Hace ocho meses, Marta Flor (Madrid, 44 años) sonreía al acabar su último turno de palabra en el primer juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra el comisario José Manuel Villarejo. Ese día, la abogada de Podemos no solo ponía fin a un intenso año de sesiones sobre una presunta macrotrama de corrupción policial que salpica a varios estamentos del Estado, sino que daba por cerrado un ciclo que le ha acarreado un enorme “daño personal”. “Al acabar, pensé: ‘Has atravesado el río”, cuenta. Aunque la corriente casi se la lleva. Ella misma acabó colocada en la picota en la instrucción y señalada sin pruebas en 2020 por una supuesta relación con el fiscal del caso, Ignacio Stampa. Una “campaña” de mentiras que, según asegura, le generó “estrés postraumático”; y en la que ella solo fue, dice, un “daño colateral”. “Querían cargarse a Stampa y la causa [judicial]. Después de un año de juicio, Villarejo llegó a decirme: ‘Tú, Marta, has sido la víctima de todo esto”.
Marta Flor ha optado por no decir nada en público durante tres años. Pero ahora ha decidido romper su silencio. Primero, con su intervención en un reciente podcast sobre el fiscal Stampa. Y ahora con esta entrevista en EL PAÍS, que se prolonga durante más de dos horas en su despacho de Rivas-Vaciamadrid (Madrid). Esta es su mirada sobre lo ocurrido en este tiempo. La de una abogada que, con 13 años de carrera a la espalda, desembarcó en 2016 en un Podemos en auge y que ha participado en algunas de las causas judiciales más trascendentes (caso Villarejo, caso Pujol, caso Dina, caso Pequeño Nicolás…). Flor ha representado en la Audiencia Nacional a Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno, y en el Tribunal Supremo a Alberto Rodríguez, ex secretario de Organización de Podemos.
—¿Cómo comienza a trabajar para Podemos?
—Mi procurador me dijo que Podemos estaba haciendo selección de abogados para llevar distintos temas: civil, penal, contencioso… Que, si me interesaba, daba mi nombre. Que era una oportunidad laboral. Dije: “Bueno, no estoy buscando trabajo. Pero sí, simpatizo con el proyecto”.
Explica que, apenas medio año, dejaron el partido las dos abogadas que llevaban los asuntos penales. “Y se quedaron las macrocausas, [donde la formación se había personado como acusación popular], y solo estaba yo”. Pronto se incorporaron más miembros al equipo legal. Pero su vida, separada y con un hijo de seis años, “empezó a ser una verdadera locura”. “Encima, sientes que lo que estás haciendo es muy importante porque puede servir. Me puse en mi despacho: Quivis ex populo, que en latín es ‘uno cualquiera del pueblo’ y que es el concepto de acusación popular”.
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La abogada aterrizó así en el caso Manos Limpias —sobre la extorsión a entidades bancarias y a empresas—. Y en el caso del Pequeño Nicolás. Y en el caso Pujol, que derivó también en la acusación contra el jefe de la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy y supuesto muñidor de la policía patriótica, Eugenio Pino. “Empezamos a ver que había una trama criminal, con un montón de cosas y personajes que están conectados”. Y el camino les llevó al caso Tándem, que estalló en noviembre de 2017 con el arresto de Villarejo. “[Personarnos] era una forma de seguir el hilo de la corrupción policial. Desde el primer momento percibí que iba a ser gordo, pero ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que había. Y que llegaba a implicar al rey emérito…”.
La abogada subraya dos hitos que, en su opinión, marcaron el caso Tándem. Primero, cuando estalla el caso Dina, abierto en 2019 para investigar cómo era posible que Villarejo tuviese en su poder una copia de la tarjeta del móvil de una asesora de Iglesias, Dina Bousselham, que había denunciado en 2015 el robo de su teléfono. Segundo, cuando brotan los nombres de las empresas que contrataron al comisario. “Sale el BBVA, Repsol, Iberdrola… todo el Ibex. Ahí empecé a pensar que era inabarcable”.
Estalla el ‘caso Dina’ y el ‘caso Neurona’
Por aquella época, Flor comunica a sus superiores que quiere marcharse. Dice que la relación con José Manuel Calvente, coordinador del área legal de Podemos, se había convertido en insoportable —más tarde lo denunciaría por acoso sexual y laboral, aunque un juzgado de Madrid archivó las imputaciones al no haberse “acreditado”—. “Alberto [Rodríguez, número tres del partido] me dijo: ‘No voy a permitir que te vayas por la puerta de atrás porque tú te has partido la cara por todos nosotros en los tribunales”. Y, en diciembre de 2019, Podemos echa a Calvente, que carga contra el partido.
En enero de 2020, se filtra un burofax donde Calvente acusa a Flor de mantener “relaciones íntimas con el fiscal de un asunto importante”, señalando así a Stampa, fiscal del caso Villarejo. En verano, el testimonio de Calvente sobre supuestas irregularidades financieras en Podemos, se convierte en la base para abrir una macrocausa (caso Neurona) que ha acabado desinflada. También se filtran extractos de las conversaciones de mensajería telefónica de los miembros del equipo legal. Y Calvente acusa a sus antiguos compañeros de construir el caso Dina para beneficiar a Pablo Iglesias: “El caso Dina era un montaje y, como yo podía desmontarlo, me intentaron joder la vida acusándome falsamente de acoso sexual”, dijo en El Mundo.
