fondo o una caja de papeles y el rastreo es más difícil. De cualquier forma, mientras se buscaban respuestas del FBI, la institución presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por sustracción de archivos para que pudiera dar asistencia internacional en el caso en Estados Unidos.
Después del robo en México, una persona identificada por las iniciales J. K. compró el manuscrito en una subasta a principios de los noventa en Estados Unidos. J. K. es el fundador del Museo de los Tesoros del Mundo en Wichita, la ciudad más grande de Kansas, y lo mantuvo en exhibición durante más de 20 años. Tras su muerte, la familia de J. K. dio en consignación el artículo para que fuera subastado en Los Ángeles por la casa Goldberg Coins and Collectibles.
Otra persona, solo identificada como R. N. por la justicia estadounidense, compró el manuscrito a la subastadora Goldberg en 2019 y se lo llevó a su casa en Englewood, Florida. En mayo de este año, R. N. entregó el documento a RR Auction, la casa de subastas de Massachusetts, para que fuera comprado por el mejor postor.
El papel de las subastadoras
El caso ha hecho que se cuestione el papel de las subastadoras como cómplices del tráfico de bienes culturales robados. “Antes de que el manuscrito de Cortés fuera ofrecido en subasta en 2022, un especialista dijo a RR Auction que manuscritos similares firmados por Cortés habían sido robados y que era posible que este manuscrito también fuera robado”, se lee en una declaración jurada de una agente del FBI. No era la primera vez que RR Auction había intentado vender el documento. En 2020 salió a la venta, pero no superó el precio de reserva y fue devuelto a R. N.
Esta vez, el sitio de subastas recibió 22 pujas, hasta que el FBI detuvo la subasta el pasado 8 de junio, dos días después de la llamada con López. “Tan pronto como nos contactaron detuvimos la venta, notificamos al consignador y no hubo ningún problema con ellos”, dijo Mark S. Zaid, abogado de RR Auction, a The New York Times. Para el 20 de junio se interpuso la denuncia en México ante la FGR.
El Archivo General de la Nación envió el 28 de agosto a una delegación a Boston para comprobar que el manuscrito era auténtico. Viajaron López, un historiador y una especialista en restauración, acompañados por Kenneth Smith, el enlace del FBI en la Embajada de EE UU en Ciudad de México. “Fue un viaje largo y pesado”, cuenta López. “Llevábamos una maleta llena de insumos, de materiales, de equipo especializado y delicado”, agrega la abogada. Empacaron, entre otras cosas, un microscopio, hojas de luz especial con las que se pueden ver algunas cuestiones de los materiales y pidieron prestada una luz ultravioleta de la Universidad de Harvard que no pudieron documentar en el aeropuerto por cuestiones de seguridad. Los análisis técnicos, presentados el 25 de octubre ante la FGR, corroboraron que era el documento original.
“La recuperación de este tesoro nacional robado a México y su pueblo no solo preserva una parte importante de la historia del país, también refleja el compromiso de procurar justicia a víctimas del crimen aquí y en el extranjero”, declaró el agente especial del buró de investigaciones Joseph Bonavolonta, después de que Estados Unidos anunciara el decomiso el pasado 22 de noviembre.
Pero la travesía del manuscrito aún no termina. Todavía falta resolver asuntos del proceso judicial, desahogar trámites entre las autoridades de ambos países y esperar si R. N. cederá la propiedad sobre el documento o irá a juicio. “No está en puerta que regrese pronto este documento a México”, dice Palafox, aunque matiza en que todavía es pronto para entrar en especulaciones sobre una posible repatriación.
“No solo es un tema legal, es un tema moral: se ha sacado, traficado y lucrado indebidamente con bienes que son patrimonio de la nación, del pueblo”, afirma Jorge Islas, cónsul en Nueva York y una pieza clave para que fueran recuperados los otros 16 documentos cortesianos el año pasado. Islas se enteró de esa subasta mientras se tomaba un café en el desayuno y leía el periódico. Meses después, la denuncia del consulado encontró una vía diplomática para que parte de ese expediente fuera devuelto sin la necesidad de un juicio. “No solo nos han ido entregando tesoros recuperados”, dice Islas, “ya se dieron cuenta de que México no va a dejar pasar una y esto está generando alarmas al grado que los grandes museos ya se niegan a recibir en donación lotes como estos, no quieren tener problemas”.
La batalla tiene varios frentes abiertos y hay que ir caso por caso. Para el abogado Palafox, la vía jurídica es una opción más lenta, pero puede generar precedentes legales que ayuden al país a recuperar más bienes en el futuro: desde documentos hasta piezas arqueológicas. Solo el Archivo General tiene cuatro casos pendientes de resolución, la mayoría en Estados Unidos. Y baraja formas de evitar los robos como utilizar perros, escáneres moleculares o básculas hipersensibles, aunque no hay nada decidido todavía. Sí hay denuncias, estrategias legales, un mayor conocimiento de los modus operandi de los traficantes y una posibilidad cada vez más cercana de que un manuscrito robado de hace casi 500 años regrese a casa.
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