Francisco Garduño se ha convertido en el primer alto cargo del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vinculado a un proceso penal. El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) se mantendrá en el puesto y enfrentará su juicio en libertad después de ser acusado de ejercicio indebido del servicio público por la tragedia de Ciudad Juárez, en la que murieron al menos 40 personas y otras 25 resultaron lesionadas tras el incendio de un centro de detención. El presidente evadió los cuestionamientos sobre la continuidad de Garduño en su cargo y afirmó que no iba a alimentar el “amarillismo” y el “sensacionalismo” de los medios de comunicación. “Si les digo algo de Garduño va a ser el titular de mañana: ‘Protegió a Garduño’ o ‘Garduño en la cuerda floja”, aseguró el mandatario en su conferencia de prensa de este lunes.
“Pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos…”, dijo López Obrador sobre el caso contra el jefe de la máxima autoridad migratoria del país. En una comparecencia celebrada el domingo, un juez decidió que hay suficientes elementos para que avance el caso en contra de Garduño. La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó la semana pasada en la audiencia inicial que la estación migratoria no contaba con los requisitos mínimos de seguridad para albergar a los migrantes y que el jefe del INM tenía acceso a esos informes. Los fiscales también subrayaron que una de las tres salidas estaba cerrada con un candado, que los encargados no llamaron a los bomberos y que el Instituto contaba con un sistema de monitoreo para actuar inmediatamente durante una emergencia. La FGR sostiene que el funcionario fue omiso en su obligaciones.
Garduño es el único entre alrededor de una decena de imputados que enfrenta el proceso en libertad. El comisionado de Migración solo fue imputado por el ejercicio indebido de funciones al no proteger a las personas e instalaciones encomendadas a su cargo. Otros funcionarios, como el representante del INM en Chihuahua y agentes migratorios, se enfrentan a los delitos de lesiones y homicidio doloso, que tienen previstas medidas cautelares más severas. La FGR pidió que Garduño, el funcionario de más alto rango que ha sido señalado por la tragedia, fuera separado de su cargo, pero la solicitud fue desechada por el tribunal. Deberá, en cambio, presentarse a firmar en el juzgado cada 15 días. El cargo que enfrenta el funcionario no amerita la prisión preventiva como medida cautelar, pero sí acarrea penas que van hasta los siete años de cárcel y la inhabilitación temporal para ocupar otros cargos, según el Código Penal Federal.
El abogado de Garduño, Rodolfo Pérez, adelantó a la agencia Associated Press que su cliente buscará llegar a un acuerdo económico con los familiares de las víctimas para que no avance el proceso judicial. “Pagar lo que se tenga que pagar porque este es un delito que si se repara el daño… ya no sigue el juicio”, dijo Pérez. En otras entrevistas también dejó claro que su estrategia era resarcir el daño a las víctimas para evitar consecuencias contra su cliente. La defensa adelantó también que iba a presentar un amparo “para que se revise la actuación de este juez” y su decisión de aprobar la vinculación de proceso. El funcionario se reservó el derecho a declarar en las audiencias de la semana pasada y dijo que iba a delegar la comunicación con los medios en su equipo legal. “El juicio no se termina, sigo yo en la condición constitucional de guardar silencio”, dijo a su salida del juzgado en Ciudad Juárez.
Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, dijo la semana pasada que las imputaciones contra Garduño “no lo iban a distraer” de su encargo y lo ratificó como titular del INM. La autoridad migratoria depende de esa cartera. Rosario Robles, parte del Gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), también fue acusada de ejercicio indebido de funciones por el desfalco del caso Estafa Maestra, pero fue exonerada en febrero pasado. Robles, sin embargo, fue vinculada a proceso en agosto de 2019 y estuvo tres años presa bajo el argumento de un alto riesgo de fuga. La defensa de Garduño ha asegurado en varias ocasiones que su cliente no recibe ningún trato preferente y que está dispuesto a colaborar en las investigaciones.
“Ayer ya hubo una determinación del juez. Vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera. Tras el incendio del pasado 27 de marzo, el presidente se ha referido a Garduño como su “amigo” y una persona “trabajadora y recta”. Agregó que la decisión de mantenerlo en el cargo dependía del resultado de las investigaciones y de su alcance. “Ya no quiero que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja”, señaló el presidente. El proceso contra el titular del INM entra en una fase de investigación complementaria que durará cuatro meses, pero que puede extenderse a petición de las partes.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