“Yo creía que Calvente quería destruir mi imagen. Pero ahora veo, con todo lo que hizo después, que el objetivo no era yo sino [perpetrar] la venganza contra quien le ha acusado públicamente de acoso: el partido”, incide Marta Flor. En octubre de 2020, tras escuchar a Calvente y concluir que Bousselham se contradice, el juez Manuel García-Castellón, instructor del caso Dina, manda un escrito al Tribunal Supremo donde pide investigar al líder de Podemos por inventarse una conspiración para presentarse como víctima de Villarejo, y plantea imputar, entre otros, a Flor.
“Veo que todo vale contra las víctimas de un delito”, afirma la abogada sobre Iglesias y Bousselham. “García-Castellón eleva una exposición razonada que criminaliza a la víctima y a la abogada de la víctima. Me mete a mí, que no soy aforada. ¿Cómo voy a hacer el trabajo de defender a la víctima si criminalizan a la abogada?”. “Hay otro auto donde formalmente me echa [de la causa]: dice que es incompatible [que lleve] la defensa de las dos víctimas porque hay conflicto de intereses”. “Hasta qué punto eso no es coaccionar mi trabajo”, insiste: “Ves que las normas no valen, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal la tienes que dejar en una papelera antes de entrar porque con la ley en la mano no puedes conseguir nada, que las reglas del juego están todas cambiadas”. “Llega un momento en que digo: ‘Esto es el juego más sucio”. En enero de 2021, el Supremo descartó que existiesen indicios sólidos contra los miembros de Podemos, y devolvió la causa a la Audiencia.
“Tenía la sensación de estar en una película, de que nada tenía sentido. Me denunció el juez, Vox, una periodista canaria… todo el mundo”, recuerda Marta Flor. “Y te das cuenta de que tú vas a sufrir, pero que el ataque no va contra ti”. Sobre las insinuaciones de que mantenía una relación “íntima” con el fiscal, y que incluso intercambiaban información confidencial sobre el caso Villarejo (algo que ambos han negado y que descartó una investigación interna de la Fiscalía), Flor remacha —sin concretar más—: “Iban a por Ignacio Stampa [que acabó relevado del caso] y a cargarse la causa [contra Villarejo] y la Fiscalía”.
La abogada quiso dejar entonces la primera línea. “Gracias a mis compañeros en el equipo legal, yo no me he ahogado. Había días en que no podía trabajar. Me diagnosticaron estrés postraumático porque, cada vez que veía una noticia de Calvente o de Stampa, sufría una especie de ataque de ansiedad. Tuve que ir a terapia y he tomado medicación un año entero. Ahora estoy bastante mejor, me he hecho fuerte”.
En septiembre de 2021, Flor defiende a Alberto Rodríguez en el Supremo. El entonces diputado es condenado por dar una patada a un policía en una manifestación años atrás, y pierde el escaño. Un mes después, comienza el primer juicio en la Audiencia Nacional del caso Villarejo —sobre tres presuntos encargos de espionaje que recibió el comisario—, donde la abogada representa a Podemos como acusación popular. Durante el año que duró esa vista, Flor pudo conversar en los descansos con algunos acusados. “Al principio Villarejo se paseaba por delante de mí, con su toga, como intentando amedrentarme. Pero después de un año de juicio llegó a decirme: ‘Es que tú, Marta, has sido la víctima de todo esto’. Como queriendo decir: ‘Has sido un daño colateral”.
—¿Le ha merecido la pena?
—Es una pregunta que me he hecho muchas veces. Cuando aún no me había recuperado y estaba con las heridas, hasta hace relativamente poco, decía: “Podemos me ha dado mucho profesionalmente, pero me ha quitado personalmente’. Pero ahora, que ya estoy recuperada, me considero dentro de Podemos una persona muy querida y valorada, me han dado una oportunidad profesional que nunca hubiera tenido. He tenido que pagar ese canon, por decirlo de alguna forma, pero al final echo la vista atrás y digo: “¡Si es que yo también he estado en todo!”. Cuántos españoles no querrían ponerse delante de mis acusados corruptos y decir: ‘Yo te acuso’. Volvería a hacerlo.
Flor cuenta que, actualmente, ya solo hace labores de apoyo en Podemos y se ha incorporado a un bufete en Rivas.
“El Pequeño Nicolás está aguantando el peso de no decir todo lo que sabe”
Marta Flor muestra su decepción por cómo ha acabado la investigación judicial abierta en torno a la figura de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, donde ella ejerció la acusación popular contra el veinteañero. Podemos siempre ha mantenido que este caso era solo “la punta del iceberg” de una trama que escondía una “macrocausa de corrupción policial”. “Nosotros no entramos en el caso del Pequeño Nicolás porque un chaval se había hecho pasar por agente del CNI, sino por la corrupción policial. Porque todos los informes que hacía la comisión judicial apuntaban ya a los posibles negocios que podía tener Villarejo, y se repetían los personajes que nos salían en otras causas”, cuenta.
La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto cuatro condenas de cárcel al Pequeño Nicolás, pero ha absuelto al comisario José Manuel Villarejo de grabar una conversación del CNI, en la única línea de las pesquisas centrada en la guerra abierta dentro de la Policía. “La sensación que me queda es que ha sido un bluf”, dice la abogada: “Todo ha quedado en una simple estafa: que Nicolás falsificó el DNI, la usurpación de funciones… Pero lo gordo, que es la organización criminal, no se ha estudiado. Nicolás, de alguna manera, está aguantando el peso de no decir todo lo que sabe y todo aquel al que ha servido de instrumento”.
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