Isaac Gamboa Lozano, un alto exfuncionario del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se había retirado con su familia a un lujoso fraccionamiento de Temixco, en el Estado de Morelos, a pasar las primeras semanas del confinamiento impuesto por la covid-19. El 21 de mayo de 2020, alrededor de las tres de la tarde, cuatro hombres armados entraron a la casa y asesinaron a tiros a Gamboa, a su madre de 60 años y a sus tres hermanos. Les tomó tres minutos. No forzaron las cerraduras para entrar y ubicaron a los Gamboa con rapidez y precisión entre la veintena de personas —familiares, amigos, trabajadores— que estaban en ese momento con las víctimas. Tres años después del multihomicidio, uno de los asesinos, Jesús Manuel “N”, El Mongoy, un exmiembro de la Marina, ha sido sentenciado a 125 años de cárcel y a pagar una indemnización de 6,7 millones de pesos, según ha informado este miércoles la Fiscalía de Morelos.
Isaac Gamboa fue durante todo el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018) titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda. El jefe de Gamboa era Luis Videgaray, secretario de dicha cartera y un íntimo colaborador de Peña Nieto. Su asesinato forma parte de una compleja trama de corrupción política y desvíos millonarios que involucraron al círculo rojo de Peña Nieto, al PRI y a varios gobernadores. Gamboa estaba en la mira de otra Fiscalía, la de Chihuahua, por su participación en la Operación Safiro, un mecanismo de corrupción mediante el que fueron triangulados 250 millones de pesos de la Secretaría de Hacienda al Gobierno de Chihuahua, encabezado entonces por César Duarte, y de ahí a las arcas del PRI, que dirigía Manlio Fabio Beltrones. La finalidad de esa maquinaria, replicada en varios Estados gobernados por el PRI, era financiar de manera ilegal campañas electorales.
Gamboa era, nada más y nada menos, el funcionario que autorizaba desde Hacienda las transferencias millonarias a los gobiernos estatales. Su asesinato puso al descubierto que él y su esposa, Bethzabee Brito Álvarez, habían blanqueado una fortuna mediante empresas fantasma. La Secretaría de Hacienda en la Administración de Andrés Manuel López Obrador ha sostenido que los recursos provenían de sobornos pagados a Gamboa por su presteza a participar de los actos de corrupción. Pero las autoridades también presumen que la red empresarial de Gamboa pudo haber sido utilizada por el Gobierno federal, los gobiernos estatales y el PRI para blanquear, precisamente, los desvíos de recursos de la Operación Safiro.
Dado que el multihomicidio de los Gamboa sucedió en Morelos, la Fiscalía de ese Estado asumió la investigación, que bautizó como caso Viuda Negra. El nombre, a todas luces misógino, nació de la hipótesis de que el asesinato de Isaac Gamboa fue maquinado por su esposa, Bethzabee, que —siempre según la Fiscalía— sostenía un romance con el escolta de Gamboa y quería quedarse con la fortuna ilícita amasada por el matrimonio. La mujer, de 39 años y que tuvo dos hijos con Gamboa, fue capturada a las pocas semanas del crimen en la Ciudad de México. Una jueza de Morelos la vinculó a proceso y ordenó que fuera ingresada a una prisión femenil hasta que se dictara una sentencia condenatoria. Bethzabee ha cumplido dos años y medio sin que se determine su responsabilidad en el homicidio, si la hubo, e incluso ha sido trasladada a una prisión de máxima seguridad. Los tres cómplices de El Mongoy —entre ellos el supuesto amante de Bethzabee, también exmarino— están prófugos de la justicia.
Pese a la biografía política de Gamboa, la Fiscalía de Morelos ha establecido que su asesinato se trató de un simple “crimen pasional”, con lo que ha descartado seguir como línea de investigación su implicación en la red corrupción gubernamental en el sexenio de Peña Nieto. Javier Corral, exgobernador de Chihuahua —en cuya Administración se descubrió e investigó la Operación Safiro—, ha señalado anteriormente que la muerte de Gamboa significó la pérdida de un testigo clave de los desvíos millonarios del peñismo y cuyo testimonio hubiera podido conducir al círculo rojo del expresidente. Hasta hoy, solo un puñado de funcionarios menores del Gobierno de César Duarte en Chihuahua ha sido enjuiciado por los actos de corrupción.
A nivel federal existe una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República para indagar el blanqueamiento de recursos de la red empresarial de Gamboa y Bethzabee Brito. Sin embargo, el expediente corre por un camino separado de la investigación sobre su homicidio. Que la Fiscalía de Morelos —que acumula cuestionamientos sobre la probidad de sus investigaciones— haya enmarcado el asesinato en el “crimen pasional” augura un intento de carpetazo y otro episodio de impunidad de actos de corrupción institucional.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país
