El jefe de la autoridad migratoria en México enfrenta a partir de este momento cargos penales por la tragedia de Ciudad Juárez, en la que murieron al menos 40 migrantes y decenas más resultaron heridos. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), compareció este martes ante un juez de control de la ciudad fronteriza y fue formalmente imputado por ejercicio indebido del servicio público tras el incendio de una estación migratoria el pasado 27 de marzo. Garduño es el funcionario de más alto rango que ha tenido que responder ante la justicia.
Estaba previsto que Garduño recibiera la imputación formal desde el pasado 21 de abril, pero sus abogados solicitaron un aplazamiento para poder revisar la carpeta de investigación. La Fiscalía General de la República (FGR) adelantó desde el pasado 11 de abril que iba a proceder contra el jefe del INM, la institución responsable de la estación migratoria en la que las víctimas fallecieron después de que se desatara el fuego y los custodios no les permitieran salir. Se trata de la mayor tragedia que ha habido en un centro de migración bajo custodia del Estado mexicano.
“Vengo a una audiencia”, dijo Garduño al llegar al juzgado. No dio más declaraciones a los medios antes de la vista. La FGR aseguró hace un par de semanas que Garduño incurrió “en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”. En la audiencia de imputación, una fiscal federal declaró que el centro donde ocurrió el incendio no reunía las condiciones para albergar a los migrantes y que Garduño tuvo acceso a esta información, pero fue omiso, adelantó el periódico La Verdad de Juárez. El funcionario se abstuvo de declarar ante el juez de control, según los primeros reportes. El delito de ejercicio indebido de funciones acarrea castigos que van de uno a siete años de cárcel, según el Código Penal Federal.
El titular del INM llegó al cargo en junio de 2019, después de la renuncia de su predecesor Tonatiuh Guillén. La dimisión se produjo después de que la Administración de Donald Trump amenazara al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador con una guerra arancelaria si no endurecía su política migratoria. La gestión de Garduño ha estado marcada por ese viraje, en el que la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado de Seguridad Pública, ha tenido un papel preponderante en frenar los flujos migratorios desde Centroamérica y el resto del continente. El jefe de Migración tampoco ha acudido a ninguna sesión de la comisión creada por el Gobierno de López Obrador para coordinar la política migratoria, de acuerdo con una investigación de EL PAÍS. El comité solo ha sesionado ocho veces en cuatro años y estuvo en el centro del enfrentamiento entre Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, y Adán Augusto López, de Gobernación. El INM depende de la cartera de López, que tampoco se ha apersonado en ninguna de las reuniones.
Tras el incendio y los reclamos ciudadanos y de la oposición para aclarar el reparto de responsabilidades, Garduño ha tenido contadas apariciones públicas. El Senado solicitó un par de días después de la tragedia que diera una comparecencia para explicar qué había fallado y en qué estado se encontraba el sistema de acogida del país. En plena efervescencia política, el funcionario emitió un comunicado en el que dijo que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones.
López Obrador respaldó a Garduño y se rehusó a dejarlo caer de su puesto hasta que las investigaciones concluyeran. “Lo conozco desde hace muchos años. Es una gente recta y trabajadora, pero nuestro criterio es no proteger a nadie si comenten alguna irregularidad o delito. No protejo a nadie”, dijo el presidente en su conferencia de prensa diaria. El mandatario confirmó hace un par de semanas que había una investigación contra el funcionario y prometió que no iba a haber impunidad tras la tragedia.
El contraalmirante Salvador González Guerrero, el delegado del INM en Chihuahua, el Estado donde se encuentra Ciudad Juárez, fue detenido la semana pasada en relación con las pesquisas del caso. González Guerrero y otros tres funcionarios tenían una orden de aprehensión de ejercicio ilícito del servicio público, homicidio doloso y lesiones. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, dijo a finales de marzo que el Gobierno había identificado a ocho posibles responsables: tres funcionarios, cinco vigilantes privados que fueron contratados para apoyar en la vigilancia del centro y al menos un migrante.
Garduño no estaba en esa lista y fue hasta que la FGR dio a conocer que iba a ir más alto en la cadena de mando, que se confirmó que también estaba señalado. “Este lamentable suceso es responsabilidad de servidores públicos y guardias muy bien identificados. No es un tema de política”, dijo Rodríguez e insistió en que la gestión de la inmigración de México estaba “apegada a los derechos humanos”. Cinco sospechosos fueron vinculados a proceso una semana después de los hechos: los agentes migratorios Daniel, Rodolfo y Gloria “N”; el guardia privado Alan “N”, y el inmigrante venezolano Jaison “N”, señalado como la persona que inició el fuego. “Soy inocente”, escribió Jaison en una carta a su familia filtrada a la prensa. Su abogado dijo que fue un guardia quien les dio cigarros y un encendedor a los migrantes para prender las colchonetas, pero que él no participó.
En total, alrededor de 68 inmigrantes quedaron atrapados entre el humo y las llamas de la estación migratoria en Ciudad Juárez, que era utilizada como centro de detención para extranjeros sin papeles. Quienes escaparon del fuego denunciaron el hacinamiento, la falta de agua y comida, extorsiones a manos de agentes, el contrabando, las redadas y la inacción de los custodios. “No fueron capaces de abrir una reja”, lamentó Rodríguez en su momento. A casi un mes del incendio, México aún busca respuestas.
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