La Junta Electoral Central (JEC) se reúne este jueves en Madrid y dentro del orden del día figura el debate sobre qué hacer con el escaño de diputada en el Parlament de Laura Borràs. Lo más seguro es que lo pierda, pues la ley electoral fija como causa de inelegibilidad sobrevenida una sentencia, aunque no sea firme, por delitos contra la Administración Pública. La también líder de Junts ya ha sido sentenciada por el Tribunal Superior catalán a 4,5 años de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad y cuya defensa ha comunicado este jueves al Tribunal Supremo su intención de recurrir. Sin embargo, una de las posibilidades es que la JEC remita al caso a la Junta Electoral de Barcelona, alargando así una decisión que impacta de pleno la normalidad institucional de la Cámara. La tensión en el seno de Junts y ERC también aumenta, pues la pelota sobre cómo acabar con ocho meses de interinidad en la segunda autoridad de Cataluña está en sus manos.
Las dos formaciones independentistas esperan con mucho interés la decisión, aunque por motivos diferentes. En Junts, con mucho esfuerzo, se han conjurado para postergar el debate sobre el futuro de su presidenta hasta después de las elecciones municipales. Los estatutos de la formación, reformados en el congreso del año pasado, fijan que se tiene que abandonar la presidencia del partido si hay una sentencia firme, a menos que se compruebe que sea un caso de lawfare. El partido ha cerrado filas con Borràs respecto a ese supuesto, pero es la comisión de garantías interna la que ha de dictaminar la existencia de esa supuesta guerra jurídica. La presidenta de ese órgano, Magda Oranich, ya ha expresado sus discrepancias en público sobre la defensa de la líder parlamentaria. Ese debate va de la mano sobre qué pasará con la presidencia de la Cámara: una parte de Junts cree que hay que acabar con la interinidad y recuperar una figura de gran peso político y un altavoz. Son mayoría ante un borrarismo debilitado y cuyos llamamientos a plantar cara la decisión no tienen mucho eco.
Es ahí donde entra ERC. Los republicanos han intentado ponerse de perfil en todo lo relacionado con el caso Borràs. Desde la condena a la presidenta suspendida, diferentes voces de los republicanos no paran de instar a Junts a mover ficha en designar a un sucesor en el liderazgo del Ejecutivo, respondiendo así al compromiso de que la mayoría independentista de la Cámara se vea reflejada en la Mesa. Los de Oriol Junqueras han descartado apoyar la propuesta del PSC de modificar el reglamento del Parlament para tener un mecanismo de expulsión de los miembros del órgano rector del legislativo catalán. Aducen que se trata de una reforma ad hoc, pero esperan que una decisión de la JEC les quite presión ante otras vías para solucionar la interinidad.
No es la primera vez que el Parlament se enfrenta a que la autoridad electoral tome una decisión fulminante sobre un diputado, a raíz de una sentencia que implique penas de inhabilitación. Ya sucedió en enero de 2020 con Quim Torra (aunque siguió ejerciendo como president hasta septiembre, cuando su sentencia quedó en firme por el Tribunal Supremo) y en el mismo mes de 2022 con el diputado anticapitalista Pau Juvillà. En ambos casos, habían sido juzgados y declarados culpables de un delito de desobediencia, por no retirar simbología independentista de edificios públicos.
La JEC actuó directamente en estos casos porque las sentencias llegaron fuera de periodo electoral. Esto implica que no esté activadas las Juntas Electorales Provinciales (se disuelven 100 días después de cada cita electoral), solo era posible que la Central (que es permanente) tomara una decisión. El discurso fue y es el mismo por parte del independentismo: que un órgano administrativo no puede retirar un acta, más aún si el propio reglamento de la Cámara fija como baremo para quitar un acta la sentencia firme de la justicia. Pese a esa oposición conceptual, hasta la propia Borràs obedeció la decisión sobre Juvillà.
Si la Junta Electoral central decide actuar directamente, Junts tendría más presión para mover ficha en el relevo de la presidencia del Parlament. Eso haría tambalear la intención del secretario general del partido, Jordi Turull, de esperar hasta después de las municipales para abordar el debate. Los republicanos se verían instados a actuar si Junts insiste en la interinidad. Por otra parte, si hay inhibición ante la Junta de Barcelona, Borràs ganaría tiempo. No solo porque tendría que esperar hasta que ese órgano fije fecha para debatir su situación, sino que tendría además una nueva instancia (la JEC) a la cual apelar en caso de ser despojada del escaño. El exdiputado de Unió y fundador de Demòcrates, Antoni Castellà, es el siguiente en la lista.
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