La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha revisado las cuentas públicas del año pasado y ha encontrado irregularidades en el gasto de 10.312 millones de pesos —unos 505 millones de dólares—. De acuerdo al informe de fiscalización, presentado este viernes ante la Cámara de Diputados, las Administraciones estatales y locales son quienes tendrán el mayor trabajo: deberán justificar el destino de 6.675 millones de pesos en las próximas semanas. Mientras que el uso del resto del dinero, unos 3.637 millones, tendrán que ser explicados por el Gobierno federal y el Poder Judicial.
La segunda entrega del informe de gasto público de 2021, realizada a partir de 125 auditorias, revela que el Estado que registró los montos más altos sin aclarar es Coahuila, que en 17 controles que se le realizó reportó irregularidades por 1.999 millones de pesos. De ese total, el grueso corresponde al sector de salud, con unos 1.291 millones de pesos. Por detrás está Durango, con 655 millones, con un alto porcentaje relacionado a gastos sin detallar realizados por el Gobierno estatal. Chiapas está tercero, con 471 millones, de los cuales la mayoría son anomalías en el municipio de Chamula. Las únicas entidades que fueron capaces de explicar el destino de cada peso auditado fueron Querétaro y Guanajuato.
La primera entrega sobre el escrutinio a las cuentas públicas de 2021, hecha en julio pasado, detectó irregularidades en el desembolso de 1.038 millones de pesos. Lo que deja un total, entre los dos informes, de 11.350 millones. Tras presentar el informe en Diputados, el auditor superior, David Colmenares, señaló este viernes que ahora viene una etapa de seguimiento de esas irregularidades detectadas, en las cual las dependencias tendrán que solventar las observaciones hechas por la ASF. Colmenares dijo además que han presentado al menos 30 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por casos que consideraban que podían ser actividades delictivas.
Dentro del área del Gobierno federal, uno de los sectores que más anomalías reporta es el conjunto de empresas que corresponden a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Entre las subsidiarias de las dos compañías deberán explicar el destino de 1.837 millones de pesos que tuvieron usos irregulares y no fueron explicados. En Desarrollo Social, las áreas que tienen los montos más altos por aclarar son Seguridad Social y Salud, con unos 350 y 168 millones respectivamente. El Gobierno federal deberá también explicar qué pasó con 647 millones que dependían de Infraestructura, Comunicación y Transporte.
El informe desarrolla las anomalías no solo por Estado, si no por municipio. En este caso, destacan las irregularidades de la alcaldía Cuauhtémoc, que encabeza las dependencias de Ciudad de México con 122 millones de pesos. Entre otros organismos que fueron auditados aparecen colegios y universidades. En este último punto, sobresale la Universidad Autónoma de Coahuila, que no pudo justificar unos 693 millones.
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