EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.
Fabio Valencia Vanegas (42 años, Vaupés), representante legal del territorio indígena Pará-Paraná de este mismo departamento, fue uno de los 12 líderes que, a principios de diciembre, visitaron el noveno piso del Palacio de Justicia de Colombia, en Bogotá, para reunirse con varios magistrados de la Corte Constitucional. Se encontraron allí en un ejercicio histórico, un ´diálogo intercultural´ como lo llamó la Corte, como respuesta a una acción de tutela que las comunidades del Macroterritorio de la Gente de Afinidad de Yuruparí, en la Amazonia colombiana, pusieron contra el Gobierno y varias de sus entidades, por fallar al proteger su territorio de la amenaza minera y la contaminación por mercurio. “Ancestralmente nosotros no tenemos el interés por las explotaciones”, asegura ahora Valencia en entrevista telefónica con América Futura, desde Mitú, capital de Vaupés.
El Macroterritorio de Yuruparí – con 3,5 millones de hectáreas, 63 pueblos indígenas, 34 lenguas y 5.973 habitantes – cobija a las comunidades que, según la cosmovisión e historia oral de los pueblos amazónicos de la zona, recibieron el conocimiento tradicional de los Jaguares de Yuruparí (Hee Yaia ~Kubua Baseri Keti Oka). Se trata de una manifestación que, en 2011, fue reconocida por la UNESCO como parte de la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Como cuenta Valencia, protegerla ha implicado que los indígenas tomen vías legales. Además de la tutela que llevó al diálogo intercultural, en junio manifestaron que las empresas que venden bonos de carbono han entrado al territorio a hacer sus proyectos de manera irregular, sin consultar a las comunidades.
Pregunta. ¿Qué es el Macroterritorio de Yuruparí?
Respuesta. ¿Por qué nosotros le decimos macroterritorio? Porque hay un primer territorio donde se ubican los siete pueblos indígenas que habitamos, políticamente hablando, el Pirá-Paraná. Desde la ancestralidad se asientan allí los makunas, itana, barasano, eduria, tatuyo, carapana y tuyuca. Ellos recibieron esos territorios desde el origen de la humanidad para que controlen, mantengan y transmitan el conocimiento de los Jaguares del Yuruparí. Son los portadores de su conocimiento y su espiritualidad. A partir de ahí se amplía, porque a lo largo y ancho del río Pirá, a su margen, viven otros pueblos que también son portadores del conocimiento de los Jaguares de Yuruparí. Si se identifican las rutas por las que pasaron nuestros ancestros, hay una afinidad en cómo proteger la vida, la biodiversidad, entre los pueblos.
P. ¿Y cuál es la disputa que hay con la minería en este territorio?
R. Desde la ancestralidad nosotros no tenemos el interés de las explotaciones o el interés de la minería. La minería, o los minerales, hacen parte de la vida y del cuerpo humano, tanto de la naturaleza como de la humanidad. Entonces nosotros no lo tocamos, ni lo extraemos. Porque aunque el otro mundo dice que es tan valioso, para nosotros no: es otra manera de valores de la vida. Acá es prohibido extraer y tocar ese tipo de explotación de minería. Pero hoy en día hay muchos intereses económicos. Intereses de algunas personas de la región en coordinación con otras personas que no son de la región, que empiezan a hacer solicitudes de minería, ya sean lo que llamamos ilegales o legales. Estos dos tipos de solicitudes, de intereses particulares, ambos, para nosotros, afectan el territorio. No solo porque usan mercurio para extraer minerales, que nos contamina, sino porque la minería, el oro, para nosotros hace parte de la vida, del cuerpo humano.
P. ¿Qué esperan que suceda con estos diálogos interculturales y con la tutela?
R. Ya se dio una primera reunión, una audiencia entre los pueblos indígenas mencionados y la Corte Constitucional, estuvimos allá. Lo próximo es la entrada de los magistrados al territorio, que ellos nos visiten. Eesa fecha aún no está programada. Y, bueno, lo que esperamos es que se nos respeten los derechos que estamos reclamando [al territorio, a la autodeterminación, a la vida, a la subsistencia, a la salud, a la soberanía alimentaria y a la integridad étnica, cultural y social]. Que los magistrados le ordenen a las instituciones del Gobierno colombiano a que cumplan.
P. ¿Cómo han sentido específicamente los impactos de la minería?
R. Hay estudios que han encontrado que los niveles de mercurio son más altos de lo que está permitido. Nos gustaría que estos estudios se sigan haciendo. Los niveles altos se han encontrado principalmente en los pescados, que son la vida, la nutrición y la alimentación diaria de nuestras comunidades. Los pueblos indígenas subsistimos a través de la comida, la carne y el pescado, y eso es lo que más se afecta: la pesca.
P. Otra lucha más reciente a la que se han enfrentado es contra las empresas de bonos de carbono que han llegado al macroterritorio. También elevaron una tutela sobre el caso en junio…
R. Sí. Y es algo parecido. Están llegando las empresas multinacionales para hacer proyectos de carbono, pero de manera unilateral. Como si fueran los dueños del territorio amazónico, empiezan a hacer proyectos sin consultas. Le ofrecen un pequeño porcentaje, un mínimo beneficio, solo a algunos pueblos y, a nombre de eso, se aprovechan de nosotros, de los demás. En eso sí no estamos de acuerdo. Otros no pueden ser los titulares de esos proyectos, cuando somos nosotros los que administramos el territorio. En eso la minería y los proyectos de carbono actúan igual: no nos consultan a las comunidades amazónicas.
P: ¿Qué esperan que suceda con esta tutela contra los proyectos de bonos de carbono?
R: De nuevo, que se nos reconozca nuestro territorio. Somos los dueños de lo que directamente conservamos, mantenemos la vida en estos territorios. Entonces también lo hemos manifestado ante la ley y no nos vamos a rendir ni a echar pa´atrás. También queremos que llegue el caso a la Corte Constitucional y que ordene que somos nosotros quienes debemos decidir cómo hacer las cosas. Elaborar nuestros proyectos para el beneficio del territorio, sin intermediarios. Es lo que estamos buscando, que sean nuestros programas los que sean fortalecidos, que la financiación sea directa y que sirva para desarrollar nuestros planes de vida.
P. ¿Qué significa para ustedes tener que apelar una vez más a la ley para proteger lo que ya está en la Constitución de Colombia?
R. Pues vemos una negligencia del Estado, porque es la que deja libre a las oenegés, a las empresas, para que hagan estos proyectos. Y lo que están haciendo es negociar un porcentaje mínimo con algunos pueblos para hacer sus proyectos, pero la parte grande, el beneficio grande, se lo llevan las empresas. Esa tutela se pone para eso: para que, igual que pasa con la minería, se tenga en cuenta nuestra realidad geográfica y cultural, que se reconozca nuestro sistema de conocimiento tradicional y nuestro propio gobierno.
