Justo cuando la inversión sostenible empezaba a carburar, el motor se ha gripado. El concepto de invertir con conciencia no es nuevo. Las primeras experiencias son de los años 60. Pero ha sido desde 2020 cuando una legión de gestoras ha decidido invertir con criterios alineados con la lucha contra el cambio climático y el combate de otros problemas sociales.
Los fondos sostenibles son una de las categorías que más dinero ha atraído en los dos últimos años. Este movimiento ha estado impulsado por el empuje regulatorio de la Unión Europea y por la firme convicción de firmas como BlackRock o Natixis. Pero la guerra de Ucrania, la crisis energética y las dudas legislativas han provocado algunas grietas. Además, las caídas bursátiles de los últimos meses han golpeado especialmente a este tipo de inversiones, que habían apostado por tecnología y renovables y evitado el petróleo y el gas.
Ante este panorama, el pequeño inversor se pregunta si los fondos sostenibles son tan verdes como los venden los bancos. ¿Invierten solo en compañías no contaminantes? ¿Van a ser siempre menos rentables que los fondos convencionales o pueden llegar a tener más rentabilidad? ¿Están cayendo las gestoras en el blanqueo de la sostenibilidad?
Por lo pronto, la incertidumbre regulatoria actual está poniendo en cuestión las bases sobre las que ha crecido esta industria, aunque las gestoras especializadas en ESG defienden el atractivo a largo plazo de unas estrategias que recogen claras tendencias de inversión a futuro. Hay dos hitos que han marcado la inversión con criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en los últimos años.
Por un lado, el Acuerdo de París de 2015, que llevó a los Gobiernos a adoptar compromisos creíbles para conseguir reducir las emisiones contaminantes y frenar así el calentamiento global. Eso se tradujo en Europa en una legislación pionera para fomentar que el sector financiero ayudara a la transición energética, tanto financiando proyectos verdes como promoviendo fondos de inversión sostenibles. Por otro lado, en la cumbre de Glasgow de 2021 se creó una alianza de grandes gestoras de activos de todo el mundo, conjuradas para tratar de fomentar este tipo de inversiones.
Los pasos hacia una inversión más sostenible
- Reglamento SFDR. Esta normativa comunitaria tasa de forma estricta el tipo de fondos que pueden comercializarse con la etiqueta sostenible o verde. Los fondos artículo 9 son los más puros y tienen que acreditar que persiguen una finalidad extrafinanciera mensurable (como un objetivo de descarbonización). Y un escalón por debajo están los fondos artículo 8, que tan solo tienen que tener una vocación sostenible genérica. La falta de definición legal ha hecho que muchas gestoras estén revisando a la baja el etiquetado y convirtiendo sus fondos artículo 9 en artículo 8, lo que ha provocado muchas críticas por parte de asociaciones de pequeños inversores.
- Mifid verde. Desde este verano, todos los distribuidores de fondos y asesores financieros están obligados a preguntar a sus clientes si quieren que los productos a través de los que invierten tengan algún tipo de componente ambiental, social o de buen gobierno corporativo. El hecho de que los clientes tengan que retratarse ha sido un importante impulso para la mayor comercialización de fondos verdes.
- Taxonomía. Una de las críticas que el gestor de la gestión de activos ha vertido contra las instituciones europeas es que han querido avanzar demasiado rápido en este ámbito, sin que estén claramente definidos los conceptos. En el ámbito medioambiental, conceptos como el objetivo de emisiones cero o la transición energética empiezan a estar definidos. Pero en lo relativo a la inversión con criterios sociales y de buen gobierno aún falta trabajo por hacer en materia de taxonomía.
Uno de los avances impulsados desde la Comisión Europea es la aprobación del Reglamento de Divulgación en materia de Finanzas Sostenible (SFDR, por su abreviatura en inglés). Esta normativa exige desde marzo de 2021 que cada fondo se presente a los inversores con una etiqueta que aclare cuán sostenible es. Hay dos categorías de fondos ESG: los fondos artículo 9 son los más sostenibles, los pata negra, y tienen que acreditar que persiguen un objetivo de inversiones sostenibles que se puede medir; y los fondos artículo 8, llamados también verde claro, promueven características medioambientales de una forma más genérica.
