El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una investigación para aclarar los pagos de tres empresas del Ibex 35 —Telefónica, Gas Natural y Repsol— a la productora audiovisual catalana Triacom, que está vinculada con el caso de financiación irregular de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según han confirmado fuentes judiciales. Las empresas abonaron un total de 3,4 millones de euros a Triacom por proyectos o trabajos cuya existencia real trata de determinar el juez. La hipótesis de trabajo de los investigadores de los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil es que parte de ese dinero pudo canalizarse hacia el partido nacionalista a cambio de adjudicaciones. Los pagos se hicieron entre 2009 y 2011, en la época en que fenecía el Gobierno tripartito de izquierdas en Cataluña y Artur Mas iniciaba su andadura como presidente de la Generalitat.
Los informes policiales, que este viernes han avanzado El Mundo y El Periódico de Cataluña, obran en una causa abierta por el juez Pedraz que es una derivada del caso 3%, que indaga la presunta financiación irregular de Convergència. Acabada la instrucción de ese caso, la Fiscalía ha pedido penas de hasta 21 años de cárcel para una treintena de personas, entre empresarios y dirigentes del partido —entre ellos, el exgerente Germà Gordó—, que presuntamente participaron en el amaño de adjudicaciones públicas a cambio de comisiones. Esta nueva línea de investigación trata de aclarar si los pagos efectuados por las tres empresas del Ibex son lícitos o no y si tienen alguna relación con adjudicaciones públicas. Consultados por este diario, portavoces las tres compañías han rechazado hacer comentarios sobre la investigación judicial en marcha.
Los contratos de Triacom con grandes empresas han sido puestos bajo la lupa de los investigadores. El primer abono sospechoso es de 2009, cuando el responsable de la productora y el entonces vicepresidente de la Fundación Repsol, Jaume Giró, firmaron un acuerdo para patrocinar (con 0,4 millones de euros) una serie de televisión para TV3, la televisión pública catalana. El plan preveía la realización de 52 capítulos, aunque Triacom solo llegó a producir la mitad. Un año después, en 2010, Telefónica, entonces presidida por César Alierta, pagó otros 2,9 millones de euros a Triacom por la elaboración de dos vídeos corporativos (finalmente solo se hizo uno, sobre la nueva sede de Barcelona) y por el patrocinio de una serie para TV3. El último de los contratos bajo sospecha es de 2011 y fue firmado con Gas Natural, que también encargó la confección de un vídeo corporativo (120.000 euros).
Los informes de Mossos y Guardia Civil ponen en duda la veracidad de esos trabajos. En el caso de Gas Natural, Triacom subcontrató la tarea a otras empresas, entre ellas una firma de David Madí, que fue jefe de la campaña electoral que devolvió a Convergència al poder y dio la presidencia a Artur Mas. Madí es un hombre fuerte de Convergència, que en 2010 abandonó formalmente la política activa para dedicarse a sus negocios de consultoría. En el caso de Telefónica, los informes concluyen que el precio era “desorbitado” para los trabajos que se debían llevar a cabo.
Esta nueva línea de investigación forma parte de la pieza separada del caso 3% que indaga la presunta financiación irregular de Convergència a través de Hispart, una empresa administrada por el empresario Juan Manuel Parra. Este empresario ya había sido condenado en el caso Palau, el expolio del Palau de la Música (más de 23 millones de euros) que permitió probar, por primera vez, la financiación irregular del partido. Ante su nueva imputación en el caso 3%, Parra decidió tirar de la manta: contó al juez que el exgerente del partido y exconsejero Germà Gordó —fue secretario del primer Ejecutivo de Artur Mas— le indicó que los trabajos que Hispart había hecho para campañas electorales del partido los cobraría a través de Triacom.
David Madí ha sido condenado recientemente a 14 meses de cárcel por un delito contra la hacienda pública por la emisión de facturas falsas a Triacom. La Fiscalía consideró que ese entramado de facturas debía ser asumido por la Audiencia Nacional —algo que finalmente se descartó— al considerar a Triacom parte de “una estructura de financiación de CDC”.
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