“Cierro el paréntesis”. Con estas palabras ha anunciado Laura Borràs que vuelve a la actividad política como presidenta de Junts per Catalunya después de apartarse temporalmente para centrarse en el juicio que se ha seguido contra ella por corrupción. Durante toda la instrucción, la estrategia de defensa de Borràs ha sido presentarse como víctima de una persecución judicial por razones políticas. En la última parte de la vista oral ha insistido en que el suyo era un caso de lawfare. Tanta insistencia en esa palabra no es casual. Lawfare significa hacer la guerra contra un adversario político utilizando querellas falsas o instrumentalizando las leyes o la justicia. La guerra judicial puede adoptar múltiples formas, pero difícilmente encaja con lo que le ha ocurrido a Borràs.
Lawfare son las acusaciones falsas que llevaron al encarcelamiento de Lula da Silva o a la destitución de Dilma Rousseff en Brasil; lawfare son las causas judiciales contra Podemos instigadas por la cúpula de Interior bajo el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz; o los falsos informes policiales sobre supuestas cuentas en Suiza de Xavier Trias o Artur Mas; o las 13 querellas que se han presentado contra la alcaldesa Ada Colau, de las cuales 11 ya han sido sobreseídas, como explica Josep Maria Montaner en un último libro, Lawfare urbano (Icaria).
El lawfare busca causar un daño reputacional y erosionar el liderazgo de los políticos atacados. Aunque los promotores de estas querellas saben que carecen de fundamento jurídico, cumplen con el propósito de amedrentar al político señalado, hacerle gastar energía para defenderse y crear dudas sobre su honorabilidad. El problema de Laura Borràs es que, pese a sus intentos de confundir, el juicio ha sido demoledor.
Los testimonios y las pruebas aportadas mostraban que no solo vulneró la normativa para trocear los contratos y poder adjudicar servicios por valor de 335.000 euros a su amigo sin convocar concurso público, sino que se falsearon ofertas de proveedores inexistentes para crear apariencia de concurrencia. Y la investigación judicial no se inició por una maquinación de los poderes del Estado, sino por una casualidad: el error de una funcionaria de Correos, que se equivocó a la hora de depositar un sobre que contenía billetes falsos enviado por Isaías Herrero. La mujer que por error recibió el sobre lo denunció a los Mossos d’Esquadra y, al tirar del hilo, se toparon con unos correos entre Herrero y Borràs en los que se detallaba cómo iban a amañar los contratos.
Laura Borras intentó sin éxito modificar el Reglamento del Parlament para evitar ser apartada del cargo de presidenta al ser imputada por corrupción. En cambio sí logró introducir una modificación en los estatutos internos de Junts per Catalunya para añadir una excepción a la regla general de apartar a los dirigentes condenados por corrupción: la de que sean víctimas de un caso de lawfare, lo que le permitiría seguir siendo presidenta de Junts aunque fuera condenada e inhabilitada. Pero puede que no le sirva. Apenas 200 personas acudieron a apoyarla el primer día del juicio y lo acabó en la mayor soledad. La buena estrella de Laura Borràs se está apagando, ya no es un activo electoral y sus compañeros de partido buscan nuevos liderazgos.
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