Francisco Garduño guarda silencio. El máximo responsable del Instituto Nacional de Migración (Inami) mantiene un perfil bajo desde la muerte de 40 migrantes, hace dos semanas, en un incendio en un centro de detención de la dependencia, en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos. El instituto divulgó unas fotografías después del incendio, en las que Garduño visitaba a los heridos en los hospitales de Juárez. Repartió también unas palabras del director, en que se ponía a disposición de las autoridades. Poco más.
Criticado estos años por el trato que el instituto dedica a los migrantes, con persecuciones y encierros, su figura se achica, a la espera de movimientos en Palacio Nacional. Esta semana, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, recibió al sacerdote Alejandro Solalinde en Ciudad de México, un encuentro que ha dado que hablar por las declaraciones del religioso al salir de la reunión. Solalinde señaló la inminente desaparición del Inami y su sustitución por un nuevo organismo, la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y de Extranjería, en el que no participaría Garduño.
La reaparición del religioso en temas de política migratoria sorprendía, después de las críticas recibidas en los últimos años, por su postura ante la agresividad con que el Inami y la Guardia Nacional contenían a los migrantes. A principios de 2020, en plena crisis por la llegada continua de caravanas de personas desde Centroamérica, Solalinde, que durante años atendió un albergue para migrantes en Oaxaca, alimentó teorías conspirativas, señalando que había “mano negra” detrás de las caravanas, financiadas en lo oscuro, según él, con tal de desestabilizar al Gobierno.
A su salida de la reunión con López Obrador, el sacerdote dio detalles de los supuestos planes del mandatario. Dijo que las Fuerzas Armadas dejarán de estar a cargo de implementar la política migratoria del Ejecutivo. En estos años, el Ejército y, sobre todo, la Guardia Nacional, han puesto el músculo en las tareas de contención y detención de migrantes, organizadas por el Inami. Las imágenes de centenares de agentes encapsulando grupos de personas que trataban de salir del sur de México, rumbo al norte, han definido la relación del Estado con los migrantes.
Solalinde dijo también que la nueva coordinación sería transversal, con representantes de dependencias del Gobierno, como las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, además de la Guardia Nacional, así como personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación. Preguntado por la continuidad de Garduño, el religioso señaló que no había cabida para él en el nuevo organismo. “No me toca a mí decirlo, pero no se contempla la estructura del Inami, porque ya cumplió con su misión y con su ciclo”, dijo.
Las palabras del religioso abrían la puerta a que López Obrador matizara, detallara, concretara o profundizara en los planes del Gobierno en materia migratoria. Pero el mandatario ha evitado tocar el tema. Preguntado por Garduño antes de la reunión con Solalinde, solo dijo que había que aguardar los resultados de la investigación del incendio en Ciudad Juárez. Después no ha tocado el asunto del comisionado, pese a la presión de la oposición y la sociedad civil.
Hasta el momento, ningún funcionario ha dimitido por la tragedia de Ciudad Juárez. Igual que en el caso de la matanza de Nuevo Laredo, la muerte de cinco jóvenes desarmados a manos de militares en febrero, el Estado apunta a los escalones más bajos de la cadena de mando. En el caso de Nuevo Laredo, los investigadores señalan a los militares que dispararon, obviando a sus mandos o a los responsables de la estrategia de seguridad. En Juárez, la Fiscalía ha puesto en la mira a los agentes de migración y a los guardias de seguridad del centro de detención, además del migrante que supuestamente inició el fuego. Nadie más arriba.
La posible responsabilidad de la cadena de mando en la tragedia de Ciudad Juárez empieza a iluminarse, sin embargo, con el paso de los días. La semana pasada, la agencia AP informaba de que un abogado había denunciado al delegado del Inami en Chihuahua, un marino retirado, por ordenar a sus subordinados en Juárez, vía telefónica, que no abrieran la celda donde estaban los migrantes, pese al fuego. Esta semana, el medio digital Vice News informó de que los agentes a cargo del centro pedían 200 dólares a los migrantes por dejarlos en libertad.
Ambas publicaciones y los datos que ya se conocían -la redada previa al encierro, la discrecionalidad de las detenciones, la falta de alimentos y agua en la estación migratoria- dibujan responsabilidades que trascienden a los agentes y vigilantes de guardia. Además de mano dura, la llegada de Garduño al Inami, en pleno auge de tensiones con Estados Unidos, en 2019, se presentó como una escalada en el combate a la corrupción y las malas prácticas en la dependencia. Cuatro años más tarde, todos los problemas del instituto cristalizaron en una de las peores tragedias de los últimos años.
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