La Fiscalía ha presentado una denuncia en los juzgados de Cartagena por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), el organismo público que gestiona la actividad del puerto de esa ciudad, entre los años 2015 y 2021. Aunque el organismo depende de Puertos del Estado y es la administración central quien nombra a sus presidentes, lo hace a instancias del Gobierno de la comunidad autónoma. En la actualidad, está presidida por Yolanda Muñoz, que ya había ocupado diversos altos cargos en la administración regional de la mano del PP, entre ellos, los de directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo entre 2011 y 2015, secretaria general de la Consejería de Fomento entre 2015 y 2019 y secretaria general de la Consejería de Educación hasta finales de ese año, cuando pasó a ocupar la presidencia del puerto.
Las investigaciones de la Fiscalía se retrotraen hasta al menos el año 2015, por lo que afectarían también a su antecesor en el cargo, Antonio Sevilla, que también fue propuesto por el PP murciano y que antes de llegar a la Autoridad Portuaria fue consejero de Obras Públicas de la comunidad autónoma.
La actuación de la Fiscalía parte de una denuncia presentada en septiembre de 2021 por las delegaciones sindicales de Comisiones Obreras y UTG en el comité de empresa del puerto cartagenero. Según han confirmado a EL PAÍS fuentes de esos sindicatos, en su denuncia señalaban posibles irregularidades y tratos de favor a empresas en la adjudicación de contratos, entre los que destaca la licitación de la oficina de proyectos de digitalización SOPRA, por un importe cercano al millón de euros.
Los sindicatos apuntaban también a posibles irregularidades en la adquisición de ordenadores a través de contratos menores, la licitación de la organización de la Semana Cultural Vive Tu Puerto y otros contratos diversos relacionados con obras en infraestructuras. Asimismo, señalaban tratos de favor en la adjudicación de varios puestos de jefes de área y de otros empleos.
El comité de empresa denunció en su momento también supuestas coacciones sufridas por un ingeniero que había declinado firmar ciertos pliegos de condiciones y que fue sancionado por la Autoridad Portuaria.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación por esos hechos en noviembre de 2021 y se puso en marcha una amplia operación policial que motivó un despliegue de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) el pasado marzo de 2022 en las oficinas de la APC, en las que intervinieron numerosa documentación sobre las contrataciones. Además, los agentes tomaron declaración a funcionarios del puerto sobre los criterios que se habían seguido en la redacción de los pliegos de contratación de los contratos supuestamente amañados y para hacer las adjudicaciones.
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En base a esas investigaciones, la Fiscalía ve ahora indicios de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos y uso de información privilegiada y falsedad en documento público, por lo que ha remitido la denuncia a los juzgados de Cartagena para que sea el juez el que determine o no la instrucción del caso.
