Irán ejecuta en la horca a otros tres manifestantes | Internacional

Irán ha ahorcado este viernes al alba a Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi y Saeed Yaghoubi, tres hombres en la treintena que habían sido detenidos en una manifestación contra el régimen en noviembre, ha confirmado Mizan News, la agencia de propaganda del Poder Judicial iraní. Los tres habían sido condenados por moharebeh o “enemistad con Dios” y, según la versión oficial iraní, detallada en un correo de la Embajada de Irán en España, fueron acusados de este grave cargo por “adquirir y utilizar armas de fuego contra el pueblo y la policía, lo que generó terror en la sociedad y resultó en el homicidio intencional de tres personas”. Sin embargo, para Amnistía Internacional y la organización Iran Human Rights (IHR), estos manifestantes eran inocentes y fueron sentenciados a muerte “en un juicio sin garantías y con una única prueba: una confesión extraída con torturas”, sostuvo por WhatsApp desde Oslo este jueves el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

El juicio en el que se les condenó a morir en la horca duró cuatro días. Con estos tres hombres, son ya cuatro los manifestantes ejecutados en relación con las protestas desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, el 16 de septiembre, tres días después de haber sido detenida por llevar mal colocado el velo.

Amiry-Moghaddam considera a estos hombres, “tres víctimas más de la máquina de matar del régimen iraní”. La ONG que dirige ha documentado en un informe la ejecución en Irán de 582 personas en 2022, un 75% más que el año anterior. Unos datos casi idénticos a los que maneja la ONU, que fija esa cifra en 580 ajusticiados.

Desde hacía varios días, se temía que estos tres manifestantes fueran ejecutados. El miércoles, sus familiares fueron convocados a la prisión de Isfahán, a unos 450 kilómetros al sur de Teherán, donde estaban recluidos, para darles un último adiós, según alertaron ese mismo día organizaciones y activistas de derechos humanos iraníes. La convocatoria para un adiós postrero de las familias no fue el único presagio de la inminente ejecución de esos tres hombres. El martes, la televisión estatal había difundido de nuevo las confesiones en las que los presos reconocieron ante la cámara la posesión de un arma de fuego, la acusación mencionada en el correo de la Embajada y el único cargo concreto del que tiene constancia Amnistía Internacional, precisaba el jueves Carlos de las Heras, responsable de Irán de la sección española de la organización. Para De las Heras, el número creciente de personas ahorcadas en ese país demuestra que la pena capital es una “herramienta de represión” del régimen iraní, destinada a “sofocar el ansia de libertades y de respeto a los derechos humanos” de la población.

Las condenas a muerte de estos tres manifestantes son “un acto de venganza flagrante contra una generación valiente de manifestantes por exigir con tenacidad los derechos de la población iraní durante los últimos siete meses”, aseguraba un comunicado de Amnistía de este jueves. Para la organización, se trata de “una prueba más de que las autoridades están adoptando medidas cada vez más violentas y extremas para aterrorizar a la población con el fin de acabar con las protestas”. Entre diciembre y enero, Irán ejecutó a otros cuatro manifestantes, condenados por supuestamente haber herido o matado a milicianos del régimen. Uno de ellos, Majid Reza Rahnavard, fue colgado de una grúa en público, maniatado y con los ojos vendados.

La causa del futbolista

La causa contra estos tres manifestantes es la misma por la que el futbolista de 27 años Amir Nasr Azadani fue condenado a 26 años de cárcel en enero. Acusado también de “enemistad con Dios”, por su supuesta implicación en el homicidio de un coronel de la Guardia Revolucionaria y dos miembros de la milicia del régimen Basij, este deportista eludió el patíbulo después de que la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) alertara de su situación en un comunicado. Esa nota provocó una campaña de apoyo internacional en la que participaron mandatarios como el presidente colombiano, Gustavo Petro, o famosos como la cantante Shakira.

Desconocidos en Occidente, los tres manifestantes y otros dos acusados en el mismo caso —el matrimonio de médicos Farzaneh y Hamid Qarahasanlou— no han tenido tanto apoyo internacional. Los tres hombres han muerto ahorcados finalmente, mientras que la pareja de facultativos cumplen 5 y 15 años de condena, respectivamente. Majid Kazemi era soldador, Saleh Mirhashemi era karateca y entrenador y Saeed Yaghoubi trabajaba en una inmobiliaria. Para Amnistía, no consta que ninguno de estos tres trabajadores hubieran cometido el delito que se les imputaba. En Irán, “si eres pobre, o formas parte de una minoría étnica, tienes más probabilidades de ser condenado a muerte”, recalca De las Heras.

Tanto Amnistía como IHR dan credibilidad a la grabación de una llamada de teléfono a su prometida de uno de estos condenados, Majid Kazemi, que ha sido difundida por el colectivo de activistas 1500tasvir en Twitter. Exiliados iraníes con contactos en el entorno de este hombre confirmaron a este diario que se trata de su voz. En esa llamada, explicaba a su pareja cómo le habían torturado para que se autoinculpara, con palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y amenazas de violarlo con una porra. Este manifestante aseguró que, durante el interrogatorio, le amenazaron también con matar a todos sus hermanos; uno de ellos fue detenido junto a él: “Juro por Dios que soy inocente. No llevaba ningún arma. [Las fuerzas de seguridad] no dejaban de golpearme y ordenarme que dijera que esa arma era mía. Les dije que diría lo que quisieran, pero que por favor dejaran en paz a mi familia”.

Aunque este acusado se desdijo de su confesión durante el juicio, el tribunal lo condenó basándose en ella. Iran Human Rights tiene información de que “incluso antes de que el Tribunal Supremo confirmara la condena, la Fiscalía de Isfahán había estado presionando para que se aplicara” la sentencia, subrayaba el jueves su director. Hasta enero, 16 personas habían sido condenadas a la horca en Irán tras ser detenidas en las protestas.

“En lo que va de año, más de 10 personas son ejecutadas cada semana en Irán, lo que lo convierte en uno de los países con mayor número de ejecuciones del mundo”, afirmó el 9 de mayo el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volter Türk, que calificó de “abominable” ese dato. Al día siguiente, el representante de la República Islámica de Irán ante la ONU, Ali Bahreini, fue elegido para presidir el Foro Social 2023 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la misma institución que está investigando la muerte de los alrededor de 500 manifestantes en la represión de las protestas en Irán, según cálculos de organizaciones iraníes de derechos humanos.

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