El Gobierno de México puso hace unos días al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el punto de mira. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó al organismo autónomo como “un gasto innecesario”, abriendo así un nuevo capítulo de la cruzada contra las instituciones independientes, unos señalamientos que también abordaron al Instituto Nacional Electoral (INE). En este podcast de La Vespertina, el periodista Salvador Camarena dialoga con la socióloga María Marván, para desmenuzar los peligros que podría suponer la paralización del INAI.
“El sistema de transparencia está bajo acoso. Durante todo el sexenio han estado bajo acoso todos los organismos constitucionales, que en última instancia son instituciones de contrapoder”, afirma la académica. El INAI fue constituido en 2002 bajo las siglas de IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos), nombre que cambió al del actual INAI en 2014. “[La institución] busca disminuir la discrecionalidad de quienes se desempeñan en cargos públicos; e incrementar la facilidad para que los ciudadanos conozcamos que hace el Gobierno”, asegura.
Marván califica al INAI como un organismo de contrapoder, que nació para ser incómodo. “Yo entiendo claramente cuando [el secretario de Gobernación] Adán Augusto López, dice ‘el presidente dice que estaremos más cómodos si no funciona el INAI. Es una verdad de perogrullo”, destaca. El secretario también ha avivado la polémica contra el organismo de transparencia, calificándolo como un “lastre burocrático”, un “gasto oneroso”, opaco e innecesario.
La académica tilda de “lamentable” la crítica al organismo por parte de la Administración de López Obrador. “Es lamentable que el presidente, que tendría que ser un hombre de Estado, diga de manera tan clara ‘yo no quiero que nadie me vigile”, expone la académica. En este episodio de La Vespertina, Marván ilustra, por lo tanto, los peligros de una paralización del INAI que, según defiende, va más allá de un choque político. “La gente podría perder derechos tan elementales como que una institución médica le dé su expediente”, explica.
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