Estas dos tipologías de fondos (artículo 8 y 9) acumulan 4,3 billones de euros en inversiones y los verde oscuro se han duplicado en un año. En 2022, en medio de la crisis financiera, los artículo 9 han crecido en 31.000 millones de euros, hasta que llegó el jaleo legal.
Sin embargo, desde comienzos de noviembre varias gestoras empezaron a rebajar la calificación de sus mejores fondos ESG, pasándolos de artículo 9 a artículo 8. Firmas como Amundi, Pimco o BlackRock han decidido revisar su etiquetado, ante las dudas que les genera la legislación y los problemas que podrían tener para acreditar que están invirtiendo con los máximos estándares de sostenibilidad.
Los problemas legales no solo están en Europa. En Estados Unidos, el supervisor de los mercados, la SEC, pactó la semana pasada una multa de 4 millones de euros con Goldman Sachs por tener fallos en sus políticas de inversión ESG. Seis meses antes fue BNY Mellon quien fue sancionado con 1,5 millones. Y el año pasado la SEC intervino las oficinas de DWS, la gestora de fondos del banco alemán Deutsche Bank, por vender como éticos o verdes fondos que no lo eran. El consejero delegado de DWS se vio obligado a dejar el cargo y el banco empezó un proceso de investigación interno.
Rebeca Minguella, fundadora de la firma de análisis de datos ESG Clarity AI (una de las más importantes del mundo) es una de las personas más al tanto de la evolución de esta tendencia de la industria financiera. A su juicio, los problemas regulatorios que están surgiendo son “esperables”, teniendo en cuenta lo rápido que se está legislando en esta materia. “Pero estos problemas no deberían hacer que perdiéramos el foco sobre la importancia que tiene el que mundo financiero y el de las inversiones contribuyan a combatir el problema del calentamiento global”.
Respecto a las dudas sobre si las inversiones ESG son realmente tan verdes como parecen, las respuestas tienen muchos matices. En una reciente investigación realizada por un consorcio de medios (entre los que se incluía El País) se comprobó que el 46,3% de los fondos más sostenibles (los artículo 9) tenían en cartera acciones o bonos de compañías que explotan combustibles fósiles, principales responsables del cambio climático.
Jens Peers, consejero delegado de la gestora Natixis en Estados Unidos, reconoce que algunas decisiones son difíciles de comprender. “¿Invertir en una vieja compañía petrolera porque se ha comprometido a hacer una transición energética? Es difícil. Es el caso de Aramco, la mayor petrolera del mundo. Ha anunciado inversiones en renovables, pero esta es una parte ínfima en relación a todo el petróleo que extrae”, apunta.
En Estados Unidos, incluso se ha llegado a politizar la inversión sostenible. Desde el Partido Republicano, muy condicionado por la postura negacionista respecto al cambio climático de Donald Trump, se está presionando a las grandes gestoras para que frenen esta tendencia. Esta semana, el estado de Florida, gobernado por la nueva estrella republicana Ron DeSantis, ha decidido retirar una inversión de 2.000 millones de dólares que gestionaba BlackRock por el compromiso ESG de la firma.
Algunas de las firmas especializadas en inversión sostenible, como la neerlandesa Robeco, están empezando a rebelarse contra las duras críticas que se están vertiendo sobre esta tipología de fondos. Rachel Whittaker, directora de investigación en inversión sostenible de la firma, reconoce que puede haber algún problema con los datos de sostenibilidad, “pero con los datos puramente financieros también hay problemas muchas veces, como demuestra la sucesión de fraudes contables. En cambio, en estos casos no se critica a los gestores”.
Otro de los problemas añadidos para este tipo de inversiones son los malos resultados de rentabilidades que han cosechado en los últimos trimestres.
Cuando se analizan algunos de los principales fondos verdes de las gestoras españolas, tanto de Bolsa como de bonos, las pérdidas en 2022 están entre el 5% y el 15%. Si se analiza un periodo de tres años, son pocos los que han logrado tener un resultado positivo.
Durante los últimos 12 meses, los fondos sostenibles han tenido un comportamiento relativo peor que el de los índices de mercado. “La explicación es muy clara”, explica Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING. “Este tipo de productos suele tener un mayor peso en el sector tecnológico, que ha tenido un peor desempeño desde que la Reserva Federal empezó a subir tipos. Pero a largo plazo tenemos claro que todas las empresas seguirán la transición energética. Si miras el comportamiento en los años precedentes, los fondos sostenibles lo han hecho excelentemente bien”.
