La Corte argentina escala en su guerra contra el Gobierno con la suspensión de dos elecciones provinciales

La guerra abierta que enfrenta al Gobierno argentino con la Corte Suprema alcanzó esta semana un nuevo clímax. El martes, tres de los cuatro supremos (uno estaba de viaje y hay un puesto vacante) suspendieron las elecciones que dos provincias peronistas – San Juan y Tucumán – tenían previstas para este domingo 14 de mayo. Fue una medida extrema, motivada por un reclamo de la oposición, que pidió impugnar a dos candidatos a gobernador y vice. El presidente, Alberto Fernández, respondió este miércoles al fallo judicial con un mensaje en cadena nacional. “Deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces”, se quejó. La Casa Rosada y la Corte llevan meses de enfrentamientos. Desde enero, una comisión dominada por legisladores del oficialismo avanza en un juicio político contra los supremos, a los que acusa de “insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional”.

El próximo domingo, las provincias de San Juan y Tucumán debían elegir autoridades ejecutivas y legislativas. Ambos distritos llevan años controlados por dos políticos peronistas: Sergio Uñac el primero y Juan Manzur el segundo. Tanto Uñac como Manzur vienen alternándose en los cargos de gobernador y vice, una estrategia con la que se garantizaron el poder real y también evitar el límite que sus respectivas Constituciones ponen a la reelección. La oposición pidió a la Corte que desarmase lo que consideraba una trampa legal. Los cargos de gobernador y vice deben tomarse como una unidad, argumentan, y por lo tanto Uñac y Manzur no pueden ser candidatos porque alcanzaron el límite legal de mandatos.

Los jueces se tomaron su tiempo para analizar los reclamos y este martes, a cinco días de las elecciones, decidieron suspender los comicios, pedir información a las provincias sobre el caso y posponer la cuestión de fondo hasta finales de mes. Lo hicieron, además, con palabras muy duras: “La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar —en algunos casos hasta hacerlos desaparecer— los principios republicanos que establece nuestra Constitución. Ese pasado debería desalentar ensayos que persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de las máximas magistraturas de la provincia a quien ya lleva doce años ininterrumpidos en esos cargos, desconociendo el texto constitucional”.

Los textuales fueron tomados de fallos anteriores en los que la Corte también se opuso a la reelección de gobernadores, como en Santiago del Estero (norte) en 2003. La diferencia, esta vez, fue el tiempo. En aquella ocasión, el candidato tuvo tiempo de buscar un reemplazo -su esposa- y mantenerse como el poder en las sombras. Esta vez, los pocos días que faltan para los comicios han descolocado a toda la dirigencia política, que no esperaba el golpe. El Gobierno de Fernández reaccionó por reflejo. Acusó a la Corte de trabajar para la oposición y de poner en cuestión la autonomía de las provincias. “La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna”, dijo Fernández en un mensaje grabado.

El peronismo daba por hecha la victoria de Manzur como vicegobernador de Tucumán y de Uñac como gobernador de San Juan. Hubiese sido un balón de oxígeno en un momento especialmente difícil. La inflación desbocada es un duro lastre para las ambiciones electorales del Gobierno, que a cinco meses de las elecciones nacionales no tiene candidato. El presidente, Fernández, ha desistido de su reelección presionado por el kirchnerismo, que lo quiere lo más lejos posible de cualquier estructura electoral; Cristina Kirchner, la jefa del movimiento, ya anunció en diciembre que no sería candidata tras se condenada a seis años de prisión por corrupción (el fallo no está firme); el ministro de Economía, Sergio Massa, el candidato que tenía en mente Kirchner, no hace pie en su guerra contra una inflación que supera largamente el 100% anual.

Las autoridades de Tucumán decidieron acatar el fallo y suspendieron los comicios para todos los cargos. San Juan, en tanto, suspendió la elección para gobernador, pero mantuvo en pie las legislativas y municipales. Para la oposición, el fallo de la Corte fue un triunfo contra las aspiraciones de dirigentes que, consideran, manejan sus distritos como un “feudo”. Pero lo que está en juego, detrás del ruido político, es la guerra entre el Gobierno y los supremos, que se ha agravado al calor de las causas judiciales contra Cristina Kirchner. El juicio político que se dirime en el Congreso es una muestra de ello. “Quiero anunciarles”, dijo este miércoles Fernández, “que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones para que se sumen a las causales de juicio político para seguir demostrando como esta Corte viola la división de podres y el federalismo”.

El fallo fue una demostración de fuerza de tres de los cuatro cortesanos que se oponen con más claridad al Gobierno: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. El cuarto, Ricardo Lorenzetti, más alineado a la Casa Rosada, no firmó porque casualmente está de viaje por Europa. La lapicera de la Corte tiene hoy más poder que la del presidente Fernández. Y más también que la del ministro Massa. El martes, Rosatti habló como invitado en un foro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Allí se refirió, para sorpresa de todos, a la crisis económica. “La Constitución manda a defender el valor de la moneda lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión descontrolada de la emisión monetaria, porque eso significa no defender la moneda y traicionar el mandato de la Constitución”, dijo el magistrado. Este viernes saldrá el índice de inflación de abril, que rondará el 8%. Massa estará pensando hasta donde ese porcentaje es anticonstitucional.

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