La Audiencia Nacional ha asumido su primera gran investigación sobre “bandas latinas”, como las ha definido el Tribunal Supremo en varias resoluciones. El Juzgado de Instrucción 5, encabezado por el magistrado Santiago Pedraz, ya ha comenzado a practicar averiguaciones sobre una trama vinculada a los Dominican Don’t Play (DDP), según la documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS y han confirmado fuentes cercanas a la causa. En estas pesquisas se indagan, entre otros, delitos contra el patrimonio, organización criminal, falsificación de moneda y tráfico de drogas, así como el asesinato a machetazos de un veinteañero en el barrio madrileño de Usera en febrero de 2022 y otro intento de homicidio en Seseña (Toledo), perpetrado en abril de 2021.
Esta investigación arrancó en octubre de 2021 en el Juzgado de Instrucción 7 de Illescas (Toledo), que recibió un informe de la Guardia Civil sobre el intento de asesinato de Seseña: cinco personas abordaron a un joven (J. C. L. G.) cuando bajaba de un autobús y, tras perseguirlo, le golpearon y patearon; antes de asestarle una puñalada en la “zona inguinal” y un “machetazo en la cabeza, comprometiendo seriamente su vida”. Las primeras pesquisas se centraron en el grupo local de los DDP —escisión de los Dominican Don’t Play de Villaverde (Madrid)—, pero el hilo condujo a pandilleros de la capital y al asesinato de Usera.
Con ese avance sobre su mesa, la jueza de Illescas decidió enviar la causa a la Audiencia Nacional, que recayó en el Juzgado Central 5. Sin embargo, en un primer momento, Pedraz rechazó asumir la investigación. Al igual que la Fiscalía, el magistrado consideró que no contaba con suficientes indicios sobre la existencia de una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y falsificación de moneda —que, según mantuvo, hubiera permitido asumirla—. Más allá de que el sumario revelase la existencia de una estructura “jerarquizada” en los DDP, opinaba que no se había “acreditado” que se utilizase para “la comisión de los referidos delitos”.
La decisión quedó entonces en mano del Supremo, que resolvió el pasado 21 de diciembre. En su resolución —firmada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Javier Hernández—, el alto tribunal da la razón a la jueza de Illescas y ordenó que la Audiencia Nacional se quedara con la causa. El Supremo subraya que constan “datos, con suficiente calidad indiciaria, que permitan sostener presuntamente la existencia de un grupo u organización criminal a cuyo abrigo se habría desarrollado el delito de falsificación de moneda”.
La resolución del alto tribunal, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, recuerda dos sentencias del propio Supremo, que confirmaron que los Dominican Don’t Play constituyen una “organización criminal”. Y el mero “aprovechamiento de esa estructura” —para cometer delitos— resulta suficiente para que la causa recaiga en la Audiencia. “La regla competencial parte de la razonable presunción de que los Juzgados Centrales de Instrucción están en mejor condición para la eficaz investigación de determinados delitos graves en los que concurran factores organizativos complejos”, apostilla el auto de los tres magistrados. Hace una década, el Supremo ya declaró ilegal a esta banda juvenil.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete
En diversas ocasiones, la justicia ha considerado probado que los DDP constituyen un grupo que emula a la banda del mismo nombre creada en República Dominicana, “dedicada a cometer delitos graves contra la vida e integridad física de las personas”. Al igual que la original, en España se distribuyen en células organizativas (llamadas “coros” y, cada una, con una jerarquía interna), además de contar con reglas y simbología propia.
La causa asumida ahora por la Audiencia Nacional se ha llegado a dirigir contra, al menos, 14 personas (dos de las cuales, una vez detenidas, seguían dando órdenes desde prisión). Entre los crímenes que se investigan, además del intento de homicidio de Seseña, destaca un asesinato perpetrado en un parque de Usera (Madrid) en febrero de 2022, cuando mataron a machetazos a Diego F. L., un colombiano de 25 años.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
