El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha anunciado una versión suavizada de la controvertida reforma judicial que presentó el pasado enero y que ha causado una de las mayores crisis políticas y movimientos de protesta en las siete décadas de historia de Israel. La propuesta, acordada en la noche de este lunes por el Ejecutivo de coalición que forman el Likud de Netanyahu y los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos, consiste en rebajar el poder del Gobierno para nombrar a los jueces del Supremo (y sacar adelante esa ley en las próximas dos semanas) y retrasar la aprobación del resto del paquete legislador al próximo periodo de sesiones parlamentarias, que comienza a finales de abril. La iniciativa se produce con la moneda local, el séquel, en su nivel más bajo respecto el dólar (3,69) desde 2019 y después de una conversación telefónica entre Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Los jueces del Supremo son elegidos ahora por un comité de nueve miembros: tres magistrados de la corte, dos ministros, dos diputados y dos miembros del colegio de abogados, lo que supone que Gobierno y jueces tienen que consensuar los candidatos. La propuesta original de la coalición de Netanyahu ampliaba a 11 los miembros del Comité y cambiaba su composición de forma que el Ejecutivo tuviese una mayoría de 7-4. En la nueva versión, la mayoría sería de 6-5 y solo podría imponer dos magistrados por legislatura, de forma que el siguiente Gobierno no se encuentre con un Supremo completamente lleno de jueces afines al anterior. Del tercer juez en adelante, la decisión tendría que contar también con los síes de al menos un juez y un diputado de la oposición en el comité.
El grueso del paquete de leyes de la reforma, que en su mayoría ya ha pasado la primera de tres lecturas en la Kneset (Parlamento), quedaría ya para el periodo veraniego de sesiones parlamentarias, que comienza el 30 de abril tras casi un mes de inactividad por Pesaj, la Pascua judía.
El anuncio llega después de una conversación telefónica entre Biden y Netanyahu en la que abordaron la propuesta de reforma. El comunicado de la Casa Blanca señala que Biden manifestó su apoyo a un acuerdo de consenso que esté basado en unos “principios clave”: “los cambios fundamentales deben contar con el mayor apoyo popular posible”, los “auténticos” sistemas de equilibrio entre poderes institucionales “refuerzan a las sociedades democráticas”, y “los valores democráticos siempre han sido, y deben seguir siendo, distintivos de la relación” entre los dos países. En cambio, la breve nota de la oficina de Netanyahu se limita a señalar que este le transmitió a Biden que “Israel ha sido, y seguirá siendo, una democracia fuerte y vibrante” y que la conversación (de una media hora) “giró en torno a la amenaza iraní” y al reconocimiento de Israel por más países árabes, tras hacerlo Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos en 2020.
“No comprar el giro”
Tras dar a conocer la iniciativa, el Gobierno ha asegurado que “tiende la mano a cualquiera al que le importe sinceramente la unidad nacional y desee alcanzar un acuerdo”. El líder de la oposición y anterior primer ministro, Yair Lapid, ya ha rechazado la nueva propuesta, al considerarla un “modelo para una toma política hostil del sistema judicial”. A juicio de Lapid, el comité del Supremo seguiría estando diseñando “para elegir personas cercanas”, como planeaba el Ejecutivo “desde el primer día”, criticó en Twitter.
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Por su parte, la líder laborista, Merav Mijaeli, insistió en la importancia de “no comprar el giro”, perseverar en las protestas y rehuir el debate con el Gobierno en torno a “un plan dirigido a aplastar la democracia israelí”. “Lo último que necesitan ahora es legitimidad”, declaró a la radio militar nacional. El movimiento de protesta sigue fuerte (reunió a unas 250.000 personas el pasado sábado, el undécimo de manifestaciones) y el plan de Netanyahu (que reduciría la independencia judicial) cada vez recibe más críticas internacionales.
El pasado miércoles, el presidente, Isaac Herzog, con potestad para mediar en las crisis políticas, pidió la retirada de la propuesta gubernamental y presentó una alternativa (como base para el diálogo) que excluye las leyes más controvertidas y dañinas para la separación de poderes. Netanyahu la rechazó de plano, mientras que cinco de los seis partidos de la oposición anunciaron de forma conjunta su aceptación.
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