La Audiencia Nacional revoca por “prematura” la semilibertad del etarra que asesinó al socialista Fernando Buesa | España

Asier Carrera y Luis Mariñelarena en una imagen del 13 de junio al comenzar su juicio por el asesinato de Buesa.
Asier Carrera y Luis Mariñelarena en una imagen del 13 de junio al comenzar su juicio por el asesinato de Buesa.EFE

El tercer grado concedido a Asier Carrera Arenzana, el asesino de ETA que en 2000 mató con una la bomba al socialista Fernando Buesa y a su escolta, Jorge Díez, ha sido revocado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que considera que fue otorgado de forma “prematura” por parte de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco. La jueza María Reyes Jimeno estima que la buena evolución de Carrera, preso desde 2000, y su arrepentimiento no son suficientes para otorgar la semilibertad sin que previamente haya pasado por el segundo grado y haya disfrutado de permisos de salida. La magistrada admite que el etarra ha estado ya cuatro meses fuera, disfrutando del tercer grado, “sin que conste comunicada incidencia alguna negativa”, pese a lo que dicta el reingreso. El Gobierno vasco, que en octubre de 2021 asumió la competencia de prisiones, ha concedido desde entonces 34 terceros grados a miembros de la extinta ETA, de los que ocho han sido revocados.

En el auto, que fue dictado el 7 de febrero, la jueza admite un recurso de la fiscalía de la Audiencia Nacional contra la relajación en el cumplimiento de la pena de Carrera, quien está en la cárcel de Álava (Zaballa) desde 2021. La jueza incide en que, a pesar de que Carrera ha presentado escritos de arrepentimiento, “no obran informes técnicos contundentes ni suficientes a los efectos” de conceder la progresión, informa la agencia Efe. “Partiendo de los expresados datos y no obstante la valoración positiva de la evolución del penado en su posicionamiento frente a sus delitos y en relación a las víctimas de los mismos, a los que menciona nominativamente, se considera prematura la progresión de grado propuesta y adoptada por la Consejería de Justicia”, detalla.

La magistrada reconoce que ya han pasado cuatro meses desde la excarcelación parcial, “sin que conste comunicada incidencia alguna negativa”, pese a lo cual, destaca, ya es imposible evitar los efectos negativos de la revocación de la citada decisión. El auto explica concluye que, “partiendo de los expresados datos y no obstante la valoración positiva de la evolución del penado en su posicionamiento frente a sus delitos y en relación a las víctimas de los mismos, a los que menciona nominativamente, se considera prematura la progresión de grado propuesta y adoptada por la Consejería de Justicia”, detalla la magistrada.

La gravedad de los delitos que perpetró el terrorista es uno de los elementos que valora la juez Reyes. “No cabe obviar que el interno cumple condena por delitos muy graves, tiene aún muchos años de condena pendientes de cumplimiento y no ha iniciado el disfrute de permisos ordinarios de salida como paso previo a la semilibertad”. A pesar de que la jueza reconoce que el escrito por el que Carrera reconocía “el daño causado a las víctimas de los hechos” por los que fue condenado, asegura que no se puede “olvidar” que el arrepentimiento ha sido valorado recientemente por la Sala de Apelación “como insuficiente para el inicio de los permisos ordinarios de salida”.

Asier Carrera ingresó en prisión el 14 de noviembre de 2000 y habrá cumplido las tres cuartas partes de la pena en 2023. La concesión del tercer grado o semilibertad es una decisión de la administración penitenciaria, pero sometida al control judicial. Desde que el Gobierno vasco asumió la gestión de las cárceles en Euskadi, ha apostado por potenciar el tercer grado o semilibertad para que, al menos, el 40% de los reclusos (el 50% en el caso de las mujeres) cumplan sus penas en régimen abierto. De los 169 presos de ETA que quedan en España, solo siete están en cárceles de fuera del País Vasco.

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Esta cifra supone que, cuatro años y medio después de que Pedro Sánchez anunciase en verano de 2018 el fin de la política de dispersión puesta en marcha en 1989 por el Gobierno de Felipe González, el 96% de los etarras encarcelados en España estarán recluidos en cárceles del País Vasco o Navarra, y solo el 4% restante fuera. En Francia aún quedan otros 13 presos, todos menos dos recluidos en la prisión de Lannemezan, la más cercana a España, según Etxerat (colectivo de apoyo a los presos).

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