“Últimas palabras…” dijo Cristina Fernández de Kirchner desde su despacho en el Senado, la mirada fija a la cámara. Se detuvo un segundo, sonrió y lanzó la frase que ya había pensado como titular. “Nunca un término judicial tan apropiado para definir lo que es este tribunal: es un pelotón de fusilamiento”. La escuchaban los tres jueces federales que el día 6 de diciembre decidirán si es culpable o inocente de liderar una supuesta asociación ilícita montada en la Casa Rosada para defraudar al Estado. Los fiscales han pedido contra Kirchner 12 años de cárcel y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. “No es asociación ilícita un Gobierno elegido democráticamente tres veces”, dijo Kirchner, en referencia a la gestión de su marido, Néstor Kirchner (2003 -2007) y las dos donde fue presidenta, entre 2007 y 2015.
Kirchner habló menos de 20 minutos, lejos de los largos discursos que supo dar en el pasado cuando le tocó defenderse en el juicio. Su primera aparición fue el 2 de diciembre de 2019. Ya en aquella ocasión denunció que era víctima de un “partido judicial” que ya tenía la sentencia escrita. La intención, según la vicepresidenta, es sacarla de la carrera política y cargar contra el peronismo, el movimiento que representa. “¿En serio creen que mi Gobierno hizo un fraude contra la administración pública?”, preguntó a los jueces del tribunal. “¿Mi Gobierno, el que le pagó al Fondo Monetario Internacional’ ¿Nosotros estafamos al país, cuando las condiciones de vida eran muy superiores que ahora? Los que trajeron al FMI y endeudaron al país en 45.000 millones, dinero que no sabemos dónde está, no tienen problemas, están en Qatar mirando el Mundial”, dijo, en referencia al crédito que el multilateral concedió como salvataje financiero a Mauricio Macri en 2018.
“La sentencia está escrita, pero nunca pensé que lo estaría tan mal escrita”, disparó Kirchner. Y cargó una vez más contra los dos fiscales de la causa, Diego Luciani y Sergio Mola. Los acusó de lanzar mentiras e injurias durante los 20 días que duraron los alegatos de la acusación. Para reforzar la idea del pelotón de fusilamiento recordó que diez días después del pedido de condena en su contra un hombre intentó asesinarla en su casa. “Pero la bala no salió”, recordó sobre ese magnicidio. “12 días después de ese 1 de septiembre, Clarín nos regala esta tapa: ‘La bala que no salió y el fallo que sí saldrá’. Miren si no hay una identificación con esta causa. Durante la acusación se contaron cosas que no habían existido y se ocultaron otros. Y resulta ser que en los alegatos de la defensa se demostró que cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal no eran ciertas”, dijo Kirchner. Para completar su defensa, sus abogados subieron a las redes sociales un documento que titularon Las Veinte Mentiras de la Causa Vialidad.
La suerte ya está echada para Kirchner. Han pasado dos años y medio desde el inicio del proceso y solo resta la sentencia, prevista para el 6 de diciembre. Si finalmente es condenada, no irá presa, porque tiene fueros como vicepresidenta. Su eventual condena, en cualquier caso, iniciará un largo proceso de apelaciones que terminará en la Corte Suprema, que tendrá la última palabra.
Los fiscales acusan a Kirchner de montar una asociación ilícita durante sus dos Gobiernos, entre 2007 y 2015, para beneficiar a amigos del poder con millonarios contratos de obra pública a cambio de sobornos. Entre los acusados hay funcionarios sospechados de cobrar y empresarios sospechados de pagar. Según el argumento del fiscal Luciani, la expresidenta montó un aceitado mecanismo donde el empresario Lázaro Báez, condenado en 2021 a 12 años de cárcel por lavado de dinero, era el gran beneficiado con obras viales en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo en la Patagonia.
Luciani ha dicho que la vicepresidenta “no podía no saber” lo que sucedía bajo su mando. Y estimó en 1.000 millones de dólares el daño causado al Estado a través de 51 contratos de obras viales entregadas a Austral Construcciones, la empresa de Báez, hasta entonces un un ignoto empleado de banco que en pocos meses se convirtió en millonario. Como argumentos del presunto fraude, la fiscalía dijo que el patrimonio de Báez creció 12.000% entre 2004 y 2015 y el de su empresa un 46.000%. Durante las tres presidencias del kirchnerismo, Báez solo tuvo como cliente al Estado; mientras su fortuna se multiplicaba, celebrara una veintena de acuerdos comerciales privados con la familia Kirchner.
El 23 de agosto, un día después del pedido de prisión presentado por Luciani, Kirchner se defendió de todas las acusaciones. Lo hizo, una vez más, mirando a una cámara montada en su despacho en el Congreso.
Kirchner denunció en aquella declaración que la investigación que enfrenta es en realidad “contra todo el peronismo”, una “ficción” sin pruebas ni sustento jurídico. Colocó detrás de la jugada al expresidente Mauricio Macri (2015-2019), representante de “aquellos que van por todo, por los salarios, los derechos de los trabajadores y los jubilados”. El peronismo cerró entonces filas alrededor de la vicepresidenta. Hubo marchas de desagravio y largas jornadas de vigilia frente al piso que ocupa en Recoleta, el barrio más acomodado de Buenos Aires. Las manifestaciones cesaron abruptamente la noche del 1 de septiembre, cuando intentaron asesinarla de un disparo en la cabeza. La vicepresidenta redujo entonces sus apariciones públicas.
En la lista de acusados hay otras 12 personas. Está el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el hombre que manejaba el presupuesto de la obra pública. También Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López, preso desde 2016 tras ser atrapado in fraganti cuando intentaba ocultar bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Kirchner sostiene que todo el juicio es en realidad político, “un pelotón de fusilamiento que tuvo desde el principio el objetivo de estigmatizar un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación de ese espacio”.
“Es para que nadie nunca se atreva a hacer las cosas que hicimos nosotros: recuperar las AFJP [el sistema privado de pensiones que fue nacionalizado en 2008], recuperar YPF [la petrolera reestatizada en 2012] y pagarle a FMI [todo lo adeudado, en 2005]. Ha sido una acción disciplinadora de la clase política”, dijo este martes ante los jueces. Esos mismo jueces deberán ahora decidir si el fiscal ha probado que las decisiones de un Gobierno pueden considerarse fruto de una asociación ilícita, que por definición nace para delinquir.
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