La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha concluido que los militares que mataron a cinco muchachos en Nuevo Laredo a finales de febrero, y dejaron a otro malherido, hicieron un “uso excesivo de la fuerza a través del uso ilegítimo de las armas de fuego”. La oficina del ombudsman, en manos de Rosario Piedra Ibarra, ha evitado indagar en la posible responsabilidad de los mandos castrenses de que dependían los militares acusados. En su informe, divulgado este martes por la noche, la dependencia ni siquiera se plantea el papel de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y de la misma estrategia de seguridad del Estado en lo ocurrido.
Ha sido rápida la comisión. En menos de un mes, sus investigadores han elaborado un documento que recoge buena parte de la información hecha pública estas semanas, además de nuevos datos, desconocidos hasta ahora. Es el caso de las declaraciones de los cuatro militares señalados de perpetrar la matanza, rendidas ante funcionarios de la Fiscalía federal, poco después de lo ocurrido. Según sus relatos, uno de ellos empezó a disparar y los demás le siguieron, sin que mediara una agresión por parte de los jóvenes, que volvían de pasar la noche en una discoteca. Los militares dispararon un total de 117 veces.
“La actuación que desplegaron los elementos de la Sedena”, reza el informe, “no fue acorde a lo establecido en el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las Tres Fuerzas Armadas, ni tampoco a lo establecido en los estándares internacionales. Se requiere a la Secretaría, en cumplimiento a la normativa nacional e internacional aplicable, examine sus programas de capacitación y procedimientos operativos”, añade.
La última frase recoge lo más parecido a una crítica que la CNDH le hace a la dependencia. En el resto de las 54 páginas del informe, la oficina del ombudsman carga contra los cuatro militares acusados, cuatro cabos de caballería que dispararon sin que el capitán al mando del convoy, compuesto por un total de cuatro camionetas, diera la orden. Se desconoce hasta el momento el estatus de los militares. Este diario informó el lunes de que están presos en la cárcel militar de Ciudad de México. La CNDH señala que la FGR ha solicitado que se “formule imputación” contra los cuatro, aunque no aclara por qué delito.
“AR1, AR2, AR3 y AR4″, dice el informe, en referencia a los militares señalados, “no solo dejaron en estado de indefensión a las víctimas y a sus familias, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, pues con su conducta vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y a la vida”, añade. “Esta Comisión Nacional considera que la presente recomendación constituye una oportunidad para la Sedena de concretar acciones y sumarse a una cultura de la paz, legalidad y respeto a derechos humanos”, concluye.
Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización que ha seguido el caso desde el principio, ha criticado el trabajo de la CNDH. “Es muy malo”, ha dicho Ramos. “Es un informe que no cuestiona la cadena de mando y que, además, omite los tratos crueles y degradantes que sufrieron Luis Gerardo y Alejandro”, señala, en referencia a los dos supervivientes. En sus declaraciones, que EL PAÍS ha publicado estas semanas, los dos afirman que militares le dispararon a Luis Gerardo, después de la primera ráfaga, cuando pedía ayuda, malherido, en el suelo.
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