La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado este martes el archivo de uno de los siete procedimientos de investigación que abrió el pasado abril tras la denuncia presentada por el PP de Isabel Díaz Ayuso contra el Gobierno por supuestas irregularidades en contratos de emergencia adjudicados durante la pandemia. La investigación ahora archivada se refería a la concesión a la empresa Beedigital (antes denominada Páginas Amarillas Soluciones Digitales) de un concurso público, un aval y la acreditación como agente digitalizador del Programa Kit Digital. La denuncia, sustentada en recortes de prensa, apuntaba a la supuesta la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en las irregularidades, con el argumento de que su pareja trabajaba como director de marketing de esta compañía.
En el decreto de archivo, el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, concluye, tras recibir tres informes que encargó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a la Agencia Tributaria y a la Guardia Civil, que “no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada” y descarta que Calviño tuviera alguna “intervención directa ni indirecta” en estas adjudicaciones. Por todo ello, el Ministerio Público descarta la existencia de indicio alguno de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicas, los delitos que denunció el PP madrileño.
Aquella denuncia fue anunciada en marzo por la propia presidenta madrileña durante su intervención en un pleno de la Asamblea regional y en plena tormenta política por la compra de mascarillas por parte de la Comunidad de Madrid a una empresa de la que cobró su hermano. Esta operación era entonces investigada por Anticorrupción, aunque terminó archivándola tres meses después. Díaz Ayuso puso entonces el foco de la sospecha en 13 contratos de emergencia y 14 ayudas en forma de avales adjudicados por el Gobierno central durante la pandemia a siete empresas que vinculaba con familiares, allegados o conocidos de Sánchez, Calviño, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, y el antiguo responsable de Transportes, José Luis Ábalos.
Anticorrupción abrió las siete diligencias de investigación (una por cada empresa señalada) al considerar que los hechos de la denuncia revestían “especial trascendencia” y era necesario “confirmar o descartar” la posible existencia de delito, como había hecho en el caso de la denuncia contra el hermano de la presidenta madrileña o por la adjudicación de dos contratos de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño por un valor de casi 11 millones de euros en marzo de 2020. Esta última se sigue investigando en un juzgado de Madrid.
Seis meses después del inicio de estas siete pesquisas, Anticorrupción ha acordado el cierre de la referida a la empresa Beedigital en un decreto en el que detalla que la investigación no ha arrojado indicios “de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada”. El escrito de la Fiscalía detalla que, por ejemplo, en la adjudicación del contrato para la gestión de imagen y reputación en internet de la Seguridad Social, valorado en cerca de un millón de euros, no se produjo ninguna irregularidad y que lo único que han encontrado los expertos de la IGAE han sido “algún defecto formal”. La Fiscalía resalta que en la adjudicación del mismo prevaleció el criterio de la mejor oferta económica, tras descartar a otra empresa que no cumplía los requisitos legales.
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Sobre el supuesto papel de Calviño en este concurso, Anticorrupción descarta que tuviera lugar al constatar que la vicepresidenta no tenía una relación de superioridad respecto al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que era quien lo adjudicaba: “Ambos se hallan integrados en un órgano colegiado, como es el Consejo de Ministros sin que exista relación de subordinación del ministro de Seguridad Social respecto a Calviño”. También rechaza, como recogía la denuncia, que la mercantil incumpliera los requisitos para presentarse al concurso.
La Fiscalía también desecha cualquier participación de la número dos del Gobierno en la concesión de dos avales concedidos por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a la empresa Beedigital para conseguir sendos créditos bancarios de 500.000 y 750.000 euros “Con la información disponible tampoco se ha podido determinar participación alguna por parte de la vicepresidenta primera y ministra de Economía en dicho procedimiento, ni se han hallado vinculaciones entre los cargos públicos responsables de dicho organismo y la empresa avalada”, destaca el escrito. Anticorrupción concluye que, además, la compañía “cumplía los requisitos para obtener los mencionados avales”. Es el mismo argumento que expone para considerar que tampoco hubo anomalías en la consecución por parte de esta compañía de la acreditación como agente digitalizador, la tercera supuesta irregularidad denunciada por el PP de Díaz Ayuso.